Costa Rica dio un paso relevante en la regulación de la economía digital con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la Ley N.° 23.184, "Gobernanza de los Servicios Digitales y el Comercio Electrónico", la primera normativa integral del país que regula los servicios digitales, el comercio electrónico y la responsabilidad de los intermediarios en línea. De acuerdo con el contenido de la propia ley, esta coloca al país como pionero en esta materia dentro de Centroamérica.
No obstante, la normativa aún no es exigible. La ley establece un período de 12 meses entre su publicación y su entrada en vigor, tiempo durante el cual el Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento de ejecución correspondiente. Aunque las nuevas obligaciones todavía no aplican, el plazo para que las empresas comiencen su proceso de adecuación ya inició.
Índice
Una regulación que alcanza a buena parte del comercio digital
El cumplimiento deja de limitarse a documentos
Comerciantes e intermediarios tendrán obligaciones distintas
La transparencia pasa a ser un requisito operativo
Un año para prepararse
Una regulación que alcanza a buena parte del comercio digital
La nueva legislación no está dirigida únicamente a grandes plataformas tecnológicas. También alcanza a empresas que comercializan bienes o servicios mediante canales digitales.
Según el texto de la ley, sus disposiciones aplican a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios digitales o desarrollen actividades de comercio electrónico dirigidas al mercado costarricense, incluso cuando se trate de proveedores internacionales sin domicilio en Costa Rica.
En la práctica, esto incluye negocios que operan tiendas en línea, venden mediante redes sociales, ofrecen suscripciones digitales, cobran electrónicamente o mantienen una relación comercial con sus clientes a través de plataformas digitales.
El cumplimiento deja de limitarse a documentos
Uno de los principales cambios que introduce la normativa es que el cumplimiento legal deja de concentrarse únicamente en contratos o políticas escritas.
La ley orienta a las empresas a revisar la forma en que funcionan sus procesos digitales, incluyendo la interacción con los usuarios, la presentación de la información, los mecanismos de consentimiento y el diseño de las interfaces utilizadas durante la experiencia de compra o contratación.
En términos generales, ello implica revisar que exista coherencia entre lo que la empresa comunica, lo que muestra al usuario y lo que efectivamente ocurre durante la prestación del servicio.
Comerciantes e intermediarios tendrán obligaciones distintas
La nueva regulación diferencia dos figuras que hasta ahora no se encontraban claramente separadas en el marco jurídico costarricense.
Por un lado, se encuentran los comerciantes, quienes venden bienes o prestan servicios directamente al consumidor. Por otro, los intermediarios, como plataformas digitales, marketplaces o servicios que conectan comerciantes con consumidores.
La distinción tiene consecuencias prácticas. Mientras los comerciantes mantienen obligaciones reforzadas de protección al consumidor, los intermediarios podrán beneficiarse de ciertas limitaciones de responsabilidad únicamente si cumplen con estándares específicos de diligencia establecidos por la ley.
La transparencia pasa a ser un requisito operativo
La normativa incorpora la transparencia como uno de sus ejes centrales.
Entre otros aspectos, busca que los usuarios puedan identificar con claridad cuándo se encuentran frente a publicidad, quién financia ese contenido y por qué se les presenta determinada información o anuncio.
Asimismo, la ley establece reglas relacionadas con la información que debe proporcionarse durante las transacciones electrónicas, la identificación del comerciante, la presentación del precio total, los mecanismos de confirmación de compra y la emisión de comprobantes electrónicos.
Un año para prepararse
Aunque la ley todavía no produce efectos obligatorios, el período previo a su entrada en vigor constituye una ventana para que las empresas revisen sus operaciones digitales.
La adecuación puede involucrar la revisión de procesos de interacción con los usuarios, condiciones del servicio, canales digitales, políticas de transparencia y otros aspectos relacionados con la forma en que se desarrollan las operaciones de comercio electrónico.
Durante ese plazo también deberá emitirse el reglamento que desarrollará la aplicación práctica de la nueva legislación.
Si desea estar al tanto de esta y otras noticias del acontecer costarricense relacionadas al Derecho administrativo puede seguirnos en nuestras redes sociales como Officium Legal. También puede suscribirse a nuestro Newsletter para recibir nuestras últimas noticias y artículos.
Lic. Juan Carlos Castro
Officium Legal
