En Costa Rica, el proceso arbitral se rige por la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley Nº 7727). Los principios rectores del proceso arbitral en Costa Rica incluyen:
- Autonomía de la voluntad: Las partes tienen la libertad de acordar someter sus controversias a arbitraje y de establecer las reglas y procedimientos aplicables al proceso arbitral, siempre y cuando no contravengan la ley.
- Imparcialidad e independencia de los árbitros: Los árbitros deben ser imparciales e independientes, lo que significa que no deben tener ningún vínculo o interés en el conflicto que puedan comprometer su objetividad en la resolución del mismo.
- Igualdad de las partes: Durante el proceso arbitral, todas las partes deben tener igualdad de oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas, así como para impugnar las pruebas y argumentos de la otra parte.
- Confidencialidad: El proceso arbitral es de carácter privado y confidencial, lo que significa que las partes, los árbitros y cualquier otra persona involucrada en el proceso tienen la obligación de mantener en reserva la información relacionada con el arbitraje.
- Economía procesal: El proceso arbitral busca ser eficiente y rápido, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo costos y tiempo en comparación con los procesos judiciales ordinarios.
- Flexibilidad procedimental: Las partes pueden acordar las reglas y procedimientos aplicables al proceso arbitral, lo que permite adaptar el proceso a las necesidades y particularidades de cada caso.
- Efecto vinculante del laudo arbitral: El laudo arbitral, que es la decisión emitida por el árbitro o tribunal arbitral, tiene carácter vinculante y definitivo para las partes, salvo en casos excepcionales donde proceda la anulación o revisión del laudo.
Estos principios buscan garantizar un proceso arbitral justo, eficiente y respetuoso de los derechos e intereses de las partes involucradas. La equidad en el arbitraje se convierte en la piedra angular que sustenta la transparencia y la imparcialidad, asegurando que cada parte sea escuchada y considerada de manera equitativa. La eficiencia del proceso garantiza una pronta resolución de las controversias, evitando largas esperas y costosos procedimientos judiciales. Finalmente, el respeto por los derechos e intereses de todas las partes involucradas promueve un ambiente de colaboración y entendimiento mutuo, fomentando la resolución pacífica de conflictos.
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