El artículo 16 de la LGCP de nuestro país establece la obligatoriedad del uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para toda la actividad contractual que emplee fondos públicos, con el objetivo de modernizar y transparentar las compras públicas. Este sistema digital unificado debe ser "de acceso fácil, intuitivo y no discriminatorio”. Sin embargo, se han planteado críticas en cuanto a la usabilidad de la plataforma, argumentando que la información está dispersa, desordenada y que, en ocasiones, presenta errores en los plazos para interponer recursos, lo cual compromete el cumplimiento del artículo 16 de la LGCP.
Uno de los principales problemas que se señalan es la dificultad para navegar por la plataforma y encontrar la información necesaria de manera eficiente. Esto puede generar frustración y afectar la participación en los procesos de contratación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que podrían no tener la experiencia o los recursos para sortear estas dificultades, lo que lleva a un problema de discriminación.
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Se subraya en el informe N.° DFOE-FIP-IAD-00003-2024 de la Contraloría General de la República sobre el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) varios errores en la información sobre los plazos para interponer recursos. En primer lugar, se encontraron errores de digitación en los procedimientos, con montos de contratación erróneos e inconsistencias en los plazos, debido a limitaciones del sistema. Además, la falta de definición sobre qué información es obligatoria en SICOP permite que falten datos esenciales, incluyendo aquellos relacionados con los plazos para recurrir. El sistema también carece de controles adecuados para rectificar errores materiales o aritméticos en las distintas etapas del proceso de contratación, lo que afecta la precisión de los datos, incluyendo los plazos. Finalmente, se detectaron más de 4.700 solicitudes de aclaraciones al cartel en estado "Sin tramitar" o "En trámite", lo que refleja problemas en el seguimiento y gestión de los plazos.
Otro problema que se ha identificado es la presencia de inconsistencias en los datos de adjudicaciones del SICOP, incluyendo errores en la digitación en los montos y la duplicación de registros. Estos errores pueden llevar a conclusiones erróneas en el análisis de la información y afectar la toma de decisiones, poniendo en duda la confiabilidad de los datos disponibles en la plataforma.
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El mismo informe citado reveló otros problemas críticos que afectan su operatividad y confiabilidad. En primer lugar, se detectaron errores significativos en la calidad de la información, con registros que incluyen montos desproporcionados, equivalentes al 14,8% del PIB, debido a la ausencia de controles de validación adecuados, lo que compromete la claridad y fiabilidad de los datos. En segundo lugar, se evidenció la falta de un plan formal de continuidad del sistema, incluyendo la ausencia de protocolos para recuperación ante desastres y continuidad operativa, exponiendo al SICOP a fallas graves sin mecanismos para mitigar el impacto. En tercer lugar, los controles de seguridad y monitoreo son insuficientes, ya que no se realizan evaluaciones de riesgos ni pruebas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. En cuarto lugar, la gestión de usuarios es deficiente, con más de 355 cuentas asociadas a personas fallecidas y 30,000 usuarios inactivos, aumentando el riesgo de accesos indebidos. Finalmente, el acceso a la información es limitado, ya que los datos no están disponibles en formatos abiertos, restringiendo la transparencia y el control ciudadano. Estas deficiencias demandan atención inmediata para garantizar un sistema seguro y eficiente.
Es importante destacar que, si bien SICOP ha contribuido a la modernización de las compras públicas en Costa Rica, las críticas sobre su usabilidad son válidas y deben ser atendidas. La falta de accesibilidad de la plataforma puede tener implicaciones legales, ya que compromete el cumplimiento del artículo 16 de la LGCP, que establece que la utilización de cualquier otro medio para la promoción de procedimientos de contratación acarrea su nulidad absoluta.
Para mejorar la usabilidad de SICOP, se han propuesto diversas alternativas, como la simplificación de la interfaz, la mejora en la organización de la información, la incorporación de un buscador de contratos y órdenes de pedido, el fortalecimiento de la sección de datos abiertos, la inclusión de módulos con información de subcontrataciones, la implementación de los estándares de la Open Contracting Partnership (OCP), la capacitación a usuarios y la consulta con usuarios.
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En conclusión, es fundamental que las autoridades responsables de SICOP implementen las medidas necesarias para mejorar la usabilidad de la plataforma, garantizando que sea "fácil, intuitiva y no discriminatoria", tal como lo exige la LGCP. Un sistema de contratación pública transparente, eficiente y accesible fortalece el estado de derecho, promueve la participación ciudadana y fomenta el desarrollo económico.
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