La razonabilidad del precio no solo influye en la adjudicación de un contrato público, sino también en la prevención de diversos riesgos que podrían poner en peligro la estabilidad de la empresa licitante. Cuando el valor ofertado se fundamenta en criterios objetivos y en la realidad del mercado, se reducen considerablemente las posibilidades de incurrir en sobrecostos o déficits que impacten negativamente las finanzas de la organización.
Para los tomadores de decisión en una compañía, es fundamental comprender que “ahorrar” en un proceso de contratación pública no siempre implica ofrecer el precio más bajo. Si la oferta queda muy por debajo del rango normal, el proyecto podría resultar inviable, generando la posibilidad de incumplimientos y de sanciones contractuales. A su vez, las ofertas excesivamente altas pueden ser descartadas por la Administración, al evidenciar poca competitividad o falta de justificación en la estructura de costos.
La mejor forma de prevenir estos riesgos es establecer un sistema interno que permita monitorear de forma continua el mercado. Ese monitoreo puede incluir bases de datos de precios de bienes y servicios, índices de costos sectoriales e incluso estadísticas de licitaciones anteriores. Con este panorama, la empresa tendrá la ventaja de ajustar sus propuestas de manera ágil, acorde a la evolución de la oferta y la demanda.
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Adicionalmente, es conveniente documentar de forma sistemática la experiencia acumulada en procesos previos. Esto implica registrar las lecciones aprendidas, los errores identificados y las soluciones implementadas, para contar con un referente histórico sólido. Las buenas prácticas internas, sumadas al soporte de profesionales en derecho administrativo, hacen más robusta la estrategia de presentación y justificación de los precios.
Por último, conviene destacar la relevancia de un asesoramiento jurídico especializado para prevenir los riesgos asociados a la falta de razonabilidad en las ofertas. Las implicaciones legales de presentar un precio fuera de los márgenes de tolerancia pueden ir desde la descalificación inmediata hasta la imposición de sanciones. En Officium Legal Abogados nos enfocamos en guiar a nuestros clientes para que cada decisión se tome con información sólida y tomando en cuenta los requisitos normativos. Así, su empresa podrá participar con mayor seguridad en las licitaciones y concursos públicos, reduciendo al mínimo los riesgos y fortaleciendo su credibilidad ante las autoridades competentes.
Estrategias para las empresas al defender la razonabilidad del precio
En la práctica, la defensa de la razonabilidad del precio puede ser un proceso complejo en el que confluyen aspectos técnicos, económicos y legales. Para un tomador de decisiones dentro de la empresa, es de suma importancia adoptar estrategias claras que permitan responder con eficacia a los cuestionamientos de la Administración y, en última instancia, lograr una adjudicación exitosa.
La primera estrategia es la comunicación transparente. Muchas veces, las entidades públicas solicitan aclaraciones sobre la estructura de costos o los criterios utilizados para determinar el valor de la oferta. Responder con datos objetivos y actualizados, basados en análisis de mercado o estudios especializados, puede marcar la diferencia y demostrar que el precio no es arbitrario.
La segunda estrategia consiste en la preparación de expedientes sólidos. Es recomendable armar carpetas o repositorios digitales que incluyan todos los documentos de respaldo: cálculos de costos, cotizaciones de proveedores, proyecciones financieras y cualquier otro elemento que justifique la oferta. De esa manera, la empresa estará lista para aportar las pruebas necesarias en caso de que sea cuestionada la razonabilidad del precio.
En tercer lugar, no hay que descuidar el componente legal. Conocer la normativa aplicable a la contratación pública y las disposiciones sobre verificación de precios permite anticipar posibles objeciones. Por ejemplo, si la ley exige la realización de un segundo estudio de mercado en determinados supuestos, la empresa que posea información actualizada estará en mejor posición de demostrar que su oferta se ajusta a las condiciones reales del sector.
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Por último, la flexibilidad y la adaptación a los lineamientos de la Administración son esenciales. Si el procedimiento exige ajustes o aclaraciones, la compañía debe estar dispuesta a colaborar y, si fuera posible, negociar condiciones que beneficien a ambas partes. Esto no implica ceder en la calidad o en la rentabilidad, sino mostrar apertura para cumplir con los criterios de adjudicación sin perder de vista los objetivos de negocio.
Al final, todas estas estrategias se combinan para reforzar la reputación y la seriedad de la empresa ante los entes públicos. En Officium Legal Abogados, comprendemos los desafíos que enfrentan las organizaciones al defender la razonabilidad de sus precios y trabajamos de la mano con nuestros clientes para que dispongan de la mejor estrategia posible ante las autoridades, mitigando riesgos y garantizando una gestión eficiente de sus proyectos.
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