El mencionado análisis puso en evidencia una serie de deficiencias, entre las que cabe destacar las siguientes:
Estas deficiencias apuntan a un incumplimiento por parte del AyA de sus responsabilidades como ente rector del agua, al no garantizar de manera efectiva el acceso universal, equitativo y sostenible al agua potable y saneamiento. La institución podría enfrentar cuestionamientos legales y políticos, así como una pérdida de confianza pública, si no toma medidas contundentes para corregir estas fallas estructurales en su gestión.
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La ineficacia e ineficiencia en la gestión de proyectos, lleva a una atención insuficiente de las necesidades de la población. Además, se señala una falta de priorización de las comunidades más vulnerables en las inversiones de agua y saneamiento, lo que podría interpretarse como un incumplimiento del principio de equidad en el acceso al agua.
Los retrasos y sobrecostos en los proyectos indican problemas en la planificación, ejecución y control de los mismos. Las debilidades en la gobernanza y gestión de riesgos sugieren la ausencia de un enfoque sistemático y de criterios claros para la selección y priorización de proyectos. Por último, se mencionan preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera debido a tarifas que no reflejan los costos reales de inversión.
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Estas deficiencias podrían comprometer la responsabilidad administrativa del AyA, ya que los funcionarios públicos son responsables por el uso indebido o por deficiencias de control interno que deberían haberse superado de manera razonable y oportuna. Además, la autorización o realización de compromisos o erogaciones sin contenido económico suficiente y debidamente presupuestado, así como la realización de egresos innecesarios, exagerados o superfluos, podrían implicar responsabilidad administrativa.
En el contexto de la fiscalización financiera, es fundamental que la administración asegure la estabilidad, confianza, solvencia, solidez, transparencia y eficiente funcionamiento del sistema financiero, a través de la autorización del funcionamiento de entes financieros, la realización de inspecciones o auditorías periódicas, la proposición y ejecución de medidas correctivas, y la obtención y publicación de información financiera y económica. El incumplimiento de estas obligaciones podría provocar una falta de servicio o un funcionamiento anormal que comprometa la responsabilidad administrativa.
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