La compra pública estratégica representa una transformación fundamental en cómo el Estado costarricense adquiere bienes y servicios. Según datos recientes, la contratación pública alcanzó aproximadamente el 6,5% del PIB en 2021, lo que demuestra su enorme potencial como herramienta para impulsar políticas públicas.
Entendemos que la compra publica estrategica busca ir más allá del simple ahorro económico. La Ley 9986 establece que toda actividad contractual con fondos públicos debe desarrollarse bajo este enfoque, incorporando criterios ambientales, sociales, económicos y de innovación en los procedimientos de compra para generar valor público y contribuir al desarrollo sostenible. No se trata solo de gastar, sino también de hacerlo con propósito.
En este artículo, exploraremos qué es exactamente la CPE, cómo se implementa según la legislación costarricense, y por qué resulta crucial para fomentar el desarrollo social equitativo, proteger el ambiente y promover la innovación. Además, analizaremos cómo este enfoque beneficia especialmente a las PYMES, considerando que la administración puede asignar hasta un 25% para criterios de compra pública estratégica, incluyendo un máximo del 10% para fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas.
Índice
En el ámbito de la administración pública, el concepto de compra estratégica representa un cambio paradigmático en la gestión de fondos estatales. Analicemos a fondo qué implica este enfoque renovador en Costa Rica.
El artículo 20 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) establece claramente que "las contrataciones públicas servirán a la consolidación de políticas públicas tendientes al desarrollo social equitativo nacional y local, a la promoción económica de sectores vulnerables, a la protección ambiental y al fomento de la innovación". Este mandato legal reconoce explícitamente el carácter instrumental de la contratación para el progreso económico y social del país.
La definición no se limita a una declaración de intenciones, sino que asigna responsabilidades concretas. Específicamente, corresponde a la Autoridad de Contratación Pública (ACP) definir la política pública mediante planes de acción e indicadores de medición que aseguren dicho desarrollo.
El Reglamento a la LGCP, en su artículo 46, detalla los cuatro objetivos fundamentales de la compra pública estratégica:
La compra pública estratégica se distingue de la contratación tradicional principalmente en su propósito y alcance. Mientras que el enfoque convencional prioriza la eficiencia económica y el menor precio, la CPE integra el principio de "valor por el dinero" en una perspectiva más amplia.
Este principio, establecido en el artículo 8 de la LGCP, sostiene que toda contratación debe orientarse a maximizar el valor de los recursos públicos invertidos. Sin embargo, la CPE va más allá al considerar no solo resultados económicos inmediatos, sino también el impacto social y ambiental a largo plazo.
Otra diferencia fundamental radica en la incorporación sistemática de criterios estratégicos en los pliegos de condiciones. El Reglamento establece que las administraciones pueden asignar hasta un 25% de la valoración total a criterios ambientales, sociales, económicos y de innovación.
Además, la CPE exige verificación y seguimiento rigurosos. Según el artículo 59 del Reglamento, "la Administración deberá disponer de mecanismos de verificación, seguimiento y fiscalización para los criterios de contratación estratégica incorporados en el pliego de condiciones".
La relevancia de este enfoque estratégico se evidencia en cifras concretas sobre el poder adquisitivo del Estado. A nivel internacional, la contratación pública representa el 12,9% del PIB en países de la OCDE y el 27,8% del gasto de la administración pública.
En Costa Rica específicamente, para el año 2019, el sector público presupuestó 5.651.966 millones de colones en compras públicas, equivalente a un 15,1% del PIB nacional. Más recientemente, al cierre de diciembre de 2023, el gasto en bienes y servicios alcanzó los 335.317,48 millones de colones.
Con tal nivel de inversión, la compra pública estratégica constituye una potente herramienta para modificar patrones de oferta y demanda en el mercado nacional. Esta capacidad transformadora adquiere especial relevancia ante compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con los cuales Costa Rica se ha comprometido.
Particularmente, la CPE representa una oportunidad excepcional para fomentar patrones de consumo y producción sostenibles desde perspectivas sociales, ambientales y económicas. Al aprovechar el poder adquisitivo estatal, este enfoque puede impulsar cambios significativos en el comportamiento empresarial y establecer estándares más elevados de conducta corporativa responsable.
Lea también: ¿Cómo ofertar correctamente en SICOP?
Los objetivos de la Compra Pública Estratégica trascienden la mera adquisición de bienes y servicios, convirtiéndola en un instrumento poderoso para impulsar cambios sociales y económicos significativos. El artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública establece claramente cuatro pilares fundamentales que guían este enfoque innovador.
La protección ambiental constituye uno de los objetivos centrales de la CPE, promoviendo criterios que consideran el ciclo de vida completo de bienes, servicios y obras. Este enfoque integral busca minimizar la huella ecológica de las contrataciones estatales mediante la incorporación de elementos como:
Esta visión sostenible tiene un impacto directo en la transformación del mercado nacional. La implementación efectiva de estos criterios contribuye significativamente a los patrones de producción y consumo más responsables, aportando a la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la conservación de recursos naturales.
De hecho, en América Latina, las compras públicas representan un poder adquisitivo que oscila entre el 15% y el 20% de los presupuestos nacionales. Con tal nivel de inversión, las decisiones de compra estatales pueden modificar considerablemente las dinámicas de oferta y demanda, creando incentivos reales para prácticas empresariales más sostenibles.
Otro beneficio fundamental de la CPE es su capacidad para estimular la innovación desde dos perspectivas complementarias: la administración contratante y los proveedores. El artículo 46 establece claramente el objetivo de fomentar "procedimientos que permitan la obtención de bienes, obras y servicios, procesos, mercadotecnia o de organización empresarial de carácter innovador bajo criterios de sostenibilidad".
Los criterios de innovación para las CPE pueden clasificarse en categorías específicas de impacto:
Asimismo, la incorporación sistemática de estos criterios mejora significativamente los procesos internos de las entidades públicas. Al pensar en términos de problemas y soluciones innovadoras, las instituciones cuestionan constantemente sus métodos y desarrollan una cultura organizacional orientada a la mejora continua.
El desarrollo social equitativo constituye un pilar esencial de la CPE, particularmente a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La normativa establece mecanismos concretos para facilitar la participación de las PYMES en la contratación pública, incluyendo un puntaje adicional de hasta un 10% en la calificación de ofertas para aquellas provenientes de la región que se pretende desarrollar.
La Autoridad de Contratación Pública, en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, define estrategias e indicadores en el Plan Nacional de Compra Pública para promover el desarrollo regional, la innovación, la inclusión y la sostenibilidad a través de las PYMES.
Por otra parte, la CPE busca activamente la promoción económica de sectores vulnerables mediante consideraciones sociales en materia de género, discapacidad, orientación sexual, y minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. Este enfoque inclusivo no solo contribuye a la equidad, sino que también fortalece el tejido económico nacional al diversificar la base de proveedores.
Según el Plan Nacional de Compra Pública, la integración de las PYMES en los procesos de adquisición estatal fomenta la competitividad, genera empleo para sectores vulnerables, promueve prácticas sostenibles y aumenta la adopción de procesos innovadores. Efectivamente, este enfoque posiciona a la contratación pública como un facilitador hacia un desarrollo nacional más integral, equilibrado y justo.
También le podría interesar: SICOP: ¿Cómo puedo vender mis servicios al Estado costarricense?
La implementación efectiva de la compra pública estratégica requiere criterios claros y medibles que guíen todo el proceso de contratación. La Ley General de Contratación Pública establece que las entidades contratantes deben incorporar consideraciones estratégicas en los pliegos de condiciones, siempre atendiendo a las particularidades del objeto contractual.
Los criterios sociales buscan promover el desarrollo equitativo y la inclusión de sectores vulnerables. Estos se orientan hacia certificaciones que demuestran buenas prácticas más allá de las obligaciones legales. Entre las categorías más relevantes encontramos:
Para verificar estos criterios, la Administración puede solicitar reconocimientos específicos como el Sello INAMU o certificaciones de responsabilidad social como INTE/ISO 26000 o el Sistema de Gestión de Ética y Responsabilidad Social SGE 21.
En cuanto a los aspectos ambientales, se busca reducir los impactos negativos generados por el objeto contractual a lo largo de todo su ciclo de vida. Estos criterios normalmente se orientan hacia certificaciones ambientales o especificaciones técnicas que demuestran excelencia ambiental.
La definición de criterios ambientales debe considerar etiquetas ambientales tipo I y III, que garantizan una comunicación veraz y confiable mediante evaluación por una tercera parte independiente. Asimismo, se pueden incorporar elementos como protección del aire, gestión de residuos, eficiencia energética y protección de la biodiversidad.
El fomento de las PYMES constituye un eje central de los criterios económicos. Su integración en las compras públicas fortalece el desarrollo económico del país, fomenta la competitividad y genera empleo. La Administración puede verificar la condición PYME mediante el Sello PYME, oficializado en el decreto 38254-MEIC.
Además, se pueden incluir criterios de evaluación o seguimiento sobre responsabilidad social empresarial, siempre que estas actividades sean adicionales a las establecidas en la legislación vigente, como la adhesión al Pacto Mundial o informes de sostenibilidad bajo estándares GRI o SASB.
Los criterios de innovación evalúan el grado de diferenciación tecnológica, metodológica y operativa del objeto contractual. Estos se clasifican principalmente en dos categorías:
Para definir estos criterios, la Administración puede consultar hallazgos de investigación de mercado, normas nacionales relacionadas con el fomento de la innovación o instrumentos de planificación nacional e institucional. Idealmente, deben participar responsables de gestión de innovación institucional o expertos del MICITT o la Promotora de Innovación e Investigación.
También puede leer: ¿Necesita ayuda con SICOP? Preguntas frecuentes
La aplicación práctica de la compra pública estratégica (CPE) se desarrolla a través de cuatro etapas fundamentales que transforman el proceso tradicional de adquisiciones del Estado.
El enfoque estratégico comienza con la planificación, donde debemos formularnos tres preguntas esenciales: ¿qué necesito satisfacer?, ¿para qué lo necesito? y ¿para cuándo lo necesito? Estas interrogantes permiten alinear las contrataciones con los objetivos institucionales y garantizar que respondan a resultados concretos de política pública.
Durante esta fase, es crucial realizar un estudio de mercado exhaustivo que identifique las particularidades del objeto contractual. Este estudio constituye la base para determinar qué criterios estratégicos (ambientales, sociales, económicos o de innovación) son aplicables al caso específico.
Al elaborar los pliegos, debemos incorporar criterios de compra pública estratégica de forma objetiva y verificable. Según el artículo 55 del Reglamento a la LGCP, la Administración tiene discrecionalidad para definir el porcentaje que otorgará a cada criterio, siempre que no supere el 25% del total de la valoración.
En SICOP, estos criterios se consignan en el formulario electrónico, específicamente en la sección "A. Criterios sostenibles", donde debe indicarse claramente el porcentaje asignado a cada uno.
Durante esta etapa, aplicamos el sistema de evaluación predefinido, verificando el cumplimiento de los criterios estratégicos mediante:
Si bien se permiten declaraciones del fabricante y declaraciones juradas, es preferible solicitar evidencias emitidas por terceros competentes, basándose en el Sistema Nacional de Calidad.
La administración debe implementar mecanismos de verificación, seguimiento y fiscalización de los criterios estratégicos incorporados al pliego. Esta fase es decisiva para garantizar que los beneficios esperados de la CPE se materialicen efectivamente.
Asimismo, es fundamental establecer un sistema de monitoreo que permita medir el impacto real de las contrataciones en términos de inclusión social, innovación y sostenibilidad, preferiblemente articulado con el Sistema Nacional de Planificación.
Le invitamos a leer: Procedimiento sancionatorio por colusiones en Contratación Pública
Para facilitar la adopción de la compra pública estratégica, el Ministerio de Hacienda ha desarrollado un conjunto integral de recursos diseñados específicamente para guiar a las instituciones públicas en este proceso.
El Manual de Implementación de las Compras Públicas Estratégicas constituye el documento base que orienta el análisis y la toma de decisiones para realizar compras más responsables. Este instrumento fue elaborado conjuntamente entre varios ministerios, incluyendo el Ministerio de Hacienda, con el apoyo del proyecto EcoAdvance implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Öko Institut.
Como complemento al manual principal, se han desarrollado tres guías temáticas especializadas:
La caja de herramientas recopila, integra y facilita la consulta de información durante todo el procedimiento de compras públicas. Incluye tres elementos fundamentales:
Conclusión
La Compra Pública Estratégica representa, sin duda, un cambio paradigmático en la gestión de los recursos públicos costarricenses. Este enfoque renovador trasciende la visión tradicional centrada únicamente en criterios económicos para abrazar una perspectiva más integral que considera aspectos ambientales, sociales y de innovación. A lo largo de este artículo, hemos explorado cómo la Ley 9986 ha establecido un marco normativo sólido que permite utilizar el poder adquisitivo del Estado como herramienta de transformación social y económica.
El potencial de la CPE resulta innegable cuando consideramos que la contratación pública representa aproximadamente el 6,5% del PIB nacional. Consecuentemente, la aplicación estratégica de estos fondos puede generar impactos significativos en múltiples sectores. Las PYMES, por ejemplo, se benefician directamente de este enfoque mediante la asignación de hasta un 10% adicional en la calificación de ofertas, fomentando así el desarrollo regional y la generación de empleo.
Aunque implementar la CPE puede parecer complejo inicialmente, las herramientas y guías desarrolladas por el Ministerio de Hacienda facilitan considerablemente este proceso. El Manual de Implementación, las guías especializadas y la Matriz de Evaluación de Criterios Estratégicos proporcionan recursos valiosos para las instituciones públicas que desean realizar compras más responsables y alineadas con objetivos de desarrollo sostenible.
Finalmente, debemos recordar que la contratación pública estratégica no se trata simplemente de cumplir requisitos legales, sino de aprovechar el enorme potencial transformador del Estado como comprador. Al incorporar criterios estratégicos en cada etapa del proceso de contratación, desde la planificación hasta el seguimiento, Costa Rica avanza hacia un modelo de desarrollo más equitativo, sostenible e innovador que beneficia tanto a las generaciones presentes como a las futuras.
Si desea conocer más acerca de la Contratación Pública puede seguirnos en nuestras redes sociales como Officium Legal. También puede suscribirse a nuestro Newsletter para recibir nuestras últimas noticias y artículos de primera mano.