Costa Rica se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de América Latina para los inversionistas extranjeros, no solo por su estabilidad política y liderazgo ambiental, sino también gracias a un marco legal que protege fuertemente los derechos de propiedad. Con una economía abierta, más de 400 empresas multinacionales operando localmente y una red eléctrica alimentada casi en su totalidad por fuentes renovables, esta nación centroamericana representa una oportunidad convincente para quienes desean adquirir bienes raíces en el extranjero.
A diferencia de muchos otros países, Costa Rica otorga a los ciudadanos extranjeros prácticamente los mismos derechos que a los nacionales en cuanto a la compra y propiedad de bienes inmuebles. No se requiere residencia ni ciudadanía. Además, los inversionistas que gasten USD $150,000 o más pueden calificar para un permiso de residencia bajo la categoría de “inversionista”. Este beneficio migratorio—combinado con una cultura acogedora y un entorno seguro—ha llevado a muchos ciudadanos estadounidenses y europeos a trasladar sus proyectos, negocios o planes de jubilación a Costa Rica.
Sin embargo, invertir en bienes raíces en el extranjero conlleva desafíos que no deben subestimarse. La falta de familiaridad con las leyes locales puede conducir a errores costosos—o incluso a la pérdida de la inversión. Por eso es esencial comprender los principios del derecho de propiedad en Costa Rica. Si bien los derechos de propiedad están bien establecidos, existen algunas restricciones territoriales que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, dentro de los primeros 50 kilómetros de cualquier frontera nacional, se prohíbe a los extranjeros adquirir terrenos directamente. Asimismo, en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT)—que cubre los primeros 200 metros desde la línea de pleamar—la propiedad está restringida. Los primeros 50 metros son públicos e inalienables; los siguientes 150 metros pueden otorgarse mediante concesión, pero los extranjeros solo pueden poseer hasta el 49% de los derechos, típicamente a través de una sociedad anónima.
La clave para proteger su inversión inmobiliaria en Costa Rica radica en aprovechar el sistema de registro público del país. El Registro Nacional brinda transparencia y autenticidad legal a los derechos de propiedad. Por lo tanto, es fundamental realizar una revisión completa del historial del título de la propiedad, incluyendo cualquier gravamen, hipoteca, demandas pendientes, servidumbres o impuestos municipales y cargas fiscales pendientes. También es importante confirmar el cumplimiento con las regulaciones de uso del suelo y ambientales que puedan afectar el uso o el potencial de desarrollo de la propiedad.
En este contexto, contratar a un abogado inmobiliario no es solo una formalidad—es esencial. El asesor legal desempeña un papel vital desde el inicio: realizando la debida diligencia, revisando el historial legal de la propiedad, verificando que el vendedor esté autorizado y sea legítimo, identificando riesgos legales potenciales y asegurando que el contrato de compraventa cumpla con la ley costarricense. Una vez que el contrato se finaliza y ejecuta como escritura pública ante notario, el abogado se encarga de su presentación al Registro Nacional para su inscripción formal. Este proceso establece legalmente los derechos de propiedad del comprador e incluye el pago de los impuestos de traspaso y timbres gubernamentales aplicables, que en conjunto ascienden típicamente al 2.5% del valor de la propiedad.
Después de la compra, surgen nuevas obligaciones legales. Los propietarios deben pagar un impuesto anual sobre bienes inmuebles al municipio local, equivalente al 0.25% del valor registrado de la propiedad. Este valor debe actualizarse cada cinco años—o siempre que haya un cambio significativo en el valor o la propiedad. Si la propiedad se utiliza para generar ingresos por alquiler, se aplican obligaciones fiscales adicionales. Los propietarios deben elegir entre dos regímenes fiscales: el régimen de renta presunta, que aplica un impuesto fijo del 15% sobre los ingresos brutos por alquiler sin deducciones, o el régimen ordinario, que permite deducciones por gastos relacionados con la generación de ingresos. En cualquier caso, los arrendadores deben emitir facturas electrónicas a los inquilinos, conforme a las leyes locales de transparencia fiscal.
Incluso con el entorno legal favorable a los inversionistas de Costa Rica, los compradores extranjeros a menudo cometen errores evitables. Un error frecuente es omitir el asesoramiento legal independiente o confiar únicamente en el abogado del vendedor—quien puede no priorizar los intereses del comprador. Otros no realizan una auditoría legal completa de la propiedad, ignorando litigios pendientes o restricciones de uso del suelo. Especialmente en zonas costeras, es crucial verificar la validez y fecha de vencimiento de cualquier concesión marítima antes de proceder con la compra.
En conclusión, comprar propiedad en Costa Rica puede ser una inversión segura y gratificante—si se hace correctamente. La protección legal no es un lujo; es la base de cualquier estrategia de inversión internacional exitosa. Una transacción estructurada adecuadamente, respaldada por orientación legal experta y pleno cumplimiento de las leyes de propiedad e impuestos, garantiza no solo la seguridad de su capital, sino también la tranquilidad de disfrutar plenamente su pedazo de paraíso en uno de los países más estables y hermosos de la región.