La municipalidad de San José gastó 1.905 millones de colones en 2024 mediante procedimientos de excepción a la Ley General de Contratación Pública. Esta cifra alarmante ha captado nuestra atención después de que la Contraloría General de la República (CGR) revelara serias irregularidades en estos procesos de contratación.
Al analizar la municipalidad de San José, la consulta realizada por la CGR encontró omisiones documentales significativas en los 52 expedientes revisados. De hecho, faltaba el archivo de decisión inicial en el 58% de los casos, el estudio de mercado en el 83% y criterios de evaluación diferentes al precio en el 90% de las contrataciones. Además, durante 2023 y 2024, la municipalidad realizó 1.270 procedimientos por excepción, adjudicando un total de 3.921,17 millones de colones.
En este artículo, examinaremos a fondo cómo la municipalidad utilizó las excepciones para adjudicar contratos, destacando que la "reparación indeterminada" fue la más común con 343 contrataciones por 622 millones de colones, seguida por "proveedor único" con 248 casos por 336 millones. Asimismo, analizaremos los hallazgos detallados de la auditoría y las recomendaciones propuestas para corregir estas irregularidades que afectan el uso adecuado de los recursos públicos.
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El uso de contrataciones por excepción en San José
Las contrataciones por excepción constituyen mecanismos especiales que permiten a las instituciones públicas adquirir bienes y servicios sin someterse a los procedimientos ordinarios de licitación. Según la Contraloría General de la República (CGR), estas excepciones representan "una herramienta para responder a necesidades que por sus particularidades el proceso de licitación no resulta ser el más apto para atender el interés público".
Durante 2024, la Municipalidad de San José ejecutó 734 contrataciones mediante este mecanismo, asignando un total de 1.905 millones de colones. Estas adquisiciones se realizaron utilizando seis de las diez excepciones contempladas en la Ley General de Contratación Pública (LGCP).
De acuerdo con los datos analizados, la excepción más utilizada fue la "reparación indeterminada", aplicada en 343 casos por un monto de 622 millones de colones. Le sigue la categoría de "proveedor único" con 248 contrataciones que sumaron 336 millones.
La Ley General de Contratación Pública establece claramente que para utilizar estas excepciones se deben cumplir requisitos específicos. El artículo 4 de esta ley señala que es necesario "contar con la decisión inicial dictada por el jerarca de la institución, acreditar la procedencia de utilizar la excepción respectiva y realizar un sondeo o estudio de mercado".
Sin embargo, la CGR detectó importantes vulnerabilidades en estos procedimientos. Para realizar su informe, los auditores examinaron una muestra de 52 expedientes, que representan el 38% (729 millones de colones) del monto total adjudicado.
La auditoría concluyó que estas compras "carecen de una gestión de planificación estratégica integral", además de presentar "importantes debilidades en el proceso de planificación y de acreditación de requisitos para el uso de contrataciones por excepción en el sistema digital unificado".
Estas deficiencias generan un riesgo significativo, afectando principios fundamentales como la publicidad, transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas, esenciales para la correcta administración de los recursos públicos.
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Principales hallazgos de la auditoría de la CGR
Tras analizar 52 expedientes de contrataciones por excepción, la Contraloría General de la República (CGR) identificó graves deficiencias en la gestión municipal de San José. El informe reveló una "omisión generalizada de sustento documental" en aspectos cruciales del sistema digital unificado.
La auditoría detectó que los expedientes carecían de elementos esenciales:
- El 92% no elaboró un cronograma con tareas y unidades responsables
- El 85% no tenía actas de recepción provisional y definitiva
- El 83% carecía de sondeo o estudio de mercado
- El 77% no indicaba la vigencia ni posibles prórrogas
- El 58% no presentaba el documento de "Decisión inicial"
Además, se evidenciaron incumplimientos específicos según el tipo de excepción utilizada. En los 22 expedientes de "reparaciones indeterminadas", ninguno acreditó el criterio técnico detallado ni la razonabilidad del precio, a pesar de existir una regulación interna que lo exige.
Por otra parte, la CGR cuestionó que en 6 casos el plazo entre la apertura y cierre de ofertas transcurrió entre 19 y 24 horas, un periodo que, aunque no esté explícitamente regulado, resulta insuficiente para garantizar transparencia en el proceso.
El informe señala que estas deficiencias reflejan "carencia de una cultura orientada a ejecutar los procesos de contratación por excepción con la rigurosidad debida". Un ejemplo alarmante identificado en 10 expedientes de reparaciones y proveedor único presenta justificaciones genéricas como que "la Municipalidad cuenta con el taller para la reparación de equipo y el personal especializado", explicación claramente insuficiente para validar el uso de excepciones.
Sin embargo, el problema de fondo es más estructural. A casi tres años de la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, la municipalidad aún no ha actualizado sus documentos guía, manteniendo como base el marco regulatorio anterior. Incluso el nuevo reglamento para adquisiciones sigue sin aprobación, aunque fue remitido al Concejo Municipal desde septiembre de 2024.
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Recomendaciones y acciones exigidas por la Contraloría
Ante las irregularidades detectadas, la Contraloría General de la República ha establecido plazos estrictos para que la Municipalidad de San José corrija las deficiencias en sus procesos de contratación por excepción.
Como primera medida, la CGR dispuso que el alcalde debe "definir, divulgar e implementar acciones que promuevan una cultura institucional, orientada a asegurar el uso justificado, planificado y en concordancia con los objetivos institucionales, de las contrataciones bajo los procedimientos de excepción". Esta disposición deberá cumplirse a más tardar el 31 de octubre de 2025, con un primer informe de avance para marzo de 2026.
En segundo lugar, se exige la actualización de toda la normativa interna municipal, incluyendo el Reglamento para la Adquisición y Recepción de Bienes, Servicios y Obra Pública, el Manual de Instrucciones de Trabajo y el documento "Proceso de adquisición, almacenamiento y entrega de bienes y servicios". Estas actualizaciones deben ajustarse a la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, con fechas límite escalonadas hasta mayo de 2026.
Además, el informe ordenó implementar acciones que aseguren el cumplimiento del artículo 16 de la LGCP, que establece la obligatoriedad del "uso integral y actualizado del sistema digital unificado en todas las etapas de los procedimientos de contratación pública". Para esta disposición, se fijaron dos plazos: agosto y octubre de 2025.
Por otra parte, la CGR también emitió una disposición directa al Concejo Municipal, obligándolo a resolver sobre la normativa remitida por la administración en un plazo máximo de un mes después de recibirla.
Estas medidas buscan garantizar que los procesos excepcionales de contratación cumplan con principios fundamentales como la publicidad, transparencia y rendición de cuentas, establecidos en los artículos 6, 10, 16 y 19 de la Ley General de Contratación Pública.
Conclusión
Al considerar la evidencia presentada, resulta evidente que la Municipalidad de San José ha manejado de manera cuestionable 1.905 millones de colones a través de contrataciones por excepción. Durante nuestra investigación, encontramos que estas prácticas carecen de los controles básicos necesarios para garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos.
Las irregularidades documentadas por la CGR no son simples errores administrativos. Específicamente, la falta de estudios de mercado en el 83% de los casos y la ausencia de decisión inicial en el 58% de los expedientes refleja un patrón sistemático de incumplimiento. Estas deficiencias, lejos de ser casuales, sugieren una cultura institucional donde las excepciones se han convertido paradójicamente en la regla.
Los ciudadanos josefinos merecen, sin duda alguna, mayor transparencia sobre cómo se gastan sus impuestos. La municipalidad debe actuar rápidamente para implementar las recomendaciones de la CGR antes de octubre de 2025. De lo contrario, estas prácticas continuarán socavando la confianza pública en la gestión municipal.
Finalmente, este caso nos recuerda que la vigilancia ciudadana es fundamental para asegurar que los recursos públicos se utilicen correctamente. A pesar de contar con leyes claras como la LGCP, su efectividad depende de una implementación rigurosa y de instituciones comprometidas con la rendición de cuentas. La pregunta ahora es si la administración municipal tendrá la voluntad política para corregir estas irregularidades o si las excepciones seguirán siendo la norma en San José.
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