Las compras públicas sustentables (CPS) son un componente fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier nación, actuando como un catalizador para la transformación de las prácticas de adquisición gubernamental. En un mundo cada vez más consciente de los impactos ambientales y sociales de sus acciones, las CPS ofrecen una vía para que los gobiernos no solo adquieran bienes y servicios, sino que también promuevan prácticas responsables que beneficien al medio ambiente y a la sociedad.
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La importancia de las CPS radica en su capacidad para integrar consideraciones ambientales, sociales y económicas en el proceso de adquisición. Esto significa que las decisiones de compra no se basan únicamente en el costo inicial, sino en el impacto total a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio. Al hacerlo, se fomenta la reducción de la huella de carbono, la conservación de recursos naturales y el apoyo a prácticas laborales justas, contribuyendo directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las naciones Unidas (ONU).
Los beneficios de implementar CPS son numerosos. En primer lugar, permiten una reducción significativa del impacto ambiental al priorizar productos y servicios que son ecológicamente responsables. Esto no solo ayuda a mitigar el cambio climático, sino que también protege la biodiversidad y promueve el uso sostenible de los recursos. En segundo lugar, las CPS fomentan la innovación al incentivar a las empresas a desarrollar soluciones más eficientes y sostenibles, lo que puede traducirse en ventajas competitivas en el mercado global. Además, al incluir criterios sociales, las CPS apoyan el desarrollo de comunidades locales y mejoran las condiciones laborales, generando un impacto positivo en el tejido social.
Sin embargo, la implementación de CPS no está exenta de desafíos. Entre ellos se encuentran la falta de conocimiento especializado, la resistencia al cambio en las prácticas tradicionales de compra y la dificultad para medir y verificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad. Superar estos obstáculos requiere un marco normativo robusto y claro, como el proporcionado por la legislación costarricense. La Ley General de Contratación Pública (LGCP) y su reglamento ofrecen una base sólida para incorporar criterios de sostenibilidad en los procesos de adquisición, estableciendo directrices claras sobre cómo y cuándo deben aplicarse.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyen un conjunto de 17 objetivos interconectados diseñados para ser un "plan maestro para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos". Adoptados en 2015 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS abordan una amplia gama de desafíos globales, incluyendo la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la paz y la justicia.
El primer objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. La erradicación de la pobreza extrema es fundamental para el desarrollo sostenible, ya que la pobreza limita el acceso a la educación, la salud y otras necesidades básicas. Al abordar la pobreza, se sientan las bases para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo económico.
El segundo objetivo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible. Esto es esencial en un mundo donde millones de personas aún padecen hambre y desnutrición, y donde la producción agrícola enfrenta desafíos significativos debido al cambio climático.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades es el tercer objetivo. La salud es un derecho humano fundamental y un componente decisivo del desarrollo sostenible. Mejorar la salud global reduce las desigualdades y promueve el crecimiento económico.
El cuarto objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. La educación es un motor clave para el desarrollo, ya que empodera a las personas, mejora las habilidades laborales y fomenta la innovación.
La igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas es el quinto objetivo. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino también una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible.
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Los ODS también incluyen objetivos relacionados con la disponibilidad y gestión sostenible del agua, el acceso a energía asequible y sostenible, el crecimiento económico inclusivo, la reducción de las desigualdades, y la construcción de infraestructuras resilientes.
Combatir el cambio climático y sus impactos es otro objetivo primordial, reconociendo la urgencia de actuar para mitigar los efectos adversos del cambio climático.
Finalmente, los ODS promueven sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones eficaces, responsables e inclusivas.
En conjunto, los ODS ofrecen una hoja de ruta integral para abordar los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Su implementación requiere un esfuerzo concertado de gobiernos, sector privado, sociedad civil y ciudadanos, trabajando juntos hacia un futuro más equitativo y sostenible.
En el contexto de la contratación pública, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen un marco para alinear las políticas de adquisición con las metas globales de sostenibilidad. La contratación pública sostenible se convierte en una herramienta clave para avanzar en varios de estos objetivos, promoviendo prácticas que no solo buscan eficiencia económica, sino también beneficios sociales y ambientales.
Uno de los ODS más relevantes en este ámbito es el ODS 12, que se centra en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. La contratación pública puede impulsar este objetivo al priorizar bienes y servicios que tienen un menor impacto ambiental y que fomentan prácticas de producción responsables. Esto incluye la promoción de la eficiencia de los recursos y la reducción de desechos a lo largo del ciclo de vida de los productos.
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El ODS 13, que trata sobre la acción por el clima, también se ve directamente influenciado por las decisiones de contratación pública. Al optar por productos y servicios que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, las entidades públicas pueden contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático. Esto puede incluir la adquisición de energía renovable, vehículos eléctricos o tecnologías que mejoren la eficiencia energética.
La igualdad de género, representada por el ODS 5, puede ser promovida mediante la contratación pública al incluir criterios que favorezcan la participación de empresas dirigidas por mujeres o que fomenten la igualdad de género en el lugar de trabajo. Asimismo, la contratación pública puede apoyar el ODS 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico, al establecer condiciones laborales justas y fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son motores clave de empleo.
Finalmente, el ODS 16, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, puede ser respaldado por prácticas de contratación pública que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad. Al implementar procesos de adquisición justos y abiertos, se fortalece la confianza pública y se reduce el riesgo de corrupción
Las Compras Públicas Sustentables (CPS) son una estrategia esencial que permite a las entidades gubernamentales no solo adquirir bienes, servicios y obras, sino hacerlo de manera que se maximicen los beneficios sociales y ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio. Al considerar no solo el precio y la calidad, sino también los impactos ambientales, sociales y económicos, las CPS buscan minimizar los efectos negativos sobre el entorno y la sociedad, al tiempo que promueven la eficiencia económica. Esta visión integral es concluyente en un contexto global donde los recursos son limitados y la presión por un desarrollo sostenible es cada vez mayor.
En Costa Rica, las CPS ofrecen una oportunidad invaluable para que el país lidere con el ejemplo en la promoción del desarrollo sostenible. La implementación de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) N° 9986, marca un hito importante en este sentido. Al hacer obligatorias las compras públicas estratégicas, Costa Rica no solo demuestra su compromiso con la sostenibilidad, sino que también establece un estándar que puede inspirar a otras naciones a seguir su ejemplo.
Este enfoque obligatorio asegura que las consideraciones de sostenibilidad se integren de manera sistemática en los procesos de adquisición pública, garantizando que cada compra contribuya al bienestar ambiental y social. Además, al priorizar la eficiencia económica, las CPS no solo ayudan a proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también optimizan el uso de los recursos públicos. En resumen, las CPS no solo son una herramienta de política pública, sino un compromiso tangible con un futuro más sostenible y equitativo.
Las Compras Públicas Sustentables (CPS) representan un enfoque estratégico que permite a los gobiernos no solo satisfacer sus necesidades operativas, sino también abordar problemas críticos como el cambio climático, la innovación tecnológica, el desarrollo económico local y la confianza pública. En primer lugar, la reducción del
impacto ambiental es uno de los objetivos más tangibles de las CPS. Al seleccionar productos y servicios que minimizan el daño ambiental, los gobiernos pueden disminuir significativamente la huella ecológica de sus operaciones. Esto es particularmente relevante en un momento en que el cambio climático y la degradación ambiental son amenazas globales urgentes que requieren respuestas inmediatas y efectivas. Las CPS permiten a los gobiernos actuar de manera proactiva, contribuyendo a la mitigación de estos problemas al reducir emisiones de carbono, disminuir el uso de recursos naturales y promover prácticas sostenibles.
Además, las CPS son un motor para el fomento de la innovación. Al establecer criterios de sostenibilidad como prioridad en sus adquisiciones, los gobiernos pueden estimular al sector privado a desarrollar soluciones innovadoras que sean más eficientes y sostenibles. Este incentivo no solo beneficia al medio ambiente, sino que también impulsa el crecimiento económico al crear nuevas oportunidades de mercado y fomentar el desarrollo tecnológico. Las empresas que innovan en respuesta a estas demandas pueden obtener ventajas competitivas, lo que a su vez puede impulsar el empleo y el desarrollo económico.
El apoyo a las economías locales es otro beneficio decisivo de las CPS. Al incluir criterios que favorecen la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), especialmente aquellas en regiones desfavorecidas, las CPS contribuyen al desarrollo económico local y a la reducción de la pobreza. Al proporcionar a las PYMES acceso a contratos gubernamentales, estas políticas ayudan a fortalecer el tejido económico local, generando empleo y promoviendo un desarrollo más equitativo.
Finalmente, las CPS mejoran la imagen pública de las entidades gubernamentales. Al adoptar prácticas de compra responsables, los gobiernos pueden demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible, lo que les permite ganar la confianza de los ciudadanos. Esta mejora en la reputación pública no solo refuerza la legitimidad de las instituciones, sino que también inspira a otros actores, tanto públicos como privados, a seguir su ejemplo. En resumen, las CPS no solo cumplen con una función operativa, sino que también actúan como un poderoso instrumento de política pública para promover un desarrollo más sostenible y equitativo.
La Ley General de Contratación Pública (LGCP) representa un avance significativo en la integración de la sostenibilidad en los procesos de contratación pública. El artículo
21 de esta ley es un claro ejemplo de cómo las políticas públicas pueden evolucionar para incluir consideraciones más amplias que van más allá del costo y la calidad tradicionales. Al promover la inclusión de criterios sociales, económicos, ambientales, culturales, de calidad y de innovación en los pliegos de condiciones, la LGCP no solo busca optimizar el uso de fondos públicos, sino también maximizar el impacto positivo de las contrataciones en la sociedad y el medio ambiente.
La concepción de la compra pública como una herramienta estratégica subraya su potencial para influir en el progreso económico y social del país. Al reconocer su carácter instrumental, la LGCP posiciona las compras públicas como un motor para el desarrollo sostenible, asegurando que cada adquisición contribuya al bienestar general. Este enfoque permite que las entidades gubernamentales utilicen su poder adquisitivo para fomentar prácticas más responsables y sostenibles, incentivando a los proveedores a alinearse con estos valores.
El reglamento de la LGCP (Art. 55), al permitir la incorporación de criterios de sostenibilidad hasta un 25% del total de la valoración en los pliegos de condiciones, establece un marco equilibrado que garantiza que las consideraciones sustentables sean una parte integral del proceso de contratación. Este límite del 25% es decisivo, ya que asegura que, aunque se dé prioridad a los criterios sustentables, no se descuiden otros factores esenciales como la eficiencia económica y la viabilidad técnica. Al mantener este equilibrio, la ley permite que las decisiones de contratación sean tanto responsables como prácticas.
Este enfoque equilibrado también ayuda a mitigar posibles resistencias de actores que podrían ver la sostenibilidad como un obstáculo para la eficiencia o el costo. Al integrar de manera sistemática y regulada los criterios de sostenibilidad, la LGCP facilita una transición hacia prácticas más sostenibles sin comprometer la calidad o la competitividad del proceso de contratación.
Un dato importante que se toma de la información emitida por parte del Ministerio de Hacienda, se logró constatar que en contrataciones generadas desde SICOP con corte del 01 de enero al 30 de junio 2022, se determinaron 1.458 procedimientos con un valor total de ¢26.732.689.344,18, que contienen 2.379 tipos de criterios de sostenibilidad distribuidos en los diferentes ámbitos que componen el término de sostenibilidad, de los cuales 1.047 son ambientales, 195 de cercanía, 60 de innovación, 350 económicos y 727 sociales. En el siguiente gráfico se aprecia el porcentaje que representan los ámbitos mencionados:
De igual forma se contabilizaron 1.921 contratos que integran un total de 3.142 tipos de criterios de sostenibilidad, distribuidos en los diversos ámbitos que definen este concepto. De estos, 1.406 son de índole ambiental, 242 se refieren a la cercanía, 61 están enfocados en la innovación, 456 son de carácter económico y 977 tienen un enfoque social. El gráfico siguiente muestra el porcentaje correspondiente a cada uno de estos ámbitos. Cabe destacar que un procedimiento puede incluir múltiples contratos, lo cual explica la diferencia en la cantidad de procedimientos mencionada anteriormente en el punto 1.2.
La implementación exitosa de las Compras Públicas Sustentables (CPS) requiere un enfoque sistemático y coordinado que asegure la coherencia y efectividad en su aplicación. Estandarizar los criterios de sostenibilidad entre las instituciones es un paso esencial para garantizar que todas las entidades gubernamentales operen bajo un mismo marco de referencia. Esto no solo facilita la comparación y evaluación de los resultados, sino que también promueve una mayor transparencia y equidad en los procesos de contratación. Al tener criterios unificados, se evitan discrepancias que podrían comprometer la integridad y el impacto de las CPS.
La medición precisa del impacto de las adquisiciones es igualmente crucial. Sin datos concretos y fiables, es imposible evaluar el verdadero efecto de las compras sostenibles en el medio ambiente y la sociedad. Implementar herramientas y metodologías de medición robustas permite a las instituciones identificar áreas de mejora y ajustar sus estrategias en consecuencia. Las evaluaciones regulares del desempeño aseguran que los objetivos de sostenibilidad se cumplan de manera continua y efectiva, permitiendo ajustes proactivos en las políticas y prácticas de compra.
Documentar y compartir buenas prácticas es vital para fomentar un aprendizaje organizacional continuo. Al recopilar y difundir ejemplos exitosos, las instituciones pueden aprender unas de otras, evitando errores comunes y optimizando sus procesos de compra.
La participación activa del mercado, especialmente de las PYMES, es fundamental para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Las PYMES son actores clave en la economía local y su inclusión en los procesos de CPS no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también enriquece la diversidad y la innovación en las soluciones sostenibles. Las certificaciones disponibles y las nuevas tecnologías juegan un papel perentorio en mantener altos estándares en los procesos de compra, asegurando que las adquisiciones no solo cumplan con los requisitos de sostenibilidad, sino que también sean competitivas y eficientes.
Las compras públicas sostenibles son una herramienta poderosa para transformar la gestión pública en Costa Rica y en cualquier país comprometido con el desarrollo sostenible. Al integrar criterios de sostenibilidad en sus procesos de adquisición, las entidades públicas no solo cumplen con sus obligaciones legales, sino que también contribuyen a un futuro más equitativo y respetuoso con el medio ambiente.
A medida que más gobiernos adopten estas prácticas, el impacto positivo en el desarrollo global será cada vez más evidente. Las CPS no solo representan una obligación normativa, sino una oportunidad para liderar el cambio hacia un mundo más sostenible.
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