El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE Costa Rica) acaba de declarar "desierto e infructuoso" el ambicioso proyecto de implementación de infraestructura 5G valorado en $125 millones. Este anuncio representa un golpe significativo para nuestras aspiraciones tecnológicas nacionales. La licitación, publicada oficialmente el 8 de noviembre de 2023, enfrentó múltiples obstáculos legales que finalmente paralizaron su avance.
Nos encontramos ahora ante una situación preocupante para ICE, especialmente considerando que la imposibilidad de aprovechar la infraestructura 4G existente podría multiplicar hasta por 10 los costos de la nueva red. Además, esta tecnología 5G prometía proporcionar conectividad inalámbrica más rápida, confiable y versátil en comparación con su predecesora 4G LTE. Sin embargo, las acciones legales, incluyendo un recurso constitucional presentado por la Federación Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del ICE contra el Decreto 44196-MSP-MICITT, complicaron significativamente el proceso.
En este artículo, analizaremos a fondo las razones del fracaso de este importante proyecto tecnológico, los obstáculos que enfrentó y las consecuencias que tendrá para el futuro de las telecomunicaciones en nuestro país.
El proyecto 5G del ICE: una promesa de $125 millones
En noviembre de 2023, el Instituto Costarricense de Electricidad lanzó oficialmente un ambicioso proyecto de implementación 5G mediante el proceso 2023XE-000023-0000400001 en el Sistema de Compras Integradas (Sicop). Esta iniciativa contemplaba una inversión de CRC 63.764,47 millones para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la nueva red, con un plazo de ejecución de 4 años operando sobre la banda media de 2600 MHz.
La licitación generó interés entre varios proveedores tecnológicos internacionales. Cuatro empresas presentaron propuestas formales: Huawei Technologies de forma individual, Ericsson AB, el Consorcio GBM-Mavenir-Contact Sites y el Consorcio Datasys Group-OSC Telecoms. Las ofertas económicas mostraron una variación considerable, desde los CRC 4.997 millones de Huawei hasta los CRC 47.314 millones de Datasys, representante de Nokia.
Para financiar esta transformación tecnológica, ICE Costa Rica había recibido una carta de interés del EXIM Bank de Estados Unidos, ofreciendo una línea de crédito de hasta CRC 153.034,73 millones destinada específicamente para proyectos 5G. Además, el gobierno estableció como requisito que los proveedores participantes debían provenir de países firmantes del Convenio de Budapest sobre ciberseguridad, una condición que generó controversia al excluir potencialmente a empresas chinas.
Paralelamente, Radiográfica Costarricense (Racsa), filial del ICE, había adjudicado a la finlandesa Nokia un contrato por CRC 15.303,47 millones para infraestructura complementaria. Esta estrategia de mercado dividía responsabilidades: ICE Costa Rica Electricidad se enfocaría en servicios masivos móviles, mientras Racsa atendería el sector empresarial e industrial.
El proyecto 5G representaba para Costa Rica una oportunidad histórica de impulsar la innovación, competitividad y bienestar nacional. Esta tecnología prometía velocidades hasta 100 veces superiores a la red 4G existente, con tiempos de respuesta de apenas milisegundos, facilitando avances en telemedicina, Internet de las Cosas, vehículos autónomos y realidad virtual, entre otras aplicaciones.
Obstáculos legales y políticos que frenaron el avance
Desde el inicio, múltiples barreras legales y políticas han entorpecido el desarrollo del proyecto 5G de ICE Costa Rica. El principal obstáculo surgió en agosto de 2023 cuando el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo N° 44196-MSP-MICITT, que estableció un reglamento de ciberseguridad exigiendo que los proveedores de redes 5G provinieran de países firmantes del Convenio de Budapest. Este requisito automáticamente excluyó a empresas chinas como Huawei, ya que China no ha ratificado dicho convenio.
En respuesta, Huawei presentó un recurso judicial contra el decreto, argumentando que violaba la libre competencia e igualdad de participación en concursos públicos. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la solicitud de medida cautelar de Huawei. Paralelamente, el Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE también presentó una medida cautelar contra el reglamento, la cual fue admitida provisionalmente, generando una suspensión en el proceso de contratación pública.
La controversia se intensificó cuando la embajada china en Costa Rica emitió un comunicado afirmando que la exclusión "va en contra de las reglas de mercado y al principio de competencia leal", añadiendo que esto violaba los acuerdos bilaterales como el TLC y el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones.
A pesar de cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto, la Sala Constitucional rechazó dos de ellas y dio curso a una tercera en diciembre de 2024. En enero de 2025, la Procuraduría General de la República recomendó rechazar esta acción, argumentando que no presentaba "vulneración trascendente al orden constitucional".
Además, en febrero de 2024, el FIT solicitó una medida cautelar (expediente 24-001014-1027-CA) que suspendió tanto el reglamento como la licitación del ICE. Esta situación de bloqueo legal se extendió durante cinco meses, lo que provocó que el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, hiciera un llamado público al juez para que resolviera urgentemente el caso.
Finalmente, después de 18 meses de obstáculos legales y políticos, ICE Costa Rica Electricidad declaró "desierto" el concurso para la implementación de la red 5G, evidenciando cómo las disputas jurídicas y diplomáticas terminaron por frustrar un proyecto tecnológico crucial para el país.
Consecuencias del fallo para ICE Costa Rica Electricidad
La declaración de "desierto" del proyecto 5G del ICE ha desencadenado serias repercusiones financieras y estratégicas para la institución. Los directivos del ICE han advertido que la demora podría generar pérdidas cercanas a CRC 147.423,46 millones en un período de cuatro a cinco años. Sin embargo, la crisis va más allá de lo económico.
La auditora general del ICE, Ana María Machuca, alertó que kölbi podría quedar fuera del mercado de telecomunicaciones para el próximo año si no implementa la tecnología 5G, mientras los operadores privados avanzan con éxito en sus propias implementaciones. Esta situación coloca al ICE en clara desventaja competitiva.
Desde el punto de vista técnico, la decisión resultó paradójica. El ICE descartó la opción Non-Stand Alone (NSA), que hubiera permitido aprovechar la infraestructura existente a un costo aproximadamente nueve veces menor que la alternativa Stand Alone (SA). Implementar una red completamente nueva sin utilizar la base instalada le costaría al ICE entre un 897% y 997% más.
A nivel nacional, el impacto económico es igualmente preocupante. Según estimaciones, la tecnología 5G podría contribuir a la economía costarricense con un aumento equivalente al 8,4% del PIB. Una demora de cuatro años podría significar la pérdida de casi la mitad de este potencial crecimiento económico.
La auditoría interna del ICE ha revelado otras irregularidades preocupantes, señalando "tráfico de influencias en los nombramientos de puestos clave" e "interferencias políticas en decisiones técnicas y comerciales". Además, advierte sobre la "falta de idoneidad en la gestión del negocio de Telecomunicaciones".
Mientras tanto, ICE planeó secretamente con Radiográfica Costarricense un costoso plan alternativo para implementar 5G que resultaría hasta un 404% más caro que la opción más económica de la licitación cancelada. Esta propuesta obligaría al ICE a pagar CRC 274.952,40 mil mensuales a Racsa durante 10 años para llevar el 5G a apenas 600 mil usuarios móviles.
Asimismo, los expertos en telecomunicaciones señalan que la decisión de no aprovechar la infraestructura existente contradice las tendencias internacionales, donde la mayoría de los países han optado por implementar 5G rápidamente mediante soluciones NSA, dejando para una fase posterior la transición completa.
Conclusión
El fracaso del proyecto 5G del ICE sin duda representa un punto de inflexión para las telecomunicaciones en Costa Rica. Después de analizar los múltiples obstáculos legales, evidentemente las consecuencias se extenderán mucho más allá del ámbito institucional.
La decisión de declarar desierta la licitación, junto con el rechazo a aprovechar la infraestructura 4G existente mediante soluciones NSA, coloca a kölbi en una posición extremadamente vulnerable frente a competidores privados. Ciertamente, las pérdidas proyectadas de CRC 147.423,46 millones durante los próximos años podrían ser apenas el comienzo de un deterioro progresivo.
Las revelaciones sobre posible tráfico de influencias e interferencias políticas agravan aún más este panorama. Además, el plan alternativo secreto entre ICE y Racsa resulta cuestionable considerando su costo excesivamente elevado para una cobertura limitada.
A nivel nacional, las consecuencias son igualmente preocupantes. El potencial aporte del 8,4% al PIB que representaba esta tecnología queda ahora en suspenso. Mientras tanto, otros países de la región avanzan rápidamente en la implementación 5G mediante soluciones prácticas y económicamente viables.
Esta crisis nos lleva a cuestionarnos: ¿Podrá ICE Costa Rica recuperarse de este tropiezo tecnológico? ¿O estamos presenciando el principio del fin para un actor histórico en nuestras telecomunicaciones?
La respuesta dependerá fundamentalmente de la capacidad institucional para aprender de estos errores y adoptar decisiones técnicas basadas en criterios de eficiencia y no en intereses particulares. Por encima de todo, necesitamos transparencia absoluta en los próximos pasos que tome la institución para intentar recuperar el terreno perdido en esta carrera tecnológica que, lamentablemente, ya hemos empezado con considerable desventaja.
Si desea conocer más sobre Contratacion Pública puede seguirnos en nuestras redes sociales como Officium Legal. También puede suscribirse a nuestro newsletter para recibir nuestros último artículos de primera mano.
Lic. Andrés Umaña L
Officium Legal
