La contratación pública en Costa Rica enfrenta un momento crítico tras la aprobación del proyecto de ley 24.215 con 37 votos a favor y apenas 2 en contra. Sin embargo, esta abrumadora mayoría legislativa contrasta con las serias advertencias de la Contraloría General de la República.
En particular, los cambios propuestos a la Ley General de Contratación Pública han encendido las alarmas por sus posibles efectos en la transparencia gubernamental. Además, la Contraloría advierte que esta reforma podría tener consecuencias más graves que la controversial "ley jaguar", especialmente porque permitiría la selección directa de contratistas sin los controles adecuados. Nos encontramos ante una situación que amenaza los principios fundamentales de la gestión de recursos públicos y que requiere nuestra atención inmediata.
Índice
Cambios clave en la Ley General de Contratación Pública para 2025
Modificaciones al artículo 2 sobre exclusiones
Ampliación del ámbito de exclusión para organismos internacionales
Comparación con el marco legal anterior
Mecanismos de fiscalización eliminados con la reforma
Pérdida de transparencia en adjudicaciones directas
Limitaciones al acceso de información pública
Experiencias históricas con contrataciones sin fiscalización
Lecciones no aprendidas de casos anteriores
El Proyecto de Ley N° 24.215 propone modificaciones sustanciales a la Ley General de Contratación Pública (LGCP) que podrían cambiar radicalmente los mecanismos de control en la adquisición de bienes y servicios con fondos públicos. Con una votación favorable de 37 diputados contra apenas 2 en contra, estas reformas han avanzado a pesar de las advertencias de diversos sectores.
La reforma pretende alterar específicamente el inciso e) del artículo 2 de la LGCP, que actualmente excluye únicamente "los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario". La modificación amplía esta exclusión para abarcar todos los "convenios, acuerdos, acuerdos de costo compartido, celebrados con otros estados, organizaciones internacionales, o sujetos de Derecho Internacional Público".
Esta redefinición de exclusiones eliminaría la obligatoriedad de que las contrataciones internacionales cumplan con los procedimientos ordinarios de licitación establecidos en la ley. De hecho, la redacción propuesta permitiría que entidades como la Cruz Roja Costarricense queden también fuera del alcance de estos controles.
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La ampliación del ámbito de exclusión significa que organismos como la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) quedarían exentos de seguir los procedimientos de contratación pública. Este punto resulta particularmente preocupante considerando las críticas que ha recibido UNOPS por "sus pobres resultados, el nulo aporte al país y los altos costos en proyectos contratados con el Estado costarricense".
Según la Contraloría General de la República (CGR), esta reforma "estaría abriendo un portillo legal para la adquisición de bienes, servicios y obras sin concurso". Además, "se eliminarían mecanismos claves de control sobre el uso de recursos públicos", permitiendo que contratos multimillonarios sean adjudicados sin transparencia ni competencia.
Anteriormente, la LGCP establecía exclusiones claramente definidas y limitadas en su artículo 2, incluyendo actividad ordinaria, relaciones de empleo público, empréstitos, y otros aspectos específicos. El modelo actual busca garantizar que las compras públicas se realicen bajo principios de transparencia, valor por el dinero y estrategia, como lo establece el Plan Nacional de Compra Pública.
Sin embargo, con las modificaciones propuestas, ya no se podrían aplicar los principios fundamentales como la publicidad, igualdad e intangibilidad patrimonial en estas contrataciones. A diferencia del régimen anterior, donde existían mecanismos de fiscalización incluso para casos exceptuados, ahora se produciría una "estructura paralela, abriendo una puerta sin retorno" donde la CGR y los tribunales de justicia no podrían ejercer control efectivo.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ha manifestado que, en lugar de modificar el artículo 2, la reforma debería enfocarse en el artículo 3, que regula excepciones a los procedimientos ordinarios sin eliminar los controles, manteniendo así el equilibrio entre flexibilidad y fiscalización que caracterizaba al marco legal anterior.
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Con la reforma propuesta, diversos mecanismos de fiscalización quedarán eliminados, afectando gravemente la integridad del sistema de contratación pública en Costa Rica. Estos cambios dejan importantes vacíos en la supervisión del uso de fondos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR), actualmente designada como "órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública", verá severamente limitadas sus facultades. Anteriormente, la CGR podía "requerir a los entes, los órganos, las personas sujetas a su control, o bien, a asesores externos, las consultas o los requerimientos que estime pertinentes", pero con la reforma, su capacidad de intervención en contratos con organismos internacionales quedará prácticamente anulada.
Además, se elimina la "autorización de contratación directa a cargo de la Contraloría General", basándose en el argumento de que la planificación como pilar fundamental haría innecesario este mecanismo. Sin embargo, esto contradice la obligación constitucional de la CGR de fiscalizar el uso de fondos públicos.
El impacto más grave será en las adjudicaciones directas. La ley general de contratación pública original establecía que "La administración fiscalizará todo el proceso de ejecución", pero la reforma crea un sistema paralelo donde ciertas contrataciones quedarán completamente fuera del escrutinio público.
Esta modificación resulta particularmente preocupante considerando que ya existen deficiencias en la fiscalización. Por ejemplo, un informe reciente encontró que algunas instituciones "no tienen mecanismos de control formalizados y normados para el seguimiento y verificación" y carecen de "procedimientos establecidos para corregir o adicionar órdenes de pedido".
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Por último, la reforma obstaculiza el acceso a información sobre contrataciones. Aunque la recién aprobada Ley Marco de Acceso a la Información Pública establece que "la información en poder de los sujetos obligados se presume pública", las exclusiones propuestas en la reforma a la ley de contratacion publica crean una zona de opacidad.
El sistema digital unificado, que debería "almacenar y poner a disposición, bajo las mejores prácticas y estándares de seguridad, la información de compras públicas", perderá efectividad al no incluir todas las contrataciones del Estado. Por consiguiente, se compromete el principio de transparencia, que exige que "todos los actos que se emitan con ocasión de la actividad de contratación pública deben ser accesibles de manera libre e igualitaria".
Las experiencias pasadas con contrataciones sin fiscalización adecuada en Costa Rica revelan importantes señales de advertencia que no deberían ignorarse. El historial de estos casos demuestra cómo la ausencia de mecanismos de control puede comprometer la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) representa un caso emblemático. A pesar de que UNOPS afirma operar "bajo un marco de cooperación internacional" y aplicar "los más altos estándares de calidad", la realidad muestra problemas significativos. La Contraloría General de la República ha señalado repetidamente las dificultades para auditar estos contratos debido al "marco legal de protección" que genera ser parte de la ONU.
Entre las principales consecuencias documentadas destacan:
En México se documentó una situación similar, donde las compras a través de UNOPS resultaron más opacas que las registradas en su sistema nacional de contrataciones, siendo imposible "conocer los precios unitarios, las cantidades adquiridas por insumo y los documentos".
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La principal lección ignorada es que la transparencia constituye un pilar fundamental para prevenir la corrupción en la contratación pública. Como señalan los expertos, "entre más eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y transparencia, menores posibilidades de cometer actos contrarios a lo debido".
Sin embargo, Costa Rica parece repetir errores históricos. La Contraloría ha advertido que exceptuar de los procedimientos de la ley general de contratación pública las contrataciones con organismos internacionales implicaría un retroceso, pues la experiencia nacional con estas exclusiones "generó vacíos de fiscalización, falta de transparencia y riesgos de irregularidades en el uso de los recursos estatales".
Por otra parte, las herramientas como las Audiencias Públicas y los Pactos de Integridad, que han demostrado ser efectivas para el "monitoreo cívico de las contrataciones públicas", quedarían inutilizadas bajo el esquema propuesto en la reforma a la ley de contratación pública.
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Conclusión
Las modificaciones propuestas a la Ley General de Contratación Pública ciertamente representan un retroceso significativo para la transparencia gubernamental en Costa Rica. Sin duda, la eliminación de controles fundamentales y la reducción del papel fiscalizador de la Contraloría General de la República amenazan con crear un sistema paralelo de contrataciones sin supervisión adecuada.
Las experiencias previas, especialmente el caso UNOPS, demuestran claramente los riesgos de permitir contrataciones sin fiscalización apropiada. Mientras otros países latinoamericanos como Chile y Colombia fortalecen sus sistemas de control y transparencia, Costa Rica parece moverse en dirección contraria con estas reformas.
La evidencia presentada sugiere que estas modificaciones podrían tener consecuencias graves para el manejo de recursos públicos. Por lo tanto, resulta esencial reconsiderar estos cambios y mantener los mecanismos de control que han servido como salvaguarda contra la corrupción y el mal uso de fondos estatales.
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