La pérdida de chance o de oportunidad representa un concepto jurídico que ha ido ganando relevancia en los tribunales, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa. Esta teoría se centra en la idea de que, en ciertos casos, la administración pública puede ser responsable por la pérdida de una oportunidad seria y concreta que tenía una persona, aunque no se trate de un derecho subjetivo plenamente desarrollado.
La responsabilidad administrativa por la pérdida de chance surge cuando se frustra la posibilidad de obtener una ventaja patrimonial debido a un acto o una omisión atribuible a la administración. Para que sea reconocida esta pérdida, es necesario que la oportunidad haya sido real y seria, es decir, que existiera una probabilidad razonable de que la ventaja se materializara si no fuera por la intervención lesiva del ente público.
Es fundamental que exista un nexo causal entre la actuación de la administración y la pérdida de la oportunidad. Además, el afectado debe demostrar que la oportunidad perdida era legítima y que tenía una expectativa fundada en obtener un beneficio que fue truncado por la acción administrativa.
En la práctica, la reparación por pérdida de chance implica indemnizar no por un daño cierto y efectivo, sino por la pérdida de una posibilidad. Esta figura se aleja de la idea tradicional de indemnización por daños y perjuicios, que se basa en la certeza del daño. Por el contrario, la pérdida de chance se mueve en el terreno de lo hipotético, de lo que "podría haber sido".
Esta teoría se ha aplicado en casos donde, por ejemplo, una adjudicación en un concurso público es anulada y se reconoce que el participante tenía una oportunidad seria de ser seleccionado. En estos casos, se ha llegado a establecer una indemnización que considera la expectativa económica que razonablemente se podría haber obtenido.
El reconocimiento de la pérdida de chance en la jurisdicción contencioso administrativa refleja una evolución en la comprensión de los derechos de los individuos frente a la administración pública. Permite que se otorgue una reparación en situaciones donde, aunque no se haya consolidado un derecho subjetivo, la administración ha actuado de manera que ha eliminado una oportunidad legítima y concreta de obtener un beneficio.
La incorporación de esta figura en el derecho administrativo representa un avance en la protección de los derechos de los administrados, ya que amplía el espectro de situaciones en las que es posible obtener una indemnización. Sin embargo, aún es un terreno en desarrollo que presenta desafíos tanto para los juristas como para los tribunales, que deben evaluar cuidadosamente la existencia y la extensión de la oportunidad perdida para determinar la procedencia y la cuantía de la indemnización correspondiente.
De acuerdo con lo expuesto, la pérdida de chance o de oportunidad en el contencioso administrativo es una figura que refleja la dinámica y la complejidad de las relaciones entre la administración y los particulares. A través de su reconocimiento y aplicación, los tribunales pueden otorgar una reparación más justa y acorde con las realidades de la vida moderna, donde las oportunidades pueden ser tan valiosas como los derechos ya consolidados.
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