Una empresa identifica una licitación que puede ejecutar. Cuenta con la tecnología, el personal y la capacidad operativa. Al revisar el pliego, advierte que le falta una referencia específica. Otra sociedad del mismo grupo económico sí dispone de ese antecedente.
La primera reacción puede ser descartar la participación: ambas empresas comparten propietario o representante y se presume que, por esa razón, tienen prohibido consorciarse.
La posibilidad de participar merece un análisis más preciso. Debe examinarse cómo concurrirán las empresas, qué requisitos aportará cada una y de qué manera quedará acreditado su cumplimiento. Confundir estas cuestiones puede provocar tanto una exclusión improcedente como la presentación de una oferta insuficientemente respaldada.
Indice
Un precedente directamente aplicable
El acuerdo consorcial debe explicar cómo funcionará la propuesta
Una decisión comercial que conviene respaldar antes de ofertar
El artículo 48 de la Ley General de Contratación Pública reconoce las ofertas en consorcio y establece su responsabilidad solidaria. Por su parte, el artículo 49 dispone que una persona física o jurídica únicamente puede figurar en una oferta dentro del mismo concurso, como oferente individual, subcontratista o participante conjunto o consorcial. Esa limitación también alcanza a quienes integran un mismo grupo de interés económico.
La lectura de ambas disposiciones exige distinguir la integración de varias empresas en una propuesta y la concurrencia del grupo mediante ofertas diferentes.
Para quien dirige una empresa, esta distinción tiene una consecuencia práctica: antes de descartar la licitación por la existencia de vínculos societarios, corresponde verificar la estructura de participación que permite el ordenamiento.
El análisis tampoco debe agotarse en revisar los nombres de los oferentes. Conviene identificar a las sociedades vinculadas que intervendrán en el procedimiento y las funciones que asumirán. Una decisión comercial tomada por separado en distintas empresas del grupo puede generar una situación que el equipo encargado de preparar la oferta desconozca.
Un precedente directamente aplicable
La resolución R-DCP-SICOP-00283-2025, del 17 de febrero de 2025, ofrece una respuesta concreta.
En una contratación de servicios de limpieza, el Ministerio de Educación Pública cuestionó una oferta consorcial por la representación y propiedad comunes de sus integrantes. La Contraloría interpretó el artículo 49 y determinó que la prohibición se refiere a participar en más de una oferta. Al existir una única propuesta consorcial, acogió el recurso en ese extremo.
Su razonamiento respondió al cuestionamiento de elegibilidad sometido a decisión. Por ello, constituye un precedente pertinente para defender una participación con características semejantes.
Supóngase una contratación de facturación electrónica. Una sociedad dispone de referencias institucionales y capacidad para procesar un volumen elevado de comprobantes. Otra cuenta con experiencia en el sector específico exigido por la Administración.
La complementariedad merece estudiarse. Sin embargo, todavía falta establecer si los antecedentes de ambas sociedades satisfacen las condiciones del concurso.
El artículo 125, inciso d), del Reglamento permite formar consorcios para cumplir y fortalecer los requisitos del pliego. También exige precisar cuáles condiciones deben cumplir los integrantes individualmente y cuáles el consorcio. El artículo 127 contempla que, ante la omisión del pliego, se identifique un integrante que cumpla el mínimo requerido para al menos uno de los aspectos evaluados y que, entre todos, se satisfaga la totalidad de las condiciones.
La resolución R-DCP-SICOP-00441-2024, del 2 de abril de 2024, desarrolla esta materia: corresponde a la Administración definir y motivar la forma de acreditar los requisitos, y el acuerdo consorcial debe reflejar los aportes de sus integrantes.
En consecuencia, la revisión debe hacerse requisito por requisito. Recomiendo relacionar cada cláusula con la empresa que la acreditará, el documento correspondiente y la función que asumirá durante la ejecución. Ese ejercicio permite detectar vacíos antes de comprometer recursos en la preparación de la propuesta.
El acuerdo consorcial debe explicar cómo funcionará la propuesta
Una vez definida la complementariedad, debe documentarse con precisión.
Los artículos 128 y 129 del Reglamento establecen responsabilidad solidaria y regulan un acuerdo que identifique representación, aportes, obligaciones y duración.
Desde la preparación de la oferta, conviene que ese documento permita comprender quién aporta la plataforma, quién atiende la implementación, quién presta soporte y cómo se coordinan las obligaciones. El reparto debe guardar coherencia con los antecedentes y recursos invocados.
Una cláusula genérica según la cual cada empresa aportará “lo necesario” deja abiertas preguntas que pueden evitarse. Lo mismo ocurre si se presenta experiencia especializada de un integrante, pero su intervención contractual queda sin explicación.
Además, recomiendo revisar los efectos internos de la responsabilidad asumida: decisiones, pagos, atención de incumplimientos y continuidad del servicio. Estos acuerdos requieren una conversación empresarial previa, especialmente cuando las obligaciones frente a la Administración comprometen a ambas sociedades.
Una decisión comercial que conviene respaldar antes de ofertar
Para valorar una participación de esta naturaleza, propongo resolver cuatro cuestiones desde el inicio:
- ¿Cómo participarán las empresas vinculadas dentro del procedimiento?
- ¿Qué requisito acreditará cada integrante y con qué respaldo?
- ¿Qué obligaciones asumirá cada empresa durante la ejecución?
- ¿La oferta técnica, económica y el acuerdo consorcial describen una misma solución?
Las respuestas permiten decidir si existe una estructura defendible, qué documentación falta y qué condiciones del pliego requieren atención.
También ayudan a dirigir los recursos de la empresa. Antes de destinar horas del equipo técnico, solicitar garantías o negociar compromisos de ejecución, conviene conocer los obstáculos reales de elegibilidad.
El acompañamiento jurídico aporta valor cuando convierte esas preguntas en decisiones concretas: participar, ajustar la estructura, completar la prueba o reconsiderar el concurso. Esa revisión también facilita que el área comercial explique internamente la oportunidad y sus condiciones.
Si su grupo empresarial está valorando una oferta consorcial, pueden contactarnos para revisar el pliego, los antecedentes disponibles y la distribución de obligaciones. El objetivo es determinar, antes de presentar la propuesta, si la estructura elegida permite competir con respaldo jurídico y documental.
En Officium Legal brindamos asesoría en Contratación Pública para analizar la participación de empresas vinculadas en consorcio, revisar los requisitos del pliego y estructurar ofertas con respaldo jurídico y documental.
