Los empleados del sector público en Costa Rica no recibirán aumento salarial en 2027. Esta decisión responde a que la relación deuda/PIB cerró en 60,4% al finalizar 2025, superando el umbral del 60% establecido por la regla fiscal. Debido a una reducción en los ingresos de aproximadamente 400 millones de dólares anuales, el Gobierno se ve obligado a aplicar restricciones que afectan directamente a los trabajadores del Estado.
Básicamente, cuando este indicador supera el 60%, la normativa fiscal aprobada durante el gobierno 2018-2022 prohíbe incrementar los salarios del sector publico. En este artículo, analizaremos cómo funciona la regla fiscal, qué papel jugaron las exoneraciones en esta situación y cuáles serán las consecuencias para los empleados públicos.
Índice
La regla fiscal y el umbral del 60% de deuda/PIB
Las exoneraciones fiscales que redujeron los ingresos del Estado
Consecuencias del congelamiento salarial para el sector público
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en 2018, estableció una regla fiscal que limita el crecimiento del gasto público. Este mecanismo se define mediante dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB nominal y el crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años anteriores a la formulación del presupuesto.
Cuando la deuda supera el 60% del PIB, se activa el escenario más restrictivo (escenario D), donde el gasto total no puede superar el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años. Al cerrar 2025, el saldo total de la deuda del Gobierno Central alcanzó los ¢31,3 billones, elevando la razón deuda/PIB al 60,4%, un incremento de 1,5 puntos porcentuales frente al 58,9% registrado al finalizar 2024.
Esta situación activa restricciones automáticas para la formulación del presupuesto de 2027:
Por su parte, cuando la deuda está por debajo del 60%, la restricción aplica únicamente al gasto corriente, con un límite del 75% del promedio del crecimiento del PIB.
Múltiples exoneraciones fiscales implementadas en los últimos años contribuyeron a la reducción de los ingresos del Estado. Específicamente, las micro y pequeñas empresas quedaron exentas del Impuesto sobre las Utilidades durante sus primeros tres años de operaciones, seguido de una reducción del 25% en el cuarto y quinto año, y del 50% en el sexto año. Este beneficio aplica siempre que los ingresos brutos anuales no superen los ₡122.145.000.
Asimismo, el tramo exento para trabajadores independientes aumentó a ₡6.244.000 anuales, ampliando considerablemente el mínimo no sujeto a tributación. Por otro lado, las personas con discapacidad reciben exención total en impuestos de importación, inscripción y propiedad de vehículos.
Sin embargo, la medida que generó mayor impacto fiscal fue la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos. Esta rebaja, que oscila entre el 10% y el 50% según la antigüedad del vehículo, genera que se dejen de recaudar ₡50.000 millones cada año. Para el periodo 2025, aproximadamente 1,6 millones de vehículos sujetos al pago del marchamo cancelaron una suma menor. Adicionalmente, se aprobó una exoneración de cinco años en el impuesto de importación de aviones en arrendamiento, beneficiando principalmente a empresas de transporte aéreo.
El congelamiento salarial genera pérdidas directas en el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Desde 2020, los empleados del sector público han experimentado una pérdida acumulada cercana al 9,5% de su capacidad de compra, lo que equivale a aproximadamente ₡165.000 en términos reales. Esta erosión económica afecta especialmente a puestos operativos y administrativos básicos que enfrentaron cinco años sin ajustes por inflación.
Asimismo, el congelamiento debilita la demanda interna del país, afectando el comercio y la recaudación tributaria. Por otro lado, las instituciones públicas enfrentan dificultades para atraer y retener personal calificado en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y justicia.
En el Poder Judicial, el 81% de los funcionarios recibe un salario mayor al global establecido, lo que implica que ocho de cada diez trabajadores verán sus remuneraciones congeladas durante un promedio de siete a nueve años. Para algunos casos específicos, el congelamiento podría extenderse hasta 2033.
El Gobierno anunció un incremento de hasta ₡20.000 para abril de 2026, beneficiando a más de 28.000 funcionarios en los niveles salariales más bajos. Sin embargo, esta medida representa apenas un respiro temporal antes del nuevo congelamiento proyectado para 2027.
Conclusión
La regla fiscal de Costa Rica funciona como un mecanismo automático que restringe el gasto cuando la deuda supera límites establecidos. Esencialmente, las exoneraciones tributarias han reducido los ingresos del Estado, llevando la deuda al 60,4% del PIB y activando el congelamiento salarial para 2027.
Esta situación afecta sobre todo el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, quienes acumulan ya casi una década sin ajustes reales. Comprender cómo operan estos mecanismos fiscales nos ayuda a dimensionar mejor las restricciones presupuestarias que enfrentará el país en los próximos años.
Si desea conocer más acerca de temas en Empleo público puede seguirnos en redes sociales como Officium Legal. También puede suscribirse a nuesto Newsletter para recirbir nuestras últimas noticias y artículos.