En un esfuerzo por brindar alivio a los negocios que enfrentan dificultades financieras, el Congreso ha ampliado los beneficios para evitar el cierre de empresas por obligaciones tributarias pendientes. Esta medida, inicialmente implementada durante la pandemia, ha sido adaptada y extendida con algunos cambios clave. A continuación, exploraremos los detalles de esta iniciativa y su impacto en el panorama empresarial costarricense.
Índice
Multas más accesibles sustituyen clausuras por deudas fiscales
Oportunidad de 3 meses para la de regularización de empresas con deudas
Alivio financiero y continuidad operativa para empresas en dificultad
Ante los desafíos económicos provocados por la crisis sanitaria global, el gobierno costarricense tomó medidas proactivas para apoyar a las empresas en apuros. Una de estas acciones fue la introducción de beneficios para evitar el cierre de negocios por deudas tributarias acumuladas. Sin embargo, con la evolución de la situación, se hizo necesario reevaluar y ajustar estas disposiciones.
Según la nueva legislación aprobada por unanimidad en el Congreso, aquellos negocios que enfrenten sanciones de cierre por ser reincidentes en la entrega de facturas o por omitir declaraciones solicitadas por la administración tributaria, podrán evadir el cierre temporal. En su lugar, se les impondrá una sanción pecuniaria más accesible.
Los negocios que tenían procesos de cierre iniciados antes del 31 de marzo de 2022 se verán beneficiados por esta reforma. En lugar de enfrentar el cierre, se les permitirá pagar una multa equivalente a 3 salarios base para grandes contribuyentes nacionales y un cuarto del salario base para el resto de contribuyentes nacionales.
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La ley también contempla un período de gracia de 3 meses calendario, a partir de su entrada en vigor, para que los contribuyentes con procedimientos sancionadores de cierre de negocios en trámite o firmes puedan ponerse al día con todas sus obligaciones tributarias materiales y formales.
Durante este lapso, los obligados tributarios podrán tramitar el fraccionamiento del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), convirtiéndose en candidatos elegibles para la dispensa de la sanción de cierre de negocios. En su lugar, deberán pagar la multa determinada en la nueva ley.
En un esfuerzo por brindar mayor flexibilidad a los contribuyentes, la ley autoriza, por única vez, el fraccionamiento del pago de deudas líquidas y exigibles en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los interesados deben presentar la solicitud de fraccionamiento dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
Las condiciones del fraccionamiento serán las mismas que establece el Reglamento del Procedimiento Tributario.
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Estas medidas brindan un alivio significativo a las empresas que han enfrentado dificultades económicas debido a la pandemia y otros factores externos. Al evitar el cierre temporal de negocios y permitir el fraccionamiento del pago del IVA, se les otorga una oportunidad para estabilizar su situación financiera y continuar operando.
Además, la sustitución de las sanciones de cierre por multas más asequibles reduce la carga financiera sobre las empresas, lo que les permite canalizar sus recursos hacia la recuperación y el crecimiento futuro.
Estas medidas no solo benefician a las empresas individuales, sino que también tienen un impacto positivo en la economía nacional en su conjunto. Al mantener a las empresas en funcionamiento y permitirles cumplir con sus obligaciones tributarias de manera más accesible, se preservan puestos de trabajo y se fomenta la actividad económica.
Además, al facilitar el pago de impuestos adeudados, se garantiza un flujo constante de ingresos para el gobierno, lo que a su vez permite la inversión en programas y servicios públicos esenciales.
Si bien estas medidas son bienvenidas, es importante tener en cuenta que también presentan desafíos. Las autoridades fiscales deberán garantizar un equilibrio adecuado entre brindar alivio a las empresas y mantener la integridad del sistema tributario.
Además, es crucial que las empresas aprovechen esta oportunidad de manera responsable y se comprometan a cumplir con sus obligaciones tributarias futuras de manera oportuna y transparente.
En resumen, la ampliación de los beneficios para evitar el cierre de negocios por obligaciones tributarias representa un paso positivo hacia la recuperación económica en Costa Rica. Al brindar alivio a las empresas afectadas por la pandemia y otros factores externos, se fomenta la continuidad de las operaciones y se preservan puestos de trabajo.
Sin embargo, es fundamental que tanto las autoridades fiscales como las empresas trabajen en conjunto para garantizar el cumplimiento responsable de las obligaciones tributarias y promover un entorno empresarial sostenible a largo plazo.
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