En Costa Rica la discusión sobre el ejercicio de la actividad pesquera de arrastre parecía estar cerrada desde 2013, ya que el voto número 10540-2013 de la Sala Constitucional había eliminado al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) la posibilidad de otorgar nuevas licencias de pesca de arrastre y renovar aquellas ya concedidas. Es decir, para el momento en el que dejaban de estar vigentes las licencias, este arte pesquero no podía practicarse más en Costa Rica. Para ese año se estimaba que en Costa Rica, por cada kilogramo de camarón, se sacrificaban 7,5 kilos de fauna marina.
Pero, como si el 2020 no pudiera traer más sorpresas, la Asamblea Legislativa revivió peligrosamente la práctica de la pesca de arrastre en los mares costarricenses mediante el proyecto de ley “Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, No 21.478, aprobado en segundo debate por 28 diputados y diputadas el pasado 22 de octubre.
La pesca de arrastre es bien conocida por sus consecuencias ambientales; es de las artes de pesca más destructivas al utilizar redes de gran tamaño y peso que entran en contacto con el fondo marino, arrasando con los hábitats que albergan una gran cantidad de especies. Esta práctica, incluso, ha llegado a ser comparada con la tala indiscriminada de algún bosque, situación en la que muchas especies terminan siendo despojadas de refugio y alimento, además de verse vulneradas y reducidas numéricamente. Por esos motivos, la técnica de arrastre nunca podrá ser armoniosa al concepto de desarrollo sostenible.
Por dichos motivos, no resulta ser casualidad que distintos sectores de la sociedad civil y la comunidad científica hayan manifestado su oposición ante el proyecto de ley aprobado. Para citar un par de ejemplos, en un comunicado reciente la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica expresaron su férrea oposición a la pesca de arrastre por no existir evidencia científica que valide la sostenibilidad de la práctica. Además, afirmaron que los recursos pesqueros en Costa Rica están sobreexplotados y al tratarse de un arte pesquero no selectivo no sólo produce un amplio daño ambiental, sino que impacta otras alternativas de desarrollo, como la pesca artesanal de escama, la pesca deportiva y el ecoturismo.
Jurídicamente, los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental, reconocidos en varios instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implican que:
“El Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección.”
Igualmente, no se dispone de estudios técnicos adecuados sobre la sostenibilidad de la pesca de arrastre, como lo han indicado múltiples expertos; y en aplicación de los principios preventivo y precautorio, también conocidos como in dubio pro natura, para evitar daños graves e irreversibles, no resulta coherente la decisión de “revivir” la práctica de la pesca de arrastre, que a todas luces va en detrimento de la protección del lecho marino, la flora y la fauna que en él habitan.
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