Las limitaciones a la propiedad y la expropiación son dos conceptos jurídicos que permiten al Estado intervenir en la propiedad privada en pos del interés general, pero siempre bajo ciertas condiciones y salvaguardas para proteger los derechos de los propietarios.
Las limitaciones a la propiedad se refieren a las restricciones que el Estado impone sobre el uso que se le puede dar a un bien. Estas limitaciones deben ser generales y abstractas, es decir, aplicables a todos y no a casos particulares, evitando así que constituyan una privación del derecho y no solo una limitación. Estas se derivan del principio de igualdad ante la ley y están diseñadas para garantizar que la propiedad privada cumpla con su función social, dentro de los deberes urbanísticos que se consideran razonables, además no son indemnizables por no implicar una expropiación, siempre que no supongan un sacrificio singular e individualizado que rompa el principio de igualdad ante las cargas públicas.
Por otro lado, la expropiación es una figura más drástica que implica la transferencia forzosa de la propiedad privada al Estado para destinarla a un uso de interés público, como puede ser la construcción de infraestructuras o la protección del patrimonio histórico. A diferencia de las limitaciones, la expropiación sí requiere de una indemnización justa, previa y equivalente al valor de mercado del bien expropiado, así como de los daños y perjuicios que pueda ocasionar este acto.
En el contexto urbanístico, las limitaciones a la propiedad pueden manifestarse de diversas maneras, como la exigencia de obtener una licencia para realizar cualquier actividad urbanística, restricciones en la forma y uso de las construcciones, o prohibiciones de edificar en ciertas áreas para proteger el patrimonio arquitectónico o recursos naturales.
Es importante destacar que tanto las limitaciones a la propiedad como la expropiación deben perseguir siempre el interés general y estar debidamente justificadas, respetando los principios de igualdad y proporcionalidad. Además, deben ser establecidas por ley y seguir un procedimiento claro que permita a los afectados ejercer su derecho a la defensa.
De lo expuesto cabe puntualizar que las limitaciones a la propiedad y la expropiación son herramientas legales que el Estado tiene a su disposición para regular el uso de la propiedad privada y garantizar el bienestar colectivo, pero siempre respetando los derechos fundamentales de los individuos y evitando abusos o arbitrariedades.
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