El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) es una obligación legal impuesta a las personas jurídicas y otras estructuras organizativas en Costa Rica, con el propósito de identificar y registrar a las personas físicas que, de manera directa o indirecta, ejercen el control o se benefician de las actividades de dichas entidades. Esta regulación se enmarca en los esfuerzos nacionales e internacionales para fortalecer la transparencia fiscal y combatir delitos financieros como el fraude fiscal, la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El RTBF es administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y otras entidades reguladoras. Su implementación responde a los compromisos adquiridos por Costa Rica con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el contexto de medidas para evitar la elusión y la evasión fiscal.
Están obligados a presentar la declaración del RTBF todas las entidades con personalidad jurídica que operen en Costa Rica. Específicamente, se incluyen:
Es importante destacar que, si bien algunas estructuras jurídicas no tienen fines lucrativos, igualmente deben cumplir con esta obligación si se consideran susceptibles de ser utilizadas como mecanismos de ocultamiento de identidad o patrimonio.
La declaración RTBF debe presentarse anualmente dentro del mes de abril. Esto garantiza la actualización periódica de la información y permite a las autoridades mantener un control efectivo sobre las estructuras empresariales activas en el país.
Las entidades de nueva constitución deben presentar la declaración en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de su inscripción o asignación de cédula jurídica. Esto garantiza que, desde su creación, las entidades cumplan con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
El incumplimiento en la presentación de la declaración RTBF acarrea sanciones significativas que buscan garantizar el cumplimiento de la normativa. Estas sanciones incluyen:
El cumplimiento de la declaración RTBF no solo es una obligación legal, sino que también representa una medida crucial para fortalecer la transparencia en el sector corporativo costarricense. La información recopilada a través de este registro permite a las autoridades fiscales y financieras prevenir prácticas ilícitas y asegurar un entorno de negocios más seguro y confiable.
Dado que el incumplimiento puede acarrear sanciones severas, es recomendable que las entidades obligadas mantengan un control riguroso sobre su estructura societaria y cumplan con la declaración en los plazos establecidos. Además, se recomienda contar con asesoría legal y tributaria especializada para garantizar que la información reportada sea precisa y cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Si desea conocer más acerca del Derecho tributario puede seguirnos en nuestras redes sociales como Officium Legal. También puede suscribirse a nuestro Newsletter para recibir nuestras últimas noticias de primera mano.