Ayer se publicó, en diversos medios de comunicación, la noticia relacionada con la aprobación, otorgada el pasado viernes 3 de febrero de 2017 por el Consejo Nacional de Concesiones, al consorcio internacional Amega, para que inicie la ejecución de su propuesta, referida a la realización de los estudios de factibilidad que permitan determinar la viabilidad de un mega puerto de transbordo en Moín.
Quizás pueda resultar extraño que, el mismo consorcio que ha promovido la aprobación de la realización de los estudios de factibilidad del proyecto, sea el encargado ejecutarlos, con la finalidad de determinar si existen las condiciones aptas para la eventual construcción y operación de la terminal portuaria.
Sin embargo, la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, en su artículo 20, permite expresamente dicha posibilidad; e incluso va más allá, pues, en caso de determinarse la viabilidad del proyecto de concesión, la empresa promotora también podrá participar en el proceso de licitación, bajo la condición de oferente, con la finalidad de adjudicarse la concesión.
Ahora bien, a pesar de estos incentivos determinados por la ley, también existe un serio riesgo empresarial para todo aquel promovente interesado en un proyecto específico; ya que, en caso de no resultar viable, la inversión realizada para sufragar los costos de los estudios, correrán por cuenta propia de quien impulsa el proyecto.
Todo ello es importante destacarlo, debido a que las concesiones de obra pública con servicios públicos han sido fuertemente criticadas, principalmente a partir de la entrada en vigencia de la mencionada ley, en el año 1998.
Desde entonces, varias obras han sido otorgadas en concesión a empresas privadas, con la finalidad de impulsar proyectos de infraestructura que hasta entonces eran, prácticamente, de imposible realización por parte del Estado.
No obstante, al remitirnos a las concesiones en ejecución, como la de la Ruta 27 (San José – Caldera) y la Terminal Granelera de Caldera; o bien, a la que está en proceso de construcción, que es el caso de la Terminal de Contenedores de Moín, se puede apreciar que la figura de la concesión se convierte en factor fundamental que ofrece el ordenamiento jurídico, para promover y ejecutar las mejoras que tanto se requieren en materia de infraestructura, aunado a convertirse en una fuente de empleo, tanto directos como indirectos, en algunas regiones del país, que tanto requieren la creación de oportunidades de empleo.
Lo anterior, evidentemente, deviene de la mayor importancia, pues al disponer de una mejor infraestructura en el país, aumentará la inversión extranjera directa y aumentará ostensiblemente el nivel de competitividad de Costa Rica a nivel mundial; lo que, incuestionablemente, también incidirá en la calidad de vida de los habitantes.
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