Ministerio de Hacienda: Obligaciones de inicio de año 2026

¿Sabía que el Ministerio de Hacienda cambió completamente la forma de presentar declaraciones informativas a partir de enero de 2026? El sistema que conocíamos sufrió una transformación radical, pasando de un esquema anual a uno mensual.

A partir de enero de 2026, la declaración informativa D-151 se convirtió en un trámite mensual y cambió al formulario D-270. Sin duda, este cambio implementado por el Ministerio de Hacienda requerirá una adaptación significativa en nuestros procesos contables y administrativos.

En este artículo analizaremos detalladamente estos cambios, las fechas límite críticas que debemos cumplir en los primeros meses de 2026, así como las posibles sanciones por incumplimiento, que pueden alcanzar el 2% de los ingresos brutos, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de 100 salarios base. Conocer estas nuevas obligaciones es fundamental para evitar problemas con Tribu-CR y mantener nuestras empresas al día con sus responsabilidades fiscales.

Cambios clave en declaraciones informativas para 2026

El cambio más profundo en las declaraciones informativas es la transformación del formulario D-151 al nuevo D-270. Este reemplazo no solo implica un cambio de codificación, sino también de periodicidad, pasando de un esquema anual a uno mensual. Esto significa que, a partir de febrero 2026, los contribuyentes deberán presentar esta información dentro de los primeros 10 días naturales del mes siguiente al reportado.

Asimismo, el antiguo formulario D-152 se convertirá en la nueva D-299. Otro ajuste importante es la creación de la Declaración Informativa de Precios de Transferencia mediante el formulario D-273. Esta obligación aplica a tres grupos específicos: grandes contribuyentes nacionales, empresas en régimen de Zona Franca, y contribuyentes con operaciones vinculadas que superen mil salarios base en el año. Esta declaración debe presentarse dentro de los tres meses posteriores al cierre fiscal, estableciendo como fecha límite para el período 2025 el 30 de junio de 2026.

Todas estas modificaciones forman parte del inicio de operaciones del sistema TRIBU-CR, que reemplaza definitivamente al ATV como plataforma central tributaria. El Ministerio de Hacienda busca con estos cambios facilitar el cumplimiento, pero requiere familiarizarse con nuevos procesos y formularios.

Fechas límite importantes en enero y marzo de 2026

Enero y marzo de 2026 representan meses críticos para los contribuyentes costarricenses debido a la concentración de importantes vencimientos fiscales.

Primeramente, el 10 de enero de 2026 venció el plazo para presentar la última declaración anual D-151 (ahora D-270) correspondiente al período 2025. Recordemos que previamente, el 31 de diciembre de 2025, habrá vencido el plazo para presentar el formulario D-299 con el resumen consolidado de retenciones practicadas entre enero y agosto de 2025.

Posteriormente, el 15 de marzo de 2026 vence el plazo para la presentación anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mientras que el 30 de marzo es la fecha límite para el pago del Timbre de Educación y Cultura. Es importante tener en cuenta que omitir la presentación del ISR conlleva una sanción equivalente al 50% de un salario base, mientras que el incumplimiento del pago del Timbre genera una multa del 1% por cada mes de atraso.

Asimismo, el 31 de marzo de 2026 marca un hito significativo en la historia tributaria costarricense, pues vence el plazo para presentar la Declaración Informativa de Precios de Transferencia correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Esta obligación afecta a grandes contribuyentes nacionales, empresas en régimen de Zona Franca y contribuyentes con operaciones vinculadas que superen ciertos umbrales.

Finalmente, cabe destacar que el 30 de junio de 2026 es la fecha máxima para presentar la declaración del período fiscal 2025, creando una situación excepcional con dos obligaciones informativas en un mismo año calendario.

Sanciones por incumplimiento y errores en las declaraciones

El incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva importantes consecuencias económicas. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece sanciones específicas que todo contribuyente debe conocer.

No presentar las declaraciones informativas dentro del plazo establecido acarrea una multa equivalente al 2% de los ingresos brutos del período anterior, con un mínimo de tres salarios base (₡1.386.600) y un máximo de cien salarios base (₡46.220.000). Además, cuando la información presentada contiene errores, se aplica una sanción del 1% del salario base (₡4.622) por cada registro incorrecto.

Asimismo, la omisión de declaraciones tributarias de inscripción o modificación de datos se sanciona con medio salario base por cada mes, mientras que no presentar declaraciones autoliquidativas conlleva una multa de medio salario base (₡231.100).

Por otra parte, el pago tardío de impuestos genera una sanción del 1% sobre la suma no pagada a tiempo por cada mes, hasta un máximo del 20%. Si la Administración Tributaria realiza una fiscalización, la sanción podría oscilar entre el 50% y el 150% del impuesto pendiente.

Sin embargo, existen mecanismos para reducir estas sanciones. Si el contribuyente subsana voluntariamente su incumplimiento, la sanción se rebajará en un 75%, y si además autoliquida y paga en ese momento, la reducción será del 80%.

Conclusión

El sistema tributario costarricense experimentó una transformación sin precedentes a partir de 2026. Ciertamente, los cambios que implementó el Ministerio de Hacienda requieren nuestra atención inmediata para evitar sanciones costosas. La transición del formulario D-151 al D-270 no representa un simple cambio de nombre, sino una modificación estructural que nos obliga a pasar de declaraciones anuales a mensuales.

Debemos tener presente que las fechas críticas comenzaron el 10 de enero de 2026 con la última declaración anual D-151, mientras que marzo concentra varios vencimientos fundamentales como el Impuesto Sobre la Renta y el Timbre de Educación y Cultura. Las empresas afectadas por la Declaración Informativa de Precios de Transferencia enfrentan adicionalmente fechas límite excepcionales este año.

Las consecuencias financieras por incumplimiento resultan considerables, especialmente si consideramos las multas que pueden alcanzar el 2% de los ingresos brutos. Afortunadamente, el sistema ofrece reducción de sanciones para quienes subsanen voluntariamente sus errores, con rebajas de hasta el 80%.

Estos cambios, aunque inicialmente complejos, buscan modernizar la relación entre contribuyentes y administración tributaria. Nuestra adaptación temprana a TRIBU-CR y la familiarización con estos nuevos procesos nos permitirá evitar problemas futuros. La preparación anticipada, la actualización constante y la revisión de nuestros procesos administrativos constituyen nuestras mejores herramientas ante esta nueva realidad fiscal que comenzará en 2026.

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