La violencia contra la mujer (en adelante, VcM) es una problemática que afecta a todas las sociedades del mundo. A pesar de los avances significativos en las últimas décadas, todavía hay mucho por hacer para erradicar este flagelo. En este contexto, es esencial evaluar la eficacia de las acciones estatales destinadas a prevenir, atender y reparar la VcM. Esta evaluación permite identificar las fortalezas y debilidades de las políticas públicas, y así, mejorar la toma de decisiones y la implementación de estrategias efectivas.
Una de las primeras condiciones para erradicar la VcM es contar con un marco regulatorio sólido. En este sentido, Costa Rica se destaca por tener una legislación robusta que se ajusta a las convenciones internacionales, y que aborda los diversos tipos de VcM. Además, el país ha avanzado significativamente en la tipificación del femicidio y ha creado un Sistema Nacional de Atención y Prevención de la VcM (PlaNoVi) que agrupa a 25 instancias, tanto públicas como privadas.
La eficacia de las políticas públicas también depende de la existencia de mecanismos de coordinación y supervisión eficientes. A pesar de que en Costa Rica se han establecido mecanismos formales de coordinación interinstitucional, existen oportunidades de mejora en este aspecto. En particular, es necesario mejorar la articulación de las acciones y la toma de decisiones basada en información de calidad.
La cooperación con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es otro factor clave para el éxito de las políticas de prevención, atención y reparación de la VcM. Aunque en Costa Rica existen mecanismos formales de comunicación y participación con las OSC, se identifican oportunidades de mejora en este aspecto. Por ejemplo, se señala la necesidad de ampliar los canales de diálogo y de mejorar el involucramiento de las OSC a nivel local.
La eficacia de las políticas públicas también depende de la asignación y ejecución adecuada de los recursos. En este sentido, se identifica una carencia de estimaciones plurianuales de los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones de política pública. Esta situación limita la planificación y la toma de decisiones, y representa una brecha para atender el marco de presupuestación plurianual establecido en la Constitución.
El logro de las metas establecidas en las políticas públicas es un indicador importante de su eficacia. Sin embargo, en el caso de la política PLANOVI, se observa un cumplimiento de las metas menor al 70% en los años evaluados. Esta situación refleja la necesidad de contar con una estimación de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de política pública.
Para la toma de decisiones informadas, es fundamental contar con información de calidad. Sin embargo, se identifica una falta de información que caracterice a las poblaciones de vulnerabilidad y que sirva como insumo para orientar de manera más eficaz los esfuerzos de política pública.
El 25 de agosto del presente año, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza de la CGR realizó un Informe de Auditoría N°DFOE-GOB-IAD-00004-2023 sobre la eficacia de las acciones estatales para la prevención, atención y reparación de la violencia contra la mujer en Costa Rica.
A continuación, compartimos los cinco principales aspectos abordados en el documento:
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