Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda pública costarricense mantiene una trayectoria sostenible y el país enfrenta un bajo riesgo general de estrés soberano. Sin embargo, el organismo advirtió que la estabilidad fiscal futura podría verse presionada por pasivos contingentes del Estado, especialmente los reclamos financieros que mantiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contra el Gobierno Central.
La advertencia forma parte del más reciente Informe de País No. 26/116, elaborado en el marco de la Consulta del Artículo IV de 2026, en el que el organismo reconoce los avances alcanzados por Costa Rica en materia de consolidación fiscal, pero identifica riesgos estructurales que podrían ejercer presión sobre las finanzas públicas durante los próximos años.
Al cierre de 2025, la deuda del Gobierno Central se ubicó en un 60,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Según las proyecciones del Fondo, el indicador aumentará a 61,1% en 2026 y alcanzará un máximo de 61,4% en 2027, antes de retomar una trayectoria descendente que lo llevaría a 54% del PIB en 2035.
El informe destaca además que Costa Rica incorporó formalmente una meta de deuda dentro de su Marco Fiscal de Mediano Plazo, fijando como objetivo reducir el endeudamiento público hasta el 50% del PIB para 2035.
Pese al incremento previsto para los próximos dos años, el FMI considera que la deuda costarricense permanece en una senda sostenible gracias a la disciplina fiscal aplicada durante los últimos años, particularmente mediante la regla fiscal aprobada en 2018.
Según el organismo, desde la entrada en vigor de esa normativa en 2020, el balance fiscal mejoró en cinco puntos porcentuales del PIB y la deuda del Gobierno Central logró reducirse originalmente en 6,1 puntos porcentuales del PIB. Asimismo, factores como la apreciación del colón, menores tasas de interés locales y operaciones de canje de deuda contribuyeron a reducir el déficit fiscal a 3,4% del PIB durante 2025.
No obstante, el FMI advierte que existen riesgos que no aparecen reflejados directamente en las estadísticas oficiales de deuda y que podrían alterar ese panorama favorable.
Entre ellos destacan los reclamos financieros que mantiene la CCSS contra el Gobierno Central.
Según el informe, la Caja registra reclamaciones equivalentes a un 8,5% del PIB, principalmente relacionadas con obligaciones de atención médica y otros compromisos cuyo pago continúa en disputa entre ambas instituciones. Estos montos se encuentran contabilizados por el Gobierno como pasivos contingentes, es decir, obligaciones potenciales que podrían convertirse en deuda efectiva si las resoluciones administrativas o judiciales así lo determinan.
Al sumar otros pasivos contingentes del sector público, la exposición total ronda el 10% del PIB.
La preocupación coincide con advertencias recientes divulgadas por CRHoy, que señalan que el incumplimiento de obligaciones estatales con la CCSS representa un riesgo no solo para la sostenibilidad financiera de la seguridad social, sino también para la estabilidad de las finanzas públicas nacionales.
Para medir el impacto potencial de este escenario, el FMI realizó una prueba de estrés bajo el supuesto de que el Gobierno tuviera que asumir la totalidad de los pasivos contingentes identificados.
El ejercicio concluyó que la deuda pública aumentaría de forma moderada, aunque las necesidades brutas de financiamiento permanecerían por debajo del umbral considerado crítico del 10% del PIB, lo que evidencia la resiliencia del marco macroeconómico costarricense.
Sin embargo, el Fondo deja claro que la sostenibilidad fiscal de largo plazo dependerá de la capacidad de las autoridades para resolver este tipo de obligaciones pendientes antes de que se conviertan en compromisos definitivos para el Estado.
Además de los riesgos asociados a la CCSS, el FMI recomendó continuar fortaleciendo la gestión de la deuda pública mediante reformas que permitan reducir costos de financiamiento y ampliar las fuentes de recursos del Gobierno.
Entre las medidas sugeridas figura una reforma constitucional que autorice al Poder Ejecutivo a emitir deuda externa de manera más ágil dentro de los límites de endeudamiento aprobados por la Asamblea Legislativa. Asimismo, el organismo considera conveniente que el Congreso mantenga autorizaciones recurrentes para la colocación de eurobonos, con el fin de brindar mayor previsibilidad al manejo financiero del país.
El informe también señala que la deuda externa sigue siendo vulnerable a movimientos bruscos del tipo de cambio. Según las simulaciones realizadas por el Fondo, una depreciación del colón de un 30% podría elevar la deuda externa total hasta un 67,6% del PIB.
A pesar de estas vulnerabilidades, la evaluación general del FMI es positiva. Sin embargo, el organismo enfatiza que los mayores riesgos para las finanzas públicas costarricenses ya no provienen únicamente del déficit fiscal o del acceso a financiamiento internacional, sino también de obligaciones acumuladas dentro del propio Estado que permanecen sin resolver.
Para el FMI, el futuro de la sostenibilidad fiscal costarricense dependerá tanto de mantener la disciplina presupuestaria como de encontrar una solución definitiva a las deudas y reclamos pendientes entre el Gobierno Central y la CCSS, un tema que podría convertirse en uno de los principales desafíos económicos de la próxima década.
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