El pasado 13 de diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley número 23.449, titulado “Protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales”.
Con la aprobación de esta ley, se introduce por primera vez en Costa Rica el concepto de “whistleblower” o “persona que suena el silbato”, que ya existe en otras legislaciones y que proporciona protecciones especiales a quienes denuncian situaciones de corrupción.
Un "whistleblower" es una persona que denuncia casos de corrupción o fraudes en una empresa u organización. Esta legislación busca brindar protección a quienes denuncian actos de corrupción, otorgándoles resguardo contra represalias laborales como suspensión, despido, cambios desfavorables en condiciones laborales, entre otros. Además, se establece un fuero de protección que impide el cese laboral sin autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta ley representa un avance significativo en la protección de denunciantes y testigos de corrupción en Costa Rica, generando cambios importantes en las relaciones laborales tanto en el sector público como en el privado.
El ámbito de aplicación de esta ley busca brindar protección a las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción nacional o transnacional contra represalias laborales. Se definen como actos de corrupción diversas conductas, cómo aceptar beneficios a cambio de acciones u omisiones, beneficiarse ilícitamente, entre otros.
Las protecciones otorgadas por la ley incluyen resguardar a los denunciantes y testigos de represalias laborales como suspensión, despido, cambios desfavorables en condiciones laborales, entre otros. Además, se establece un fuero de protección que impide el cese laboral sin autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta normativa también impacta al sector privado, obligando a los empleadores con más de 50 trabajadores a contar con un canal para recibir denuncias y garantizar la confidencialidad. En caso de represalias, se impondrán multas económicas proporcionales al salario base del país.
En resumen, esta ley representa un avance significativo en la protección de denunciantes y testigos de corrupción en Costa Rica, generando cambios importantes en las relaciones laborales tanto en el sector público como en el privado.
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Lic. Juan Carlos Castro
Officium Legal