Durante los últimos años, muchos trabajadores independientes han recibido notificaciones, fiscalizaciones, ajustes o cobros por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Frente a estas actuaciones, una de las preguntas más frecuentes es: ¿todavía existe alguna forma de cuestionar esos cobros?
La respuesta es sí.
Una reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo estableció dos aspectos de enorme relevancia para los trabajadores independientes:
· La CCSS no puede fundamentar el cálculo de la contribución utilizando las declaraciones del impuesto sobre la renta.
· La Administración no puede imponer cobros retroactivos sobre períodos ya consolidados, desconociendo situaciones que habían adquirido firmeza para el administrado.
Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica?
Si la CCSS se encuentra realizando una fiscalización y pretende utilizar declaraciones de renta como fundamento para determinar diferencias en las cuotas, el trabajador independiente puede cuestionar la legalidad de dicho criterio dentro del procedimiento administrativo y, posteriormente, en sede judicial si se emite un acto desfavorable.
Si recibió una factura o cobro adicional
Cuando la Administración emite un acto final imponiendo diferencias o montos adicionales, ese acto puede ser impugnado por las vías administrativas correspondientes y, agotada esa etapa, mediante un proceso contencioso-administrativo.
En estos casos resulta indispensable analizar el fundamento técnico y jurídico utilizado por la institución para determinar el cobro.
Muchas personas suscribieron arreglos de pago para evitar procesos de cobro o restricciones administrativas.
Sin embargo, la existencia de un arreglo de pago no necesariamente elimina la posibilidad de revisar la legalidad de la deuda que le dio origen. Cada caso debe
analizarse individualmente para determinar el alcance de los derechos que conserva el administrado.
Uno de los escenarios que más consultas genera es el de quienes cancelaron los montos reclamados por la CCSS.
La posibilidad de cuestionar esos pagos dependerá de múltiples factores, entre ellos la situación particular del expediente, los actos emitidos y los plazos aplicables. Por esa razón, resulta fundamental realizar un estudio específico del caso antes de descartar cualquier acción.
La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo no elimina automáticamente todos los cobros ni produce efectos generales para todos los trabajadores independientes.
Sin embargo, sí proporciona argumentos jurídicos relevantes para cuestionar determinadas actuaciones de la Administración, especialmente cuando se han utilizado declaraciones de renta como parámetro de cálculo o cuando se pretende imponer cobros retroactivos.
Por ello, si usted recibió una notificación, una factura adicional, se encuentra en fiscalización, mantiene un arreglo de pago o simplemente desea conocer el estado de su situación ante la CCSS, es recomendable realizar una revisión jurídica de su expediente para identificar las vías de defensa disponibles.
La diferencia entre actuar a tiempo y dejar firme un acto administrativo puede ser determinante para la protección de sus derechos.
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