En el régimen actual de la contratación pública, la integridad emerge como un pilar fundamental para garantizar procesos transparentes y equitativos. En nuestro país, la implementación de la LGCP y sus reglamentos ha puesto de relieve la importancia de este principio, alineándose con las tendencias globales de promover prácticas éticas y responsables en el uso de fondos públicos. Este breve comentario plantea cómo la integridad se ha convertido en el eje central del nuevo modelo de contratación pública en el país, analizando sus implicaciones y los desafíos que enfrenta su implementación efectiva.
Índice
La LGCP incorpora explícitamente el principio de integridad en sus disposiciones. Este marco legal busca asegurar que todas las partes involucradas en los procesos de contratación actúen con honestidad, buena fe y responsabilidad, priorizando siempre el interés público. La normativa establece lineamientos claros para funcionarios públicos y agentes económicos, promoviendo una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
El artículo 8 de dicha Ley, dispone en lo que interesa: “Los principios que informan la contratación pública son los siguientes: a) Principio de integridad: la conducta de todos los sujetos que intervengan en la actividad de contratación en la que medien fondos públicos se ajustará al cumplimiento de las normas y los valores éticos, entre ellos, la honestidad, la buena fe, la responsabilidad y el respeto, prevaleciendo en todo momento el interés público.” Así como el artículo 19 de la misma Ley, señala: “ARTÍCULO 19- Principios y garantías del sistema. El sistema digital unificado garantizará los principios de publicidad, transparencia, seguridad, integridad, no repudio y neutralidad tecnológica de cada uno de los procedimientos, documentos e información relacionados con dichos procesos de compras; así como cumplir con lo establecido en la Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, de 30 de agosto de 2005. (…) La Dirección de Contratación Pública deberá regular la forma de acceso a esta información, así como tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad e inmodificabilidad y de igual manera deberá verificar que el sistema digital unificado permita la más amplia participación y ofrezca facilidades de búsqueda y consulta para el ciudadano”
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La integridad en la contratación pública implica más que simplemente cumplir con las leyes y regulaciones; se trata de fomentar una cultura de ética y responsabilidad en todas las interacciones entre el sector público y los proveedores. Este enfoque se centra en varios principios clave:
La Dirección de Contratación Pública, en la resolución MH-DCoP-OF-0316-2024, abordó el tema de la integridad, vinculado a los principios de libre concurrencia y competencia leal, en los siguientes términos: “La restricción en la participación de las personas (físicas o jurídicas) que prevé el artículo 49 de la LGCP, refiere a que en un mismo procedimiento de contratación, la persona podrá participar una sola vez bajo una condición, para citar un ejemplo si participa como oferente no podría participar paralelamente como subcontratista de otro oferente ni presentar una oferta conjunta; en ese sentido, se entiende que las diferentes condiciones en las que podría participar una persona en un procedimiento de contratación son excluyentes, toda vez que tanto el citado artículo como su concordante, el artículo 126 del RLGCP señalan que: “(…) Una persona física o jurídica únicamente podrá figurar para un mismo concurso en una oferta ya sea como subcontratista, oferente individual o participar de forma conjunta o consorciada. La condición anterior también resultará aplicable a las personas físicas o jurídicas que conformen un mismo grupo de interés económico (…)” Esta restricción de la participación encuentra sustento, como se mencionó anteriormente, en el principio de integridad y libre concurrencia, es así como el artículo 49 citado establece las reglas para evitar conflictos de interés, asegurar la transparencia y la competencia leal de los intervinientes en los procedimientos de contratación pública, siendo lo anterior, acorde con la obligación de que actúen de manera ética, evitando realizar acuerdos colusorios y prácticas anticompetitivas.”
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Implementar un modelo de este tipo centrado en la integridad presenta varios desafíos. Uno de los principales es el cambio cultural necesario dentro de las instituciones públicas. La resistencia al cambio puede ser significativa, especialmente en organizaciones donde las prácticas opacas han sido la norma durante mucho tiempo. Para superar esto, es crucial contar con el compromiso de liderazgo a todos los niveles, desde los altos funcionarios hasta el personal operativo.
La capacitación continua es otra estrategia esencial. Los funcionarios deben estar bien informados sobre las leyes y políticas actuales, así como sobre las mejores prácticas internacionales en la materia . Esto no solo mejora el cumplimiento normativo, sino que también fortalece la capacidad de los funcionarios para identificar y mitigar riesgos de corrupción.
Además, el uso de tecnología avanzada puede facilitar la implementación de prácticas de integridad. Las soluciones digitales, como los sistemas de gestión de contratos y las plataformas de licitación electrónica, pueden mejorar la eficiencia y reducir las oportunidades de corrupción al automatizar y estandarizar procesos.
El compliance se refiere a la adopción de políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las normas legales y éticas. En Costa Rica, la figura del "Compliance Officer" se ha vuelto cada vez más relevante, encargándose de supervisar el cumplimiento de las normas de integridad y proponer mejoras continuas en los procesos.
Un programa de compliance efectivo debe incluir la evaluación de riesgos, la capacitación del personal, la implementación de controles internos robustos y la creación de canales de denuncia seguros y confidenciales. Estos elementos no solo ayudan a prevenir la corrupción, sino que también promueven una cultura de integridad en toda la organización.
El Oficial de Cumplimiento, también conocido como "Compliance Officer", desempeña un papel importante en este régimen, especialmente en un contexto donde la integridad y la transparencia son fundamentales para asegurar la confianza en las instituciones públicas. A continuación, detallamos algunas de las razones por las cuales esta figura es de suma importancia:
El Oficial de Cumplimiento se encarga de que la organización cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, lo cual es esencial para evitar sanciones legales y mantener la legitimidad de los procesos . Esta función implica la revisión constante de las normativas vigentes y la actualización de políticas internas para asegurar su alineación con los requisitos legales. Además, el Oficial de Cumplimiento debe trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos para integrar el cumplimiento normativo en todas las actividades de la organización, promoviendo una cultura de cumplimiento que permea todos los niveles jerárquicos.
El rol del Oficial de Cumplimiento es crucial en la implementación de estrategias preventivas contra la corrupción, un problema que puede afectar gravemente la integridad de la contratación pública. Mediante la identificación de riesgos y la implementación de controles internos, el Oficial de Cumplimiento actúa como una barrera contra prácticas corruptas. Esto incluye la realización de evaluaciones de riesgo periódicas, el establecimiento de procedimientos de diligencia debida para evaluar a los proveedores y la promoción de un entorno de trabajo donde se valore la transparencia. Al prevenir la corrupción, se protege no solo la reputación de la organización, sino también los intereses públicos.
El Oficial de Cumplimiento desempeña un papel vital en la creación y mantenimiento de una cultura organizacional que valora la ética y la integridad. A través de programas de capacitación y concientización, este profesional educa a los empleados sobre la importancia de adherirse a los valores éticos y las políticas de la organización. Estas iniciativas ayudan a establecer un estándar de comportamiento esperado y a fomentar un ambiente en el que los empleados se sientan capacitados para tomar decisiones éticas. Además, la promoción de la integridad ayuda a fortalecer la confianza entre la organización y sus partes interesadas, incluyendo proveedores y el público en general.
El Oficial de Cumplimiento actúa como un supervisor interno, asegurando que las políticas y procedimientos se implementen de manera efectiva. Esto incluye la realización de auditorías internas para evaluar la conformidad y la eficacia de los controles establecidos. Al identificar deficiencias o áreas de mejora, el Oficial de Cumplimiento puede recomendar cambios que fortalezcan los procesos de la organización. Este rol de supervisión es esencial para garantizar que la organización no solo cumpla con las normativas externas, sino que también mantenga altos estándares internos de operación. La supervisión continua ayuda a mitigar riesgos y a mejorar la eficiencia operativa.
El establecimiento de canales de comunicación seguros y confidenciales es una de las responsabilidades clave del Oficial de Cumplimiento. Estos canales permiten a los empleados reportar irregularidades o violaciones de políticas sin temor a represalias, fomentando un ambiente de transparencia y confianza. El Oficial de Cumplimiento debe garantizar que estos mecanismos sean accesibles y conocidos por todos los empleados, promoviendo una cultura de apertura y responsabilidad. Además, es responsable de investigar las denuncias de manera imparcial y de asegurar que se tomen medidas correctivas adecuadas. Este proceso es importante para detectar problemas y mantener la integridad organizacional.
El Oficial de Cumplimiento no solo se centra en el cumplimiento operativo, sino que también actúa como asesor estratégico para la alta dirección. Su conocimiento de las regulaciones y las mejores prácticas le permite proporcionar orientación sobre cómo integrar el cumplimiento en la estrategia general de la organización. Esto incluye la identificación de oportunidades para mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos de contratación, así como la anticipación de cambios regulatorios que puedan afectar a la organización. Al asesorar a la dirección, el Oficial de Cumplimiento ayuda a alinear las operaciones con los objetivos estratégicos y a asegurar un enfoque proactivo hacia el cumplimiento.
El entorno regulatorio está en constante evolución, y el Oficial de Cumplimiento es esencial para asegurar que la organización se mantenga al día con estos cambios. Esto implica monitorear las nuevas leyes y regulaciones, evaluar su impacto potencial en las operaciones de la organización y ajustar las políticas y procedimientos en consecuencia. La capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios regulatorios no solo ayuda a evitar sanciones legales, sino que también mejora la resiliencia de la organización frente a un entorno cambiante. Además, esta adaptabilidad demuestra el compromiso de la organización con el cumplimiento y la integridad, fortaleciendo su reputación ante las partes interesadas.
En este tipo de procesos la integridad es un objetivo alcanzable, pero requiere un esfuerzo concertado de todos los actores involucrados. En Costa Rica, el fortalecimiento de este principio puede transformar la manera en que se gestionan los recursos públicos, asegurando que se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los ciudadanos.
Para avanzar en esta dirección, es fundamental continuar desarrollando y perfeccionando el marco normativo, asegurando su correcta implementación y fomentando una cultura de integridad en todas las instituciones públicas. Además, la colaboración entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado es crucial para compartir experiencias, identificar mejores prácticas y promover la transparencia y la responsabilidad.
En última instancia, la integridad en la contratación pública no solo mejora la eficiencia y la efectividad de los procesos, sino que también fortalece la democracia al aumentar la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Costa Rica tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando que es posible gestionar los recursos públicos de manera ética y responsable, en beneficio de toda la sociedad.
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