Cuando se enfrentan a una disputa legal en Costa Rica, la mayoría de las personas recurren instintivamente a los tribunales. Sin embargo, existe un camino menos oneroso, más rápido y, a menudo, más efectivo: los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC). Este marco—que incluye la mediación, el arbitraje y la conciliación—ofrece a las personas una forma de resolver conflictos fuera del sistema judicial tradicional. Desde la promulgación de la Ley N.º 7727 sobre Resolución Alterna de Conflictos y la Promoción de la Paz Social en 1998, Costa Rica ha establecido una sólida base legal que otorga a estos métodos extrajudiciales la misma fuerza vinculante que una sentencia judicial definitiva.
Los problemas que motivaron esta legislación siguen muy presentes. El sistema judicial de Costa Rica está en estado crítico: más de 682,000 casos siguen pendientes, y en algunas jurisdicciones, los nuevos casos superan la capacidad de los tribunales. Solo en 2022, el sistema manejó más de dos millones de casos activos—superando con creces sus recursos humanos y materiales. A pesar de esfuerzos como la contratación de más jueces y la implementación de juicios orales en algunas áreas, la acumulación de casos sigue siendo un obstáculo estructural para cumplir con el derecho constitucional a una justicia oportuna y efectiva. Otros problemas—como la alta rotación de jueces y las bajas tasas de aprobación en los exámenes judiciales—destacan una preocupante brecha entre las necesidades del sistema y el talento disponible.
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El costo es otro gran factor disuasorio. En 2022, el presupuesto del poder judicial superó los 452 mil millones de colones—una cifra asombrosa, especialmente cuando la confianza pública en la eficiencia judicial sigue siendo baja. Las encuestas muestran que más del 60% de las personas creen que los tribunales no brindan justicia oportuna, y aún más citan retrasos en sus propios casos. Esto es particularmente evidente en los procedimientos de cobro judicial, que representan más de la mitad de todos los asuntos pendientes. En este contexto, los MARC no son solo una alternativa—son una estrategia vital para aliviar la carga del poder judicial y ofrecer a los usuarios soluciones más rápidas y accesibles.
Entre las herramientas MARC más accesibles y efectivas está la mediación. A diferencia del litigio, la mediación es voluntaria—nadie puede ser obligado a participar. Desde el principio, crea un espacio de diálogo respetuoso y confidencial, guiado por un tercero neutral: el mediador. Este profesional capacitado e imparcial no toma decisiones, sino que facilita la comunicación, aclara intereses y ayuda a las partes a explorar opciones para llegar a un acuerdo. El proceso sigue una secuencia estructurada que lleva desde la identificación del conflicto hasta alcanzar una solución mutuamente aceptable. Si las partes llegan a un acuerdo, este se documenta en un convenio por escrito que, bajo el Artículo 39 de la Ley de MARC, tiene el mismo peso legal que una sentencia judicial definitiva—siempre que cumpla con los requisitos formales.
Otro poderoso mecanismo MARC es el arbitraje. A diferencia de la mediación, donde las partes retienen el control sobre el resultado, el arbitraje implica entregar la autoridad para tomar decisiones a uno o más árbitros que emiten una resolución vinculante—un laudo arbitral. Esta decisión es definitiva y solo puede impugnarse por motivos muy limitados ante la Sala Primera de la Corte Suprema. El arbitraje es especialmente adecuado para disputas comerciales complejas—como incumplimientos contractuales, proyectos de construcción, distribución de productos o desacuerdos corporativos. Sus fortalezas radican en la experiencia técnica de los árbitros, la confidencialidad del proceso y la rapidez de resolución: mientras que el litigio puede tardar años, un arbitraje bien gestionado generalmente concluye entre 6 y 18 meses.
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Costa Rica no solo reconoce el arbitraje en su legislación ordinaria, sino que también lo eleva a rango constitucional, como lo han reafirmado fallos tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Primera de la Corte Suprema. Este alto rango legal brinda certeza a las partes que optan por el arbitraje—especialmente en situaciones donde la confianza en el sistema judicial es baja. Es esencial distinguir entre mediación y arbitraje: la mediación permite a las partes controlar el resultado; el arbitraje delega ese poder al árbitro. Aun así, ambos procesos comparten ventajas importantes—flexibilidad, confidencialidad y eficiencia.
Veinticinco años después de que se promulgara la Ley de MARC, Costa Rica ha logrado avances notables en fomentar una cultura de resolución colaborativa de conflictos. Los Centros Cívicos por la Paz encarnan este compromiso institucional con la prevención, la educación basada en valores y la gestión no violenta de conflictos—especialmente para niños, adolescentes y jóvenes adultos. Estos centros ofrecen servicios de mediación comunitaria y también promueven la educación cívica en derechos humanos, comunicación pacífica y respeto mutuo. Mientras tanto, la Escuela Judicial ha estado capacitando a jueces y funcionarios públicos en mediación y conciliación desde mediados de la década de 1990, cultivando un grupo de profesionales que fortalecen el uso efectivo de los MARC a nivel nacional.
Dicho esto, persisten desafíos. Mientras que otros países han adoptado innovaciones como la mediación en línea, tribunales de múltiples puertas y formatos como el “arbitraje tipo béisbol,” Costa Rica se ha centrado en gran medida en modelos tradicionales. Sin embargo, desarrollos recientes—como la adhesión al Convenio de Singapur sobre Mediación y la reforma del marco nacional de arbitraje—muestran una creciente apertura a la modernización y a las mejores prácticas globales. Cada vez más, las empresas privadas están incorporando cláusulas MARC en sus contratos, reconociendo que una resolución eficiente de disputas es clave para la gestión del riesgo legal y la continuidad empresarial a largo plazo.
Al final, los MARC son mucho más que una alternativa al litigio—representan un cambio en la forma en que abordamos los conflictos. Resolver disputas no debería consistir en derrotar a la otra parte, sino en encontrar caminos justos, respetuosos y eficientes. En un sistema saturado por la carga de trabajo y con escasez de recursos, optar por el diálogo, la especialización y la flexibilidad procesal no es solo una buena estrategia—es una necesidad democrática. Hoy, optar por mediar o arbitrar en Costa Rica es una decisión legal comprobada, legítima y, en muchos casos, la más inteligente que se puede tomar.
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Lic. Juan Carlos Castro
Licda. Carolina Castro