Un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona (fideicomitente) transfiere bienes o recursos a una entidad fiduciaria para que esta los administre o invierta con un fin específico en beneficio de un tercero (fideicomisario).
En el ámbito de la contratación pública, los fideicomisos suelen emplearse para ejecutar proyectos complejos, como infraestructura, vivienda o gestión de programas sociales, ya que permiten centralizar recursos y decisiones bajo un marco específico de gestión, convirtiéndose en una herramienta clave en la administración tanto de recursos, como de proyectos en esta materia.
En Costa Rica, la Ley General de Contratación Pública No. 9986, regula su uso, estableciendo principios y límites claros para garantizar la transparencia, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, a su vez, establece disposiciones específicas, con énfasis en los siguientes aspectos:
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El uso de fideicomisos en la contratación pública presenta ventajas significativas, como lo son la flexibilidad operativa, permitiendo ejecución de proyectos complejos con menor rigidez administrativa, lo cual se realiza a través de una entidad fiduciaria que aporta sus conocimientos y experiencia en la gestión de los recursos, lo que puede dar como resultado, asegurar el cumplimiento de la estructura y garantizar los fines para los cuales fue propuesto.
Dentro del ámbito de aplicación y uso en Contratación Pública de los Fideicomisos, podemos encontrar los siguientes ejemplos:
1. Fideicomiso para la construcción de infraestructura educativa: Un ejemplo exitoso en Costa Rica ha sido el uso de fideicomisos para la construcción de centros educativos. En este caso, el Estado actúa como fideicomitente, transfiriendo los fondos necesarios a un fideicomiso administrado por una entidad financiera. La entidad fiduciaria se encarga de contratar a las empresas constructoras y supervisar el cumplimiento del contrato. Este esquema permite acelerar los procesos y asegurar la ejecución de los proyectos conforme a las normas establecidas.
2. Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura vial: Otro ejemplo relevante es el fideicomiso creado para la construcción y mantenimiento de carreteras. Mediante esta figura, se logra separar los recursos asignados al proyecto del presupuesto general, lo que facilita la planificación a largo plazo y asegura que los fondos sean destinados exclusivamente a los fines establecidos en el contrato de fideicomiso.
El uso de fideicomisos en contratación pública encuentra su marco legal en diversos artículos de la LGCP y su Reglamento, que regulan aspectos clave como la transparencia, la rendición de cuentas y la contratación de obras y servicios. A continuación, se destacan los puntos más relevantes:
1. Transparencia y control (Artículos 6 y 7 de la LGCP) Estos artículos establecen los principios de transparencia y probidad en la gestión de recursos públicos. El fideicomiso, al ser administrado por un fiduciario independiente, permite cumplir con estos principios, ya que las decisiones son auditadas y documentadas de forma detallada.
2. Procesos de contratación (Artículos 34 y 35 de la LGCP) Estos artículos regulan los procedimientos para la contratación de obras y servicios. El fiduciario debe seguir los mismos principios y procedimientos establecidos en la LGCP, garantizando que las contrataciones se realicen de manera competitiva y eficiente.
3. Rendición de cuentas (Artículo 50 del Reglamento) El Reglamento complementa la LGCP al exigir que los fideicomisos rindan cuentas periódicamente. Esto incluye la presentación de informes financieros y operativos que aseguren la correcta administración de los recursos públicos.
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El fideicomiso es una herramienta poderosa para la contratación pública en Costa Rica, especialmente en proyectos que demandan eficiencia y transparencia. Con el respaldo de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, este instrumento puede ser clave para mejorar la gestión de recursos públicos y ejecutar proyectos de gran impacto social. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación adecuada y un monitoreo riguroso, que garanticen el cumplimiento de los principios que lo rigen.
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