Derecho Migratorio en Tiempos de Globalización

El diario español El País publicó, en su edición del domingo 11 de noviembre de 2018, el artículo de opinión del Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, intitulado “La marcha del hambre”. Con su cautivante prosa, el literato peruano comparte con el lector su preocupación por los efectos de los procesos migratorios a nivel global, afirmando que:

“Las migraciones masivas sólo se reducirán cuando la cultura democrática se haya extendido por África y demás países del tercer mundo y las inversiones y el trabajo eleven los niveles de vida…”.

Se puede coincidir o diferir con esa conclusión, pero hasta tanto no se logre la democratización de los países en vías de desarrollo, la migración es un aspecto que necesariamente deberá ser atendido a nivel mundial, principal pero no exclusivamente por los países que ofrecen un Estado social y democrático de Derecho, cuyo ordenamiento jurídico garantiza el resguardo de los derechos fundamentales a cualquier ser humano que migra, indistintamente de sus motivos: personales, laborales, o incluso, cuando se hace como acto de supervivencia.

Para una efectiva regulación de esos procesos migratorios, el Derecho Migratorio adquiere notoria relevancia, al ser la rama jurídica que establece los procedimientos para regularizarlos, tomando en consideración las diversas causas que llevan a una persona a dejar su país de origen para continuar su vida en otro.

Ahora bien, en Costa Rica, la Ley General de Migración y Extranjería, N^o 8764, es la que determina la calificación que se le asigna a los extranjeros que ingresan al país, haciendo una clara distinción entre los residentes y los no residentes; correspondiendo a la primera de estas categorías la distinción entre los permanentes y los temporales. A ambos se les exige una serie de requisitos para su residencia en el país, atendiendo la condición en que lo hacen; y a todos, de conformidad con el artículo 31 de la citada ley, se les asegura el respeto a los derechos y garantías, tanto individuales como sociales, que se encuentran consagradas en la Constitución Política, con las limitaciones respectivas -por ejemplo, el ejercicio del voto, reservado para ciudadanos costarricenses-.

En caso de que requiera realizar gestiones migratorias para regularizar su permanencia en el país, la de su familia o la de algún colaborador de su empresa, contáctenos, que los abogados de Officium Legal le brindarán una asesoría profesional personalizada, garantizado el éxito del proceso.