El Ministerio de Hacienda detectó recientemente cerca de ₡8 mil millones vinculados a facturas simuladas en Costa Rica, un fraude fiscal que involucra a decenas de empresas. Además, existen alrededor de 120 investigaciones abiertas por este tipo de operaciones fraudulentas, donde las facturas son reales en los registros oficiales, pero los servicios o mercancías que amparan simplemente no existen. El Ministerio de Hacienda ha fortalecido sus herramientas de detección para combatir estas redes de fraude que afectan la recaudación tributaria del país.
En este artículo, le explicaremos cómo operan estas redes de facturas apócrifas, es decir, comprobantes que se emitieron sobre compras o ventas que nunca se llevaron a cabo, las herramientas tecnológicas que utiliza el Ministerio de Hacienda para identificarlas y las consecuencias legales que enfrentan quienes participan en estos esquemas de evasión fiscal.
Índice
¿Qué son las facturas falsas y cómo operan las redes de fraude?
Herramientas del Ministerio de Hacienda para detectar el fraude fiscal
Sanciones y consecuencias legales para emisores y receptores de facturas apócrifas
Las facturas falsas no son documentos inventados ni forjados. Son comprobantes que existen en los registros oficiales del Ministerio de Hacienda, cuentan con todos los elementos formales requeridos, pero amparan operaciones que nunca ocurrieron. El esquema funciona porque las facturas parecen legítimas hasta que la autoridad fiscal revisa a fondo y descubre que los servicios facturados o las mercancías simplemente no se prestaron ni se entregaron.
El fraude opera mediante dos tipos de actores. Por un lado están las Entidades que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), personerías sin sustancia económica diseñadas para simular operaciones inexistentes. Estas entidades carecen de estructura real: no tienen activos, inventarios ni empleados registrados ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Utilizan domicilios ficticios donde no se localiza al contribuyente y frecuentemente recurren a testaferros o suplantación de identidad. Su objetivo es facilitar la disminución fraudulenta de bases imponibles.
Por otro lado están las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), estructuras económicas reales que compran facturas apócrifas para evadir impuestos. A diferencia de las EFOS, estas cuentan con factores de producción y empleados reales, pero compran comprobantes simulados para aumentar gastos deducibles y generar créditos fiscales inexistentes. Esta práctica erosiona la base imponible del impuesto a las utilidades.
El Ministerio de Hacienda implementó TRIBU-CR, un sistema integral que automatiza los procesos tributarios centrales para combatir la defraudación. Esta plataforma permite incrementar el cumplimiento tributario mediante herramientas tecnológicas que mejoran la eficiencia operativa. TRIBU-CR incluye trazabilidad completa donde cada acción y transacción queda registrada para referencia futura, además de una oficina virtual disponible las 24 horas.
Asimismo, Hacienda utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos e identificar comportamientos sospechosos y patrones de evasión fiscal. El aprendizaje automático ayuda a predecir comportamientos de riesgo fiscal basándose en datos históricos, mejorando la capacidad para priorizar auditorías en contribuyentes con mayores probabilidades de incumplimiento. A través de algoritmos avanzados, es posible identificar relaciones entre entidades o transacciones que antes habrían pasado desapercibidas.
Por su parte, la Dirección General de Tributación implementó una herramienta para verificación del estado de los comprobantes electrónicos. Cualquier persona puede revisar el estado de las facturas electrónicas que recibe y emite, reduciendo los riesgos de fraude y errores. Esta herramienta facilita la realización de controles y cruces de información para asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales.
Las consecuencias legales golpean tanto a emisores como receptores de facturas apócrifas. Entre 2012 y diciembre de 2016, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos recuperó ₡12,515 millones mediante procesos penales que concluyeron con reparación integral del daño. Más recientemente, entre enero y septiembre de 2025, el Ministerio de Hacienda logró recuperar ₡128,000 millones en impuestos dejados de pagar.
La reparación integral del daño obliga a pagar totalmente la deuda tributaria por los impuestos evadidos, incluyendo intereses, multas y un 30% adicional por daño social. Este último porcentaje corresponde a una indemnización que cobra la Procuraduría General de la República.
En 2025, la Dirección General de Tributación intervino 72 empresas que utilizaban comprobantes electrónicos simulados, determinando pagos por ₡2,265 millones. Adicionalmente, aplicó sanciones de cierre a 75 comercios por incumplimientos. Hacienda fiscalizó 77 casos de facturas apócrifas por un monto total de ₡13,250 millones.
Las sanciones penales incluyen prisión de cinco a diez años por defraudación fiscal. Específicamente, los emisores enfrentan denuncias por delitos comunes como asociación ilícita, falsedad ideológica y falsificación de documentos. Por su parte, los receptores reciben sanciones administrativas y denuncias penales por deducir gastos mediante facturas apócrifas.
Conclusión
El fraude mediante facturas apócrifas representa una amenaza seria para la recaudación tributaria de Costa Rica. Afortunadamente, las herramientas tecnológicas como TRIBU-CR y la inteligencia artificial han fortalecido considerablemente la capacidad de Hacienda para identificar estos esquemas. Las sanciones son contundentes: recuperaciones millonarias, cierres de empresas y prisión de hasta diez años. Consecuentemente, tanto emisores como receptores de facturas simuladas enfrentan consecuencias legales severas que hacen cada vez más riesgoso participar en estos esquemas de evasión fiscal.
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