¿Alguna vez se ha preguntado cuándo es necesario recurrir a un proceso contencioso para defender sus derechos frente a la Administración Pública? Entender este procedimiento legal es fundamental cuando los recursos administrativos no logran resolver su caso.
La demanda contencioso-administrativa es un mecanismo judicial que utilizamos para impugnar acciones u omisiones de la Administración Pública. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen plazos específicos para presentarla. Por ejemplo, si el objeto del proceso es una conducta administrativa, el plazo para entablar el juicio será de un año. Además, si se trata de un proceso únicamente de daños y perjuicios, este plazo se extiende a cuatro años.
Índice
¿Cuándo procede una demanda contencioso-administrativa?
Requisitos previos antes de presentar la demanda
Estructura y trámite de la demanda contenciosa
En primer lugar, es importante saber que el contencioso administrativo se aplica cuando no se consigue resolución por la vía administrativa. Por lo tanto, en este artículo analizaremos cuándo procede este tipo de demanda, los requisitos previos que debe cumplir, y le explicaremos detalladamente la estructura y trámite que debe seguir para presentarla correctamente ante el tribunal competente.
La demanda contencioso-administrativa procede principalmente cuando hemos agotado todos los medios que ofrece la Administración Pública y no hemos tenido éxito en nuestras reclamaciones. Este agotamiento de la vía administrativa es un requisito fundamental para acceder a la sede contenciosa.
Podemos recurrir a esta vía judicial cuando sufrimos daños ocasionados por:
Efectivamente, no solo reclamamos por lo que la entidad administrativa hizo incorrectamente, sino también por lo que no hizo y debería haber hecho.
Cualquier persona física o jurídica puede interponer este recurso cuando considera que ha sido perjudicada. Asimismo, sindicatos, asociaciones y entidades de todo tipo están habilitadas para utilizarlo. Se trata, en definitiva, de una herramienta ciudadana para defender nuestros intereses legítimos.
El plazo para presentar la demanda contencioso-administrativa es de un año, según el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, contabilizado a partir del siguiente día hábil de la notificación que haga la respectiva Administración de su acto.
La diferencia fundamental con los recursos en vía administrativa radica en quién resuelve: mientras los administrativos son resueltos por la propia Administración, los contencioso-administrativos son decididos por Juzgados y Tribunales.
También puede leer: ¿Demanda al Estado? Asesoría de un experto en Derecho Administrativo
Antes de presentar una demanda contencioso-administrativa, es fundamental realizar ciertos pasos preparatorios para aumentar nuestras posibilidades de éxito.
En primer lugar, debemos solicitar a nuestro abogado un análisis de riesgo que nos permita conocer qué tan sólido es nuestro caso y qué pronóstico podría tener al dictarse sentencia. Asimismo, es crucial verificar los plazos de caducidad: un año si el objeto del proceso es una conducta administrativa, y cuatro años si se trata exclusivamente de un proceso de daños y perjuicios.
Igualmente importante es definir claramente qué comportamientos administrativos serán objeto del proceso. En algunos casos bastará con pedir la nulidad de un acto administrativo; no obstante, en otros, ampliar la pretensión anulatoria puede fortalecer nuestro caso.
Además, necesitamos analizar rigurosamente la prueba con que contamos. La mayoría de procesos se pierden por un mal manejo probatorio. Recordemos que la carga de la prueba recae sobre quien formula una pretensión.
Finalmente, debemos tener claridad sobre los daños y perjuicios que pretendemos. Estos deben ser probados, no basta alegarlos. También es esencial establecer un nexo causal claro entre el acto administrativo impugnado y los daños alegados.
Lea también: ¿Has tenido problemas con una entidad pública de Costa Rica?
La estructura de una demanda contencioso-administrativa debe seguir un formato específico para ser efectiva. Al redactar este documento, es necesario incluir tres elementos fundamentales: los hechos (relación detallada y objetiva de los eventos), los fundamentos de derecho (argumentos legales que respaldan la impugnación) y las pretensiones (solicitudes específicas presentadas a la sala).
El encabezamiento también resulta crucial, pues en él identificamos a las partes, al abogado y procurador, además de realizar una breve exposición de la pretensión.
El procedimiento sigue estos pasos ordenados:
Asimismo, los posibles fallos que pueden surgir incluyen: inadmisibilidad, estimación (cuando el tribunal considera fundados los argumentos), desestimación (cuando no hay contundencia en los argumentos), desistimiento por alguna de las partes, o acuerdo entre las partes antes de la sentencia.
Por otro lado, es importante recordar que la demanda no es el primer escrito del procedimiento, sino que se realiza en momentos procesales posteriores.
Conclusión
En definitiva, el proceso contencioso-administrativo representa una herramienta fundamental para defender nuestros derechos frente a la Administración Pública cuando la vía administrativa no ha resultado satisfactoria. Ciertamente, debemos recordar que este recurso solo procede después de agotar todos los medios administrativos disponibles, constituyendo así un segundo nivel de protección jurídica.
Durante todo el artículo hemos analizado aspectos esenciales como los plazos específicos para presentar nuestra demanda, que varían según la naturaleza del caso. También destacamos la importancia de realizar un análisis previo de riesgo y una evaluación rigurosa de las pruebas disponibles, puesto que la carga probatoria recae sobre quien formula la pretensión.
Igualmente, resulta crucial comprender la estructura formal que debe seguir nuestra demanda, incluyendo un encabezamiento claro, una exposición detallada de hechos, sólidos fundamentos de derecho y pretensiones específicas. El procedimiento sigue pasos ordenados que culminan con el fallo de la sala.
Al final, este mecanismo judicial nos garantiza la posibilidad de cuestionar tanto acciones como omisiones administrativas que consideremos lesivas para nuestros intereses legítimos. Aunque el proceso puede parecer complejo, seguir correctamente los requisitos y estructura explicados mejora significativamente nuestras probabilidades de éxito.
Por tanto, ante una situación donde consideremos que la Administración Pública ha vulnerado nuestros derechos, no debemos dudar en explorar esta vía judicial, siempre respetando los plazos y requisitos formales establecidos para hacer valer nuestras pretensiones de manera efectiva.
Si desea conocer más acerca del Litigio en contencioso administrativo puede seguirnos en nuestras redes sociales como Officium Legal. También puede suscribirse a nuestros Newsletter para recibir nuestros últimos artículos de primera mano.