El desarrollo de actividades en embalses institucionales plantea un desafío particular en Costa Rica, especialmente cuando se trata de áreas catalogadas como zonas de uso restringido. La regulación emitida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de su Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Uso en Terrenos y Desarrollo de Actividades en Embalses Institucionales (Código 60.00.001.2008), establece un marco detallado para gestionar este tipo de solicitudes, respetando la prioridad que tiene la generación hidroeléctrica sobre cualquier otra utilización.
En primer lugar, es fundamental comprender qué significa que una zona sea declarada de "uso restringido". Según el reglamento, estas son áreas específicamente definidas por el ICE debido a razones de seguridad operativa, riesgos para la infraestructura o vulnerabilidad ambiental. En consecuencia, están reservadas exclusivamente para las funciones institucionales, excluyendo actividades de terceros. Esto garantiza que el aprovechamiento de los recursos hídricos continúe sin obstáculos, preservando tanto la generación de energía como el equilibrio ambiental.
Cuando una persona física o jurídica desea emprender una actividad en un embalse del ICE, el primer paso consiste en presentar una solicitud formal ante la Dirección Administrativa de Bienes Inmuebles (DABI). Esta solicitud debe contener información detallada del solicitante, una descripción precisa de la actividad a realizar, los medios de transporte o infraestructura requerida, así como un compromiso expreso de respetar las normas ambientales y asumir cualquier responsabilidad civil derivada de la actividad.
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Ahora bien, el hecho de que la solicitud involucre una área potencialmente restringida implica un análisis adicional. Una vez recibida la petición, la DABI coordina con las áreas técnicas correspondientes para verificar si la zona solicitada forma parte de un espacio reservado. Si la actividad propuesta se ubica en una zona restringida, la posibilidad de obtener autorización es extremadamente limitada, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. La seguridad de las obras de infraestructura y la protección de los recursos naturales siempre tendrán prelación.
En el procedimiento administrativo, la DABI realiza un estudio técnico para valorar el impacto que podría generar la actividad. Este análisis incluye aspectos como la afectación a la operación hidroeléctrica, los posibles daños al medio ambiente y los riesgos de seguridad para terceros. El resultado de este estudio puede ser positivo, negativo o condicionado. Si es favorable, la Subgerencia Administrativa Institucional (SAI) emitirá el dictamen correspondiente, el cual es imprescindible para que el interesado continúe el trámite ante el ente regulador de la actividad específica, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Una particularidad relevante del proceso es que la autorización definitiva no la otorga el ICE, sino el órgano público competente, previo cumplimiento del dictamen positivo emitido por la Institución. El ICE se limita a emitir un criterio técnico que salvaguarde su función constitucional de garantizar la prestación de servicios esenciales como la generación eléctrica. Esto significa que aun contando con autorización de otro ente, si el dictamen del ICE es desfavorable o si la actividad interfiere con una zona de uso restringido, el proyecto no podrá llevarse a cabo.
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El ICE también conserva la potestad de modificar las áreas de uso restringido cuando lo considere necesario para la protección de sus intereses institucionales. Si alguna modificación afecta actividades previamente autorizadas, la DABI debe notificarlo tanto al ente otorgante como al interesado, dejando en claro que estas actividades se realizan "sin perjuicio" de las atribuciones que la Institución se reserva.
Por otro lado, el reglamento establece que cualquier actividad desarrollada sin la debida autorización o en contravención de las condiciones impuestas será susceptible de denuncia y revocatoria inmediata. Incluso, el ICE podrá solicitar formalmente al ente autorizante que anule la licencia concedida, respaldándose en su interés legítimo de proteger el bien público y evitar daños a su infraestructura o medio ambiente circundante.
Un aspecto que no debe pasarse por alto es la obligatoriedad de suscribir una póliza de responsabilidad civil antes de iniciar cualquier actividad, la cual cubre eventuales daños a bienes institucionales o a terceros. Esto subraya el carácter formal y comprometido con el que deben asumirse las actividades en embalses, aun en zonas no restringidas.
En cuanto a la transparencia del proceso, vale la pena mencionar que actualmente no existe un mapa público donde los interesados puedan consultar las áreas de uso restringido en los embalses. La determinación de si una zona está restringida o no se realiza dentro del procedimiento de estudio técnico, caso por caso, conforme a las necesidades institucionales y los criterios de seguridad y protección ambiental.
En conclusión, el trámite de permisos en zonas de uso restringido dentro de embalses administrados por el ICE requiere un manejo técnico cuidadoso, una comprensión profunda del interés público comprometido y un respeto estricto a las normativas vigentes. Cualquier persona o empresa que aspire a desarrollar actividades en estos espacios debe prepararse para cumplir requisitos formales exigentes y someterse al análisis riguroso de las autoridades competentes, entendiendo que el interés de la colectividad prevalece sobre los intereses particulares.
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