Recientemente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo significativo en relación con una propuesta legislativa enfocada en la vida útil de los autobuses. Tras una revisión exhaustiva, la Sala ha concluido que el proyecto de ley no presenta irregularidades sustanciales ni de procedimiento.
Este proyecto, identificado como ley 23.782 "Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios", busca añadir una disposición transitoria a la legislación actual para permitir una extensión de un año, por única vez, en la vida operativa de los autobuses.
La decisión, documentada en la resolución 2023-030483, asegura que la medida no vulnera los derechos de las personas con discapacidad, manteniendo una aplicación neutral y sin impacto diferencial en sus derechos.
Además, se enfatiza que la inclusión del Transitorio 25 no busca reducir los estándares de la Ley 7600, relacionada con los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por el contrario, la medida busca equilibrar la extensión temporal de la vida útil de los autobuses con una mayor rigurosidad en las inspecciones técnicas vehiculares.
Finalmente, los jueces han determinado que esta extensión no representa una violación significativa a la Ley N° 7600 ni a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que se establece un plazo fijo e inalterable, en línea con los compromisos internacionales.
Esta decisión marca un paso importante en la regulación del transporte público, equilibrando la necesidad de mantener estándares de calidad con las demandas operativas del sector.
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