A través de la Resolución R-DC-15-2018, del 21 de febrero de 2018, la Contraloría General de la República definió los límites presupuestarios para los procedimientos de contratación administrativa, en cumplimiento de lo que establecen los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa.
La trascendencia de la resolución bajo comentario es que, a las diversas administraciones contratantes, les permite definir la modalidad de contratación que procede, de acuerdo con el presupuesto específico que le ha sido destinado; y a su vez, permite identificar la naturaleza de los recursos que se pueden interponer, ya sea para objetar el cartel o para impugnar el acto de adjudicación.
Por eso, si Usted forma parte del Departamento de Proveeduría de una Administración Pública; o bien, participa personalmente o por medio de su empresa en procedimientos de contratación, es sumamente importante que disponga de la citada resolución del Órgano Contralor (disponible en la página web https://www.cgr.go.cr/), porque le permitirá determinar si el procedimiento se ajusta a los presupuestos, y, por ende, resulta conforme con el ordenamiento jurídico.
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A modo de ejemplo, si el presupuesto para una contratación exige que ésta sea tramitada como licitación pública, pero la Administración contratante la promueve como licitación abreviada, Usted podrá acudir ante la Contraloría General de la República a objetar el cartel (recurso de objeción), pues la normativa lo faculta a ello; pero si desconoce cuáles son los límites presupuestarios, habrá dejado la oportunidad de acudir con su recurso ante el Órgano Contralor.
Finalmente, es menester advertir que la vigencia de la Resolución es de un año, ya en el mes de febrero de 2019, la Contraloría deberá actualizar los límites, que se ajusten a los criterios macroeconómicos y a los presupuestos públicos.
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Officium Legal
Lic. Juan Carlos Castro
Gabriel González Mata