En una histórica decisión, las autoridades costarricenses están contemplando una enmienda constitucional que permitiría la extradición de nacionales involucrados en delitos graves como el narcotráfico internacional y el terrorismo. Esta propuesta de cambio al artículo 32 de la Carta Magna ha desatado un acalorado debate en torno a su viabilidad jurídica y su potencial impacto en la lucha contra el crimen organizado.
Índice
Antecedentes y contexto actual
Posturas divergentes entre magistrados
Consideraciones de derechos humanos
Derechos humanos y extradición
Debate público y participación ciudadana
Impacto en la imagen internacional
Actualmente, la Constitución Política de Costa Rica prohíbe taxativamente la extradición de sus ciudadanos, estableciendo que "ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional". Sin embargo, esta cláusula, concebida en 1949, ha sido objeto de crecientes cuestionamientos en un mundo globalizado donde los grupos delictivos transnacionales representan una amenaza cada vez mayor.
En respuesta a esta realidad, el gobierno ha presentado una iniciativa legislativa que busca agregar una excepción al artículo 32, permitiendo la extradición de costarricenses en casos específicos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, siempre que hayan sido condenadas por un tribunal de la República y conforme a la Constitución y las leyes vigentes.
Esta propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político del país. Mientras algunos expertos respaldan la reforma como una herramienta esencial para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho, otros la consideran una limitación inaceptable de los derechos fundamentales de los ciudadanos costarricenses.
El abogado constitucionalista Rubén Hernández ha sido uno de los principales detractores de la iniciativa, argumentando que la Asamblea Legislativa carece de competencia para aprobar una reforma de tal magnitud. Según Hernández, la prohibición de extradición forma parte del núcleo duro de derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución, por lo que su modificación requeriría la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Por otro lado, el también constitucionalista Fernando Zamora ha respaldado la vía legislativa, sosteniendo que la extradición de nacionales no constituye un derecho humano absoluto y, por lo tanto, puede ser objeto de una reforma parcial de la Carta Magna.
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En medio de este acalorado debate, la Corte Plena del Poder Judicial ha emitido un pronunciamiento clave sobre el impacto de la reforma propuesta en el funcionamiento del sistema judicial costarricense, sin haber llegado a abordar el tema fundamental, sea la posibilidad de reformar la constitución vía reforma parcial
A cargo de la revisión del proyecto de ley estuvo el magistrado Gerardo Alfaro Vargas, integrante de la Sala de Casación Penal. En su exposición, Alfaro señaló que la reforma no implicaría la creación de nuevos órganos judiciales ni una carga de trabajo significativamente mayor para los tribunales existentes.
Según el magistrado, los trámites de extradición no representarían una carga superior a la que conllevaría el procesamiento y enjuiciamiento de los mismos casos en territorio nacional. Además, Alfaro indicó que la Corte Plena no debía entrar en la discusión sobre la viabilidad jurídica de la reforma, ya que esa es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, las opiniones de los magistrados sobre la pertinencia de la reforma fueron divergentes. Mientras algunos respaldaron la iniciativa como una herramienta positiva para actualizar y fortalecer el sistema judicial, otros expresaron reservas sobre su constitucionalidad.
El magistrado William Serrano Baby, por ejemplo, afirmó que la reforma no solo no afecta al Poder Judicial, sino que "vendría a reforzarlo, actualizarlo y a mejorar un instrumento como es la extradición para que tenga un efecto positivo en la sociedad costarricense". En una línea similar, el magistrado Fernando Lara Gamboa calificó la reforma como "muy acertada y muy positiva para el país".
Por el contrario, el magistrado Hubert Fernández Argüello cuestionó la capacidad de los diputados para efectuar el cambio propuesto, argumentando que la prohibición de extradición forma parte de los derechos y garantías fundamentales que rigen en el país, y que su modificación constituiría una reducción de estas garantías que no puede hacerse mediante una reforma parcial.
En el mismo sentido lo precisó el Dr. Juan Carlos Castro Loría: “La reforma parcial al artículo 32 de la Constitución Política es inaceptable, ya que toca el núcleo duro de nuestra Constitución, que solo puede modificarse mediante una reforma integral. Es muy cuestionable la capacidad de los diputados para efectuar el cambio propuesto, pues la prohibición de extradición es parte de los derechos y garantías fundamentales del país. Su modificación constituiría una reducción inaceptable de estas garantías mediante una reforma parcial. Además, el argumento de que la reforma servirá como elemento disuasivo es infundado; en la práctica, la actividad criminal no ha disminuido en los países donde se implementa la extradición.
Otro aspecto clave del debate en torno a la extradición de costarricenses es su impacto potencial en los derechos humanos y las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Los detractores de la reforma, como el magistrado Hubert Fernández Argüello, han advertido que la extradición de nacionales constituiría una reducción de las garantías que actualmente prevé la Carta Magna para los ciudadanos costarricenses. Según Fernández, esta limitación de derechos fundamentales no puede realizarse mediante una reforma parcial, sino que requeriría la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Por otro lado, los defensores de la reforma han argumentado que la prohibición de extradición no constituye un derecho humano absoluto. El abogado Fernando Zamora ha señalado que, en el voto 9685 del año 2000, la Sala Constitucional aclaró que la no extradición de nacionales no es un concepto jurídico absoluto, y que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos solo prohíbe la expulsión, que es un concepto distinto de la extradición.
Pese a ello, el experto Juan Carlos Castro Loría precisó lo contrario, afirmando que: “La Asamblea Legislativa carece de competencia para realizar una reforma parcial que afecte los derechos fundamentales y las decisiones políticas esenciales, según el procedimiento establecido en el artículo 195 de la Constitución Política. Este procedimiento solo permite cambios parciales que no alteren el núcleo esencial de la Constitución, como lo confirman los votos números 2771-2003, 2006-14632 y 6118-2013. La prohibición de extradición es una garantía fundamental que protege los derechos de los ciudadanos, y su modificación requiere una reforma integral. Alterar esta garantía mediante una reforma parcial sería una violación de los principios constitucionales y una reducción inaceptable de los derechos que rigen en nuestro país.”
Desde esta perspectiva, la reforma constitucional propuesta no implicaría una violación de derechos humanos, sino una adecuación del marco legal costarricense a los estándares internacionales en materia de cooperación judicial y lucha contra el crimen organizado.
El intenso debate generado por la propuesta ha puesto de manifiesto la importancia de fomentar una amplia participación ciudadana en torno a temas de tal trascendencia nacional. Organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos han alzado su voz para expresar sus perspectivas y preocupaciones sobre el impacto de la reforma.
Este proceso de deliberación pública es esencial para asegurar que la decisión final refleje los valores y principios fundamentales de la sociedad costarricense, y que se alcance un equilibrio adecuado entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos y garantías constitucionales.
Al mismo tiempo, la reforma constitucional ha exacerbado las divisiones políticas existentes en Costa Rica. Mientras el gobierno ha impulsado la iniciativa como una prioridad de su agenda de seguridad, la oposición ha expresado profundas reservas sobre su viabilidad jurídica y su impacto en los derechos fundamentales.
Esta polarización política podría dificultar el consenso necesario para avanzar con la reforma, ya sea mediante la vía legislativa o a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
Finalmente, la decisión que se tome en torno a la extradición de costarricenses tendrá implicaciones para la imagen internacional del país. Costa Rica ha sido tradicionalmente reconocida por su sólido Estado de derecho y su compromiso con los derechos humanos y la democracia.
Si la reforma es aprobada, será crucial asegurar que se implementa de manera transparente y con pleno respeto a los estándares internacionales en materia de debido proceso y garantías fundamentales. De lo contrario, podría dañar la reputación de Costa Rica como un bastión de estabilidad y legalidad en la región.
La propuesta de reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses involucrados en delitos graves como el narcotráfico y el terrorismo ha desatado un intenso debate en Costa Rica. Mientras algunos la ven como una herramienta necesaria para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho, otros la consideran una limitación inaceptable de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Más allá de las posturas encontradas, es evidente que la decisión final tendrá profundas implicaciones jurídicas, políticas y sociales para el país. El desafío será encontrar un equilibrio adecuado entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos y garantías constitucionales, mediante un proceso transparente y participativo que involucre a todos los sectores de la sociedad costarricense.
Independientemente del camino que se tome, ya sea a través de una reforma parcial o de una Asamblea Nacional Constituyente, será crucial asegurar que el marco legal resultante esté en armonía con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y cooperación judicial, preservando así la sólida reputación de Costa Rica como un Estado de derecho comprometido con la legalidad y la democracia.