Silencio positivo en contratación pública

¿Qué es el silencio positivo?

El "silencio positivo" es un concepto relevante en el ámbito de la contratación pública en Costa Rica. Se refiere a una situación en la cual, si una entidad gubernamental no emite una respuesta dentro de un plazo determinado a una solicitud o trámite presentado por un particular, y la normativa establece que el silencio se entenderá como una aprobación o autorización tácita de la solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos legales. En otras palabras, cuando la administración no responde en el tiempo estipulado, se presume que ha dado su consentimiento a lo solicitado.

Este principio del silencio positivo no solo tiene un impacto importante en el proceso de contratación pública, sino que también refleja un compromiso claro de la Administración con la celeridad y la responsabilidad en el trámite de las solicitudes presentadas por los contratistas.

Es importante destacar que el "silencio positivo" no se aplica en todos los casos, sino solo cuando la legislación lo establece expresamente. Por ejemplo, en materia de contratación pública (Contratacion Administrativa), esto está contemplado en el artículo 12 de la Ley General de Contratación Pública y el numeral 23 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública: "El silencio de la Administración se entenderá como aceptación de la petición, cuando se trate de una autorización admisible en derecho y se haya cumplido con todos los requisitos".

Obligación de Atención y Cumplimiento

Cualquier gestión presentada por un contratista que sea necesaria para la ejecución adecuada de un contrato debe ser atendida y resuelta por la Administración en un plazo específico, garantizando de esta manera la continuidad de la ejecución contractual. En este sentido, los plazos establecidos para la atención de las solicitudes son precisos: diez días hábiles para las gestiones cruciales y treinta días hábiles para las demás peticiones. La no observancia de estos plazos conlleva responsabilidad administrativa para el funcionario incumpliente.

Además, la Administración no solo debe atender las solicitudes de los contratistas, sino que también está obligada a cumplir con todos los compromisos adquiridos válidamente en la contratación pública. Esto incluye la entrega oportuna de los insumos necesarios para la ejecución del contrato, en caso de que así se haya estipulado en el pliego de condiciones o en el contrato mismo. En caso de omisión, la Administración tiene la responsabilidad de poner a disposición del contratista dichos insumos dentro de un plazo de diez días hábiles.

Mecanismo ágil y de eficiencia

El silencio positivo se erige como un mecanismo de agilización y garantía de eficiencia en la contratación pública costarricense. Sin embargo, es importante subrayar que esta presunción de concesión por parte de la Administración está condicionada a que la solicitud cumpla con los requisitos legales y sea admisible en derecho. De esta manera, se busca equilibrar la celeridad con la legalidad en el proceso de contratación pública en Costa Rica.

Ejemplo hipotético

Para ilustrar el funcionamiento del silencio positivo, consideremos un ejemplo hipotético. El Instituto Nacional de Electricidad de Costa Rica celebra un contrato con la empresa "Tormenta S.A." para la construcción y operación de una planta de energía solar. El contrato incluye cláusulas detalladas que establecen los precios y condiciones económicas para la construcción y operación de la planta durante un período de 10 años.

Unos años después de la firma del contrato, ocurren variaciones significativas en el costo de los materiales solares y las tarifas eléctricas en el mercado, lo que afecta la viabilidad económica del proyecto para "Tormenta S.A." La empresa decide solicitar al INE un reajuste de precios para compensar estos cambios inesperados que están afectando sus costos operativos y rentabilidad.

La solicitud de reajuste de precios presentada por "Tormenta S.A." incluye un análisis detallado de las variaciones de costos y una petición para que el INE ajuste los precios del contrato de acuerdo con la fórmula previamente acordada en el contrato, que se basa en índices oficiales de precios y costos proporcionados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica.

El INE revisa la solicitud y determina que las variaciones de costos presentadas por la empresa son legítimas y que cumplen con los requisitos establecidos en el contrato y la ley de contratación pública. Sin embargo, el INE no emite una respuesta formal a la solicitud de reajuste de precios dentro del plazo especificado en el contrato, que es de 30 días.

De acuerdo con la legislación de contratación pública en Costa Rica, cuando la entidad contratante no responde a una solicitud de reajuste de precios dentro del plazo establecido en el contrato, se aplica el silencio positivo. En este caso, dado que el INE no emitió una respuesta dentro del plazo de 30 días, se considera que la solicitud de reajuste de precios presentada por "Tormenta S.A." ha sido aceptada.

Como resultado, el INE está obligado a ajustar los precios del contrato de acuerdo con la fórmula de reajuste previamente acordada. Esto permitirá a "Tormenta S.A." mantener el equilibrio económico del contrato y recibir una compensación adecuada por las variaciones de costos que han afectado su rentabilidad.

Impacto en la Contratación Pública en el país

A continuación, se detallan seis aspectos que demuestran el impacto del silencio positivo en la contratación pública de Costa Rica:

1. Protección de los derechos de los proveedores: El silencio positivo busca proteger los derechos de los proveedores o contratistas que han presentado solicitudes o propuestas a la administración pública. Les brinda seguridad y certeza jurídica al establecer que, si la administración no emite una respuesta dentro de los plazos establecidos, se considerará que la solicitud ha sido aprobada.
2. Eficiencia en la gestión administrativa: Al establecer plazos para que la administración emita respuestas a las solicitudes de los proveedores, el silencio positivo fomenta la eficiencia en la gestión pública. Obliga a las entidades gubernamentales a cumplir con los plazos y a tomar decisiones de manera oportuna.
3. Garantía de igualdad y equidad: El silencio positivo contribuye a garantizar la igualdad y equidad entre los proveedores que participan en procesos de contratación pública. Asegura que todos los proveedores sean tratados de manera justa y que sus solicitudes reciban una respuesta, ya sea afirmativa o negativa.
4. Reducción de la incertidumbre: Para los proveedores, el silencio positivo reduce la incertidumbre en torno a sus solicitudes. Saben que, si no reciben una respuesta en el plazo establecido, se les otorgará automáticamente lo que solicitaron, lo que puede facilitar la planificación financiera y operativa de sus negocios.
5. Fomento de la transparencia: Al establecer plazos y reglas claras para la respuesta de la administración, el silencio positivo contribuye a fomentar la transparencia en los procesos de contratación pública. Los proveedores pueden confiar en que sus solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios establecidos.
6. Facilitación de la resolución de disputas: El silencio positivo puede prevenir o reducir disputas entre los proveedores y la administración pública. Si los proveedores consideran que tienen derecho a una respuesta afirmativa y no la reciben, pueden recurrir a este mecanismo para obtener la aprobación implícita de sus solicitudes.

Redactado por Licda. Carolina Castro Vindas