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El Compliance en la contratación pública en nuestro país
La noción moderna de "Compliance" (cumplimiento normativo) se asienta en la necesidad de las organizaciones de garantizar la observancia tanto de las leyes y regulaciones aplicables, como de principios éticos en su actividad cotidiana. Su consolidación como función clave dentro de las empresas puede situarse históricamente en el contexto de los Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980, un periodo marcado por escándalos corporativos que pusieron de manifiesto la carencia de controles internos robustos.
Uno de los hitos normativos fundamentales fue la promulgación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en 1977, en respuesta a casos de soborno internacional que salieron a la luz, como los relacionados con la industria aeronáutica y el escándalo Lockheed. El FCPA estableció exigencias estrictas para las compañías estadounidenses, incluyendo la prohibición de pagos corruptos a funcionarios extranjeros, la obligación de mantener registros contables precisos y la implementación de controles internos para prevenir y detectar estas irregularidades.
A lo largo de los años, el concepto de Compliance se ha fortalecido y ampliado, incorporando no solo el cumplimiento anticorrupción, sino también áreas como la prevención de prácticas anticompetitivas, el lavado de dinero, el fraude contable, las violaciones medioambientales, así como la protección de datos personales y derechos del consumidor. Además, la emisión de directrices como las Sentencing Guidelines de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos (1991) favoreció la elaboración de programas de cumplimiento más formales.
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En la actualidad, esta función se ha internacionalizado y profesionalizado, siendo un componente imprescindible en la estructura de gobierno corporativo de empresas de diversa índole y sectores, y expandiéndose a numerosas jurisdicciones que han adoptado sus propios marcos legislativos y regulatorios inspirados en la experiencia estadounidense, convertiéndose en una práctica esencial para salvaguardar la integridad, la reputación y la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. Este marco normativo exigió a las empresas implementar sistemas de control interno y programas de cumplimiento para prevenir prácticas corruptas y garantizar la integridad en sus operaciones. Así, surgió la figura del "Compliance Officer", encargado de supervisar el cumplimiento de estas normativas y fomentar una cultura ética dentro de las organizaciones.
Con el tiempo, la importancia del "Compliance" se extendió más allá de Estados Unidos, alcanzando a Europa y otras regiones del mundo. La globalización de los mercados y el aumento de regulaciones internacionales impulsaron a las empresas a adoptar programas de cumplimiento normativo para evitar sanciones legales y proteger su reputación. En Europa, la implementación de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) en 2004 reforzó esta figura en el sector financiero, estableciendo requisitos estrictos para la transparencia y la protección del inversor.
Hoy en día, el "Compliance" es una función esencial en organizaciones de diversos sectores, tanto públicos como privados. Su evolución ha llevado a un enfoque más integral que abarca no solo el cumplimiento de leyes y regulaciones, sino también la promoción de estándares éticos y de responsabilidad social corporativa.
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El "Compliance" en la contratación pública costarricense se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la integridad y la transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Este enfoque se alinea con las mejores prácticas internacionales y responde a la necesidad de prevenir la corrupción y asegurar la competencia leal entre los licitantes.
En Costa Rica, el marco normativo que regula la contratación pública se encuentra principalmente en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Esta legislación establece la obligación de los entes contratantes de ajustar sus prácticas a los más altos estándares de ética, probidad, integridad y buena fe. En este contexto, los programas de "Compliance" se presentan como herramientas fundamentales para promover una cultura de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
La implementación de dichos programas en la contratación pública implica la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de las normas legales y éticas por parte de todos los actores involucrados. Estos programas deben incluir políticas claras de prevención de conflictos de interés, mecanismos de detección y sanción de prácticas corruptas, y la promoción de un ambiente de transparencia y responsabilidad.
Un aspecto clave en este marco es la gestión de riesgos. Esto requiere la identificación y evaluación de los riesgos inherentes a los procesos de contratación, así como la implementación de controles adecuados para mitigarlos. La gestión de riesgos no solo ayuda a prevenir la corrupción, sino que también mejora la eficiencia y la efectividad de los procesos de contratación.
La transparencia es otro pilar fundamental del "Compliance". La publicación de información clara y accesible sobre los procesos de licitación y adjudicación es crucial para garantizar la igualdad de oportunidades entre los licitadores y para fomentar la confianza del público en las instituciones. En Costa Rica, el uso de plataformas electrónicas para la difusión de esta información ha sido un avance significativo en este sentido (Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
Además, la profesionalización de los funcionarios encargados de la contratación pública es esencial para asegurar la implementación efectiva de los programas de "Compliance". Esto implica la capacitación continua en temas de ética, normativas y mejores prácticas internacionales, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la gestión de los procesos de contratación.
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En este contexto la colaboración entre el sector público y privado es un aspecto fundamental. La participación de todos los actores interesados, incluidos los proveedores, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, puede enriquecer el desarrollo e implementación de políticas y prácticas de integridad.
En el contexto costarricense, los programas deben adaptarse a las particularidades del entorno local, teniendo en cuenta factores culturales, económicos y sociales. Esto requiere un enfoque flexible y dinámico que permita responder a los desafíos específicos que enfrenta el país en materia de contratación pública.
Finalmente, es importante destacar que el "Compliance" no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una administración pública más eficiente, transparente y justa. La implementación de estos programas contribuye a fortalecer la gobernanza y a mejorar la calidad de los servicios públicos, beneficiando así a toda la sociedad.
En resumen, el "Compliance" en la contratación pública costarricense es un componente vital para asegurar la integridad y transparencia en los procesos de adquisición del Estado. A través de la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia, la profesionalización de los funcionarios y la colaboración intersectorial, se puede avanzar hacia un sistema de contratación pública más eficiente y confiable. Este enfoque no solo ayuda a prevenir la corrupción, sino que también fortalece la confianza del público en las instituciones y contribuye al desarrollo sostenible del país.
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