Según la normativa vigente, incumplir con esta obligación conlleva una multa proporcional del 2% sobre los ingresos brutos del impuesto a las utilidades correspondientes al periodo anterior a aquel en que se produjo la infracción. Esta penalización se ha establecido para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley por parte de todas las entidades obligadas.
Además de las multas, no presentar la declaración en el RTBF resultará en restricciones por parte del Registro Nacional. Este organismo no emitirá certificaciones de personería jurídica ni inscribirá documentos para aquellas entidades que no estén al día con su declaración. Esto puede afectar significativamente la capacidad operativa y legal de las empresas y fideicomisos.
Tecnologías a usar
La declaración deberá ser presentada a través de la plataforma del Banco Central de Costa Rica (https://www.centraldirecto.fi.cr). Dicha plataforma, aunque permite la precarga de la última declaración registrada para simplificar el proceso, exige un alto grado de precisión y actualización meticulosa de la información. Los responsables del suministro de información deben asegurarse de que todos los datos estén correctos y debidamente actualizados, lo cual puede resultar complejo y laborioso sin el conocimiento técnico adecuado y la experiencia necesaria en el manejo de esta herramienta específica.
Requisitos de Transparencia y Firmas Digitales
A partir de este año, la declaración solo puede ser realizada por los representantes legales de las entidades, y excepcionalmente delegarla a otra persona mediante un poder generalísimo. En todos los casos, es necesario contar con firma digital para completar el proceso. Esta medida busca asegurar la autenticidad y la seguridad de la información proporcionada.
Contexto y Objetivo de la Regulación
Este reglamento es parte de la Ley 9416, un requisito de transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que Costa Rica es miembro. El objetivo principal es conocer quiénes están detrás de las sociedades y estructuras corporativas, asegurando el origen de los capitales y mejorando la recaudación de impuestos. Como explica Cristina Sansonetti, especialista tributaria, el RTBF permite también a los países intercambiar información cuando sea necesario, fortaleciendo la lucha contra el fraude fiscal, la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Con la fecha límite del 31 de octubre acercándose rápidamente, es urgente que todas las personas jurídicas mercantiles y fideicomisos privados cuenten con la información al día que les permita cumplir con la presentación de la declaración en el RTBF en tiempo y forma. El cumplimiento no solo evita sanciones económicas y restricciones legales, sino que también contribuye a la transparencia y al cumplimiento de las normativas internacionales. Las entidades deben asegurarse de tener todos los documentos y firmas digitales necesarias para completar el proceso a tiempo y evitar las serias implicaciones de no presentar la declaración.
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