Compra Pública Estratégica: qué son los criterios sociales y ambientales y cómo pueden darme puntos

La contratación pública en Costa Rica dejó de ser, al menos en el papel, una carrera donde solo gana la oferta más barata. Con la Ley General de Contratación Pública, el Estado incorporó expresamente principios de sostenibilidad social y ambiental, y su reglamento desarrolló la lógica de la compra pública estratégica: usar el poder de compra de la Administración para empujar mejores prácticas en el mercado, siempre que esas exigencias sean objetivas, verificables y estén vinculadas con el objeto contractual.

¿Y qué significa eso para una empresa que quiere venderle al Estado? Que ya no basta con cumplir apenas lo mínimo legal. En muchos pliegos, la Administración puede premiar buenas prácticas adicionales: igualdad de género, inclusión laboral, conducta empresarial responsable, gestión ambiental, economía circular, eficiencia energética o certificaciones de sostenibilidad. Una certificación suma solamente si el cartel la incorpora como criterio de evaluación o como medio de verificación de una condición de ejecución, y si la entidad justifica técnicamente su uso con base en el objeto contractual y el análisis de mercado.

En otras palabras, el valor real de un sello o reconocimiento está en convertir una buena práctica interna en una ventaja competitiva. La guía oficial de criterios sociales y económicos es clara que estos criterios suelen orientarse a certificaciones o reconocimientos que demuestran prácticas del oferente que van más allá de las obligaciones legales.

Entonces, ¿qué son los criterios sociales y ambientales?

Los criterios sociales son factores que buscan generar impactos positivos en las personas y en grupos históricamente excluidos: igualdad entre hombres y mujeres, inclusión de personas con discapacidad, empleo juvenil, participación de personas mayores de 45 años, buenas prácticas laborales, cadenas de suministro responsables o medidas adicionales en salud y bienestar laboral. La propia guía del Ministerio de Hacienda incluye ejemplos de criterios sociales basados en igualdad de género, inclusión y conducta empresarial responsable, y admite como respaldo certificaciones, reconocimientos o evidencia documentada equivalente cuando el mercado aún no esté suficientemente certificado.

Los criterios ambientales, por su parte, pretenden reducir impactos negativos del objeto contractual durante su ciclo de vida. La guía ambiental los vincula con certificaciones del producto o servicio, ecoetiquetas, eficiencia energética, gestión de residuos adicional a la legalmente exigida, economía circular y análisis del ciclo de vida. También insiste en que no se trata de adornar la oferta con lenguaje “verde”, sino de demostrar con evidencia objetiva que el bien, servicio u obra tiene un mejor desempeño ambiental o que la empresa aplica prácticas ambientales pertinentes al contrato.

¿Cómo me dan puntos en la práctica?

El reglamento dispone que la Administración tiene discrecionalidad para definir la ponderación de cada criterio de compra pública estratégica, siempre respetando la ley, los lineamientos y la vinculación con el objeto contractual. Por eso, un mismo sello puede valer mucho en una licitación y nada en otra. Si el objeto es, por ejemplo, un servicio intensivo en personal, la igualdad de género, la seguridad laboral o la inclusión pueden ser perfectamente atinentes; si el objeto es la compra de materiales o equipos, quizás pesen más los criterios ambientales o el ecoetiquetado.

Hay, además, una distinción que conviene tener presente. En materia de pymes, la propia ley sí prevé expresamente que, para procurar desarrollo regional, la Administración debe otorgar hasta un 10% de puntaje a ciertas pymes de la región que se pretende desarrollar. En cambio, para criterios sociales y ambientales no existe en la ley un porcentaje fijo universal: ahí la ponderación depende de cómo la Administración redacte el pliego y de la justificación técnica que respalde ese diseño.

El Sello de Igualdad de Género del INAMU: una credencial con potencial competitivo

Uno de los instrumentos más útiles para acreditar buenas prácticas laborales es el Sello de Igualdad de Género del INAMU. Su reglamento establece que se otorga a organizaciones públicas o privadas que cuentan con un sistema de gestión certificado respecto de la norma INTE 38-01-01 y el esquema de certificación correspondiente. La guía oficial de compra pública estratégica lo reconoce expresamente como un posible medio de verificación para criterios de igualdad de género, y además describe tres niveles de reconocimiento asociados al avance de la organización en la norma INTE G38.

SIRESOL: cuando las buenas prácticas laborales también se convierten en prueba

El Sistema de Reconocimientos Sociolaborales (SIRESOL), creado por decreto en 2022, busca reconocer a empresas privadas e instituciones públicas que desarrollan una gestión sociolaboral responsable, con enfoques como conducta empresarial responsable, género, igualdad y no discriminación, debida diligencia y transparencia. En su página oficial, el MTSS explica que el sistema funciona precisamente para distinguir organizaciones que voluntariamente implementan estas prácticas. Además, la homologación de Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad de Género del INAMU aparece dentro del ecosistema SIRESOL, lo cual refuerza su utilidad como respaldo ante criterios sociales de evaluación.

Desde la perspectiva empresarial, SIRESOL obliga a ordenar la casa. Las preguntas frecuentes del MTSS indican que, para inscribirse en SIRESOL, la empresa debe estar al día con obligaciones obrero-patronales, tributarias y de Hacienda, presentar el certificado de cumplimiento laboral solicitado con anticipación, y completar formulario y declaración jurada. El mismo material señala que las empresas pueden postularse a más de una categoría y que el reconocimiento tiene una vigencia de dos años, prorrogable por dos más previa evaluación.

Cómo prepararse para “ganar puntos” de verdad

La estrategia correcta no es salir a coleccionar sellos sino alinear certificaciones con su mercado público objetivo. Si su empresa compite en servicios intensivos en personal (seguridad, limpieza, vigilancia, call center, consultoría, operación logística) conviene priorizar reconocimientos de igualdad, inclusión, salud y bienestar laboral o conducta empresarial responsable. Si compite en bienes, construcción o servicios con huella ambiental relevante, pueden pesar más las ecoetiquetas, certificaciones ambientales de producto, eficiencia energética o prácticas de gestión de residuos más allá del mínimo legal.

También hay que entender que el expediente técnico de la Administración influye directamente en sus oportunidades. El reglamento exige que la inclusión de criterios estratégicos se apoye en investigación de mercado; si ese respaldo falta, el criterio puede desaplicarse para ese procedimiento. Al mismo tiempo, las guías oficiales recuerdan que, si el estudio de mercado demuestra que no existen criterios sociales o económicos aplicables al objeto, la Administración debe justificar su ausencia mediante acto motivado.

La compra pública estratégica no convierte cualquier política interna en puntos, pero sí abre una puerta real para que las empresas que hacen mejor las cosas compitan mejor. Los criterios sociales y ambientales sirven para premiar valor público adicional, no para repetir obligaciones básicas. Por eso, certificaciones como el Sello de Igualdad de Género del INAMU o reconocimientos como SIRESOL no deben verse solo como distintivos reputacionales: pueden transformarse en evidencia competitiva, siempre que el cartel los pida, los vincule con el objeto contractual y les asigne ponderación. La pregunta ya no es si su empresa “se ve bien” con un sello, sino si está preparada para convertir ese sello en puntos, trazabilidad y confianza frente a la Administración.

Si desea conocer más de la Contratación Pública  puede seguirnos en nuestras redes sociales como Officium Legal. También puede suscribirse a nuestro Newsletter para recibir nuestras últimas noticias y artículos de primera mano.