Una auditoría sobre los controles del Ministerio de Hacienda identificó baja cobertura, atrasos y resultados limitados para corregir posibles incumplimientos en el impuesto sobre los ingresos y las utilidades.
La Contraloría General de la República identificó posibles incumplimientos tributarios asociados con un monto acumulado cercano a ₡1,8 billones entre enero de 2023 y junio de 2026. El análisis concluyó que los controles extensivos de la Dirección General de Tributación presentaron deficiencias en su cobertura, oportunidad y efectividad.
La cifra corresponde a estimaciones vinculadas con seis riesgos tributarios examinados. No equivale, por sí sola, a impuestos evadidos comprobados ni a deudas tributarias determinadas en firme. Su alcance refleja la exposición de la recaudación a posibles irregularidades que requieren revisión.
Indice
¿Cuáles fueron los posibles incumplimientos identificados?
Solo el 3% de los casos identificados fue seleccionado para controles
Atrasos de hasta 600 días hábiles
Recuperación limitada de los montos estimados
Contraloría exige mejoras en los controles tributarios
Los riesgos examinados incluyen la omisión de declaraciones, la subdeclaración de ingresos, el uso de gastos improcedentes, las retenciones salariales no declaradas o declaradas por montos inferiores, la permanencia indebida en el régimen simplificado y las declaraciones de renta bruta en cero pese a registrar facturación electrónica.
Estas situaciones fueron analizadas mediante los denominados controles tributarios extensivos: revisiones rápidas y masivas que permiten contrastar la información declarada con facturas electrónicas y otros datos disponibles para Hacienda. Su finalidad es detectar diferencias y promover su corrección sin recurrir necesariamente a auditorías individuales más complejas.
Durante el período examinado, Tributación registró 781.576 casos con posibles incumplimientos relacionados con los riesgos evaluados. Sin embargo, seleccionó 23.578 para aplicar controles extensivos, equivalentes al 3% del total. Sobre los casos seleccionados se registraron 2.567 actuaciones.
La ejecución también disminuyó: pasó de 1.767 actuaciones en 2023 a 605 en 2024 y únicamente dos en 2025. Estas cifras corresponden a los controles examinados en la auditoría; no describen la totalidad de las actividades de fiscalización de Hacienda.
La reducción estuvo relacionada con la reasignación de personal hacia labores de cobro. Desde junio de 2023 se dejaron de iniciar nuevos procedimientos de liquidación previa y se suspendieron los que estaban en trámite. La participación de esos funcionarios en tareas de cobro continuó hasta octubre de 2025.
La auditoría también encontró demoras importantes. En los procedimientos relacionados con declaraciones de renta bruta en cero, los tiempos oscilaron entre 63 y 294 días hábiles.
Para las retenciones salariales no declaradas o reportadas por montos inferiores, se registraron duraciones de entre 56 y 191 días hábiles, con casos extremos de hasta 600 días hábiles. Estos resultados evidencian dificultades para atender oportunamente las diferencias detectadas y gestionar su eventual recuperación.
En los controles dirigidos a corregir diferencias monetarias, Hacienda estimó un monto potencial no recaudado de ₡87.721 millones. Esta cifra tiene un alcance distinto del monto global de ₡1,8 billones.
Las recuperaciones variaron según el tratamiento aplicado: alcanzaron el 2,3% en gastos improcedentes; el 1,9% mediante mensajes persuasivos y el 2,9% mediante liquidaciones previas para declaraciones en cero; y el 4,7% en retenciones salariales.
La Contraloría también observó que 208.488 de los 424.417 contribuyentes analizados repitieron un mismo riesgo de incumplimiento durante el período estudiado. Esa recurrencia refuerza la necesidad de mejorar las actuaciones preventivas y correctivas.
Entre las disposiciones emitidas se encuentran fortalecer la planificación, implementar indicadores de efectividad y oportunidad, evaluar las necesidades y capacidades del personal y establecer mecanismos de seguimiento de los tiempos de respuesta.
El objetivo es que la evaluación de los controles permita conocer no solo cuántas gestiones se realizan, sino también si logran corregir incumplimientos y mejorar la recaudación.
A partir de los riesgos examinados, una revisión preventiva puede concentrarse en la coherencia entre facturación y declaraciones, el respaldo de los gastos deducidos, el tratamiento de las retenciones salariales y los requisitos del régimen tributario utilizado.
Si su empresa recibe una comunicación de Hacienda, conviene analizar la diferencia señalada y reunir la documentación correspondiente antes de responder o realizar ajustes.
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