Introducción
El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) es una obligación legal impuesta a las personas jurídicas y otras estructuras organizativas en Costa Rica, con el propósito de identificar y registrar a las personas físicas que, de manera directa o indirecta, ejercen el control o se benefician de las actividades de dichas entidades. Esta regulación se enmarca en los esfuerzos nacionales e internacionales para fortalecer la transparencia fiscal y combatir delitos financieros como el fraude fiscal, la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El RTBF es administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en coordinación con el Ministerio de Hacienda y otras entidades reguladoras. Su implementación responde a los compromisos adquiridos por Costa Rica con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el contexto de medidas para evitar la elusión y la evasión fiscal.
Sujetos Obligados a la Presentación de la Declaración RTBF
Están obligados a presentar la declaración del RTBF todas las entidades con personalidad jurídica que operen en Costa Rica. Específicamente, se incluyen:
1. Personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional
- Sociedades Anónimas (S.A.)
- Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
- Sociedades en Comandita
- Sociedades en Nombre Colectivo
- Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL)
- Sociedades Civiles y Sociedades Profesionales
- Sociedades extranjeras con cédula jurídica costarricense
2. Otras estructuras jurídicas obligadas
- Fideicomisos privados, incluyendo aquellos extranjeros que operen en Costa Rica y tengan asignada una cédula jurídica nacional.
- Administradores de recursos de terceros, tales como fondos de inversión y otros esquemas financieros.
- Organizaciones sin fines de lucro, cuando se determine que pueden representar un riesgo en materia de prevención del lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Es importante destacar que, si bien algunas estructuras jurídicas no tienen fines lucrativos, igualmente deben cumplir con esta obligación si se consideran susceptibles de ser utilizadas como mecanismos de ocultamiento de identidad o patrimonio.
Plazos para la Presentación de la Declaración
1. Declaración Ordinaria
La declaración RTBF debe presentarse anualmente dentro del mes de abril. Esto garantiza la actualización periódica de la información y permite a las autoridades mantener un control efectivo sobre las estructuras empresariales activas en el país.
2. Declaración de Nuevas Personas Jurídicas
Las entidades de nueva constitución deben presentar la declaración en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de su inscripción o asignación de cédula jurídica. Esto garantiza que, desde su creación, las entidades cumplan con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Consecuencias por el Incumplimiento de la Declaración
El incumplimiento en la presentación de la declaración RTBF acarrea sanciones significativas que buscan garantizar el cumplimiento de la normativa. Estas sanciones incluyen:
1. Sanciones Económicas
- Se impone una multa equivalente al 2% de los ingresos brutos de la persona jurídica en el período fiscal anterior.
- La sanción no podrá ser menor a tres salarios base ni superar los cien salarios base.
2. Restricciones en el Registro Nacional
- Se puede suspender la emisión de certificaciones y otros trámites registrales.
- Se impide la inscripción de documentos para las entidades incumplidoras, lo que afecta su capacidad de operar legalmente en el país.
El cumplimiento de la declaración RTBF no solo es una obligación legal, sino que también representa una medida crucial para fortalecer la transparencia en el sector corporativo costarricense. La información recopilada a través de este registro permite a las autoridades fiscales y financieras prevenir prácticas ilícitas y asegurar un entorno de negocios más seguro y confiable.
Dado que el incumplimiento puede acarrear sanciones severas, es recomendable que las entidades obligadas mantengan un control riguroso sobre su estructura societaria y cumplan con la declaración en los plazos establecidos. Además, se recomienda contar con asesoría legal y tributaria especializada para garantizar que la información reportada sea precisa y cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
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