Para miles de familias costarricenses, abrir el tubo y recibir agua todos los días supone confiar en que detrás del servicio existe un sistema capaz de verificar su calidad, anticipar problemas de abastecimiento y proteger las fuentes que lo hacen posible.
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) pone esa confianza bajo una nueva perspectiva.
El órgano contralor examinó 42 Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) y concluyó que existen debilidades que comprometen la seguridad hídrica del servicio brindado a aproximadamente 78.898 personas. La auditoría abarcó información comprendida entre enero de 2024 y junio de 2026.
El problema trasciende la administración interna de los acueductos. Cuando no se conoce con precisión cuánto recurso está disponible, no se realizan oportunamente los controles de calidad o las fuentes carecen de suficiente protección, quienes quedan expuestos son los habitantes que dependen diariamente de esos sistemas.
Índice
El agua puede llegar al hogar, pero eso no resuelve toda la pregunta
Otro riesgo silencioso: no saber si mañana habrá suficiente agua
El problema no termina en las ASADAS
El derecho al agua también exige prevención
¿Qué significa esto para las personas?
Uno de los principales hallazgos permite dimensionar el problema desde la perspectiva de los usuarios.
Durante 2025, 32 de las 42 ASADAS fiscalizadas no realizaron los análisis físico-químicos y microbiológicos previstos para determinar la calidad del agua. La Contraloría también identificó incumplimientos en la frecuencia de los controles y análisis requeridos por la normativa aplicable.
Esto no significa que pueda afirmarse que toda el agua suministrada por esas organizaciones esté contaminada. Esa conclusión no se desprende de la auditoría.
La preocupación es distinta: si los controles necesarios no se realizan, disminuye la capacidad institucional para comprobar oportunamente que el agua cumple las condiciones exigidas y detectar problemas antes de que afecten a las personas.
Los datos muestran, además, que entre las ASADAS que sí efectuaron análisis también aparecieron incumplimientos. Según la información divulgada sobre la auditoría, un 40,48% de las examinadas que realizaron pruebas incumplió al menos un parámetro esperado en 2024; para 2025 la proporción fue del 33,33%.
Desde la perspectiva ciudadana, por tanto, la discusión no debería reducirse a si hoy sale o no agua del tubo. También importa saber qué controles existen para acreditar su calidad y qué ocurre cuando esos controles fallan.
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La seguridad hídrica tampoco depende únicamente de la potabilidad.
Una comunidad puede disponer actualmente del servicio y, aun así, enfrentar dificultades futuras si el operador desconoce cuánto producen sus fuentes, cuánto consume la población y cuánto recurso se pierde antes de llegar a los usuarios.
La Contraloría determinó que 22 de las 42 ASADAS examinadas carecían de balance hídrico. Entre las 20 que sí disponían de ese instrumento, siete presentaban una producción insuficiente para cubrir la demanda actual y futura considerada en el análisis.
El balance hídrico permite precisamente contrastar la disponibilidad del recurso con la demanda y las pérdidas del sistema.
Para una familia, esta puede parecer una discusión eminentemente técnica. Sus consecuencias, sin embargo, son muy concretas.
Un sistema que desconoce con suficiente precisión su capacidad enfrenta mayores dificultades para anticipar crecimiento poblacional, épocas de menor disponibilidad, nuevas conexiones, pérdidas de agua o necesidades de inversión.
La ausencia de información convierte la planificación del agua en una gestión más reactiva: el problema puede hacerse evidente cuando el servicio ya está bajo presión.
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Existe otro elemento relevante desde el derecho público: las ASADAS administran un servicio delegado, pero el Estado no desaparece de la ecuación.
Costa Rica contaba en 2025 con 1.089 ASADAS bajo convenio con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), responsables de abastecer aproximadamente al 21% de la población nacional. El AyA mantiene funciones de rectoría técnica, supervisión, vigilancia, capacitación y asistencia respecto de estas organizaciones.
Precisamente por ello, la auditoría no se limita a cuestionar el desempeño de las organizaciones comunales.
La Contraloría determinó también deficiencias en la capacidad del AyA para ejercer eficazmente sus responsabilidades sobre el servicio delegado. Entre los datos reportados figura que el Instituto no había evaluado mediante su instrumento correspondiente a 26 de las 42 ASADAS fiscalizadas durante el período considerado.
También existe una cuestión de capacidad institucional.
De acuerdo con los datos recogidos por la auditoría, las oficinas regionales responsables de atender los acueductos comunales disponían de 15 profesionales en ingeniería y 16 personas en funciones técnicas para atender las 1.089 ASADAS. La carga promedio equivalía a aproximadamente 82 asociaciones por profesional de ingeniería y 68 por técnico.
Así, el debate deja de ser exclusivamente comunal y adquiere una dimensión nacional: ¿qué tan efectivo es el sistema público diseñado para garantizar que la delegación de un servicio esencial venga acompañada de supervisión, información y capacidad técnica suficientes?
El informe de la Contraloría fue publicado el 6 de agosto de 2026 bajo el número DFOE-SOS-IAD-00004-2026, denominado Seguridad hídrica del servicio de agua potable prestado por las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales. El registro oficial de la CGR señala, además, que el informe fue recurrido por representantes de ARESEP y del AyA.
Esto último es importante para comprender correctamente el estado del asunto: existen actuaciones posteriores sobre el informe y, por ello, sus consecuencias administrativas deberán seguirse conforme avance el procedimiento correspondiente.
Sin embargo, los hallazgos colocan sobre la mesa una discusión que va mucho más allá de las cifras.
El acceso al agua potable supone continuidad, calidad y una gestión capaz de proteger el recurso. Para los usuarios, esperar hasta que ocurra una contaminación, un faltante grave o una interrupción prolongada no debería ser la única forma de advertir que algo estaba funcionando mal.
La prevención importa precisamente porque el agua es un servicio esencial.
Quienes reciben agua de una ASADA pueden exigir transparencia sobre las condiciones bajo las cuales se presta el servicio y prestar especial atención a información relacionada con análisis de calidad, disponibilidad del recurso, mantenimiento de infraestructura, protección de fuentes y actuaciones de las instituciones públicas competentes.
Una deficiencia administrativa puede parecer distante hasta que se convierte en una afectación concreta: interrupciones frecuentes, dudas sobre la calidad del agua, imposibilidad de obtener una nueva conexión o deterioro de las fuentes de abastecimiento.
Y cuando una persona considera que una autoridad pública, un prestador o una organización encargada de un servicio público no está atendiendo adecuadamente una situación que afecta sus derechos o intereses legítimos, existen mecanismos administrativos y, dependiendo del caso, judiciales para procurar información, exigir respuestas y cuestionar actuaciones u omisiones.
Este tipo de situaciones demuestra por qué el derecho público tiene una incidencia directa en la vida cotidiana de los costarricenses.
La prestación de servicios esenciales involucra competencias públicas, deberes de fiscalización, procedimientos administrativos y responsabilidades que no desaparecen por el hecho de que parte de la gestión haya sido delegada a organizaciones comunales.
En Officium Legal, la protección de los intereses de los costarricenses parte del análisis jurídico de las actuaciones de la Administración y de los mecanismos que el ordenamiento pone a disposición de las personas para defender sus derechos e intereses legítimos.
Ante posibles deficiencias relacionadas con servicios públicos, el primer paso debe ser determinar qué institución tiene la competencia, cuáles obligaciones jurídicas resultan aplicables y qué vía corresponde utilizar en cada caso. No todas las irregularidades generan automáticamente responsabilidad ni todas deben reclamarse mediante el mismo procedimiento.
El informe de la Contraloría deja así una advertencia que trasciende a las 42 ASADAS fiscalizadas: administrar agua potable no consiste únicamente en conseguir que llegue a los hogares. También exige medir, prevenir, controlar, proteger las fuentes y rendir cuentas.
Porque detrás de cada indicador de seguridad hídrica existe algo mucho más importante que una estadística: personas que necesitan tener certeza de que el agua que reciben hoy es segura y de que seguirá estando disponible mañana.
¿Enfrenta una situación relacionada con un servicio público?
Cuando existen dudas sobre la actuación de una ASADA, una institución pública o la prestación de un servicio esencial, el Derecho administrativo ofrece mecanismos para solicitar información, exigir respuestas y cuestionar actuaciones u omisiones de la Administración cuando corresponda.
En Officium Legal analizamos cada caso para determinar qué autoridad tiene la competencia, cuáles obligaciones jurídicas resultan aplicables y qué vía administrativa o judicial puede utilizarse para proteger sus derechos e intereses legítimos.
Consúltenos y conozca cómo el Derecho Administrativo puede ayudarle a defender sus derechos frente a la Administración Pública.