La contratación pública representa uno de los ámbitos con mayor riesgo de corrupción y fraude. Según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la corrupción puede generar un sobrecoste equivalente al 4,5% del PIB. Este dato alarmante nos muestra por qué debemos prestar especial atención a los mecanismos que garantizan la transparencia y la integridad en los procesos de adquisición estatal.
La contratación pública no se limita solamente a la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, sino que involucra numerosas normativas adicionales que deben cumplirse rigurosamente. Por ello, el compliance en contratación pública se ha convertido en un elemento esencial para garantizar la integridad de estos procesos, ayudando a identificar, prevenir y mitigar los diferentes tipos de riesgos que pueden surgir.
En este artículo, exploraremos cómo implementar un modelo de compliance efectivo puede fortalecer la transparencia, prevenir riesgos legales y mejorar la eficiencia institucional en el contexto costarricense. Además, analizaremos el marco normativo aplicable, los elementos clave de un programa de cumplimiento y las buenas prácticas que toda institución debería adoptar para proteger los recursos públicos y fomentar una cultura de integridad.
Índice
El término compliance ha ganado relevancia en distintos sectores como respuesta a la necesidad de fortalecer la integridad en las operaciones organizacionales.
El compliance, traducido al español como "cumplimiento normativo", engloba el conjunto de políticas y procedimientos que permiten identificar y asesorar sobre los riesgos de posibles incumplimientos normativos o códigos éticos en una organización. Su finalidad es implementar medidas preventivas eficaces ante estas irregularidades.
Este concepto tiene sus raíces en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980, período marcado por importantes escándalos corporativos. Un hito fundamental fue la promulgación de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en 1977, que estableció prohibiciones en materia de sobornos y requisitos sobre registros contables. Desde entonces, el compliance ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina esencial para organizaciones de diversos sectores.
Aunque comparten metodologías similares, existen diferencias fundamentales entre el compliance aplicado al sector privado y público. Mientras las empresas privadas persiguen fines lucrativos, las instituciones públicas se orientan hacia el beneficio social.
El compliance en el sector público (Public Compliance) busca principalmente legitimar la actuación administrativa y recuperar la confianza ciudadana, especialmente en lo relacionado con el gasto público. Por otra parte, el sector público está sometido a estándares de transparencia más exigentes, debiendo "desnudar" sus operaciones financieras y estrategias organizacionales a la ciudadanía.
Otra distinción relevante se encuentra en los procesos de contratación: mientras el sector público está supeditado a procesos de selección abiertos regulados por leyes nacionales, el sector privado opera con mayor autorregulación y discrecionalidad.
La contratación pública representa aproximadamente un tercio del gasto total y el 13% del PIB en países de la OCDE, cifras que subrayan su importancia estratégica. En este contexto, el compliance se convierte en un aliado fundamental para gestionar riesgos asociados a las compras públicas.
Para Costa Rica, el marco normativo que regula la contratación pública se encuentra principalmente en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento, estableciendo la obligación de ajustar las prácticas a los más altos estándares de ética e integridad.
La implementación de programas de compliance en contratación pública ayuda a identificar áreas propensas a riesgos de corrupción, permitiendo diseñar políticas preventivas acordes. Esto contribuye a fortalecer la gobernanza y mejorar la calidad de los servicios públicos, beneficiando a toda la sociedad.
Costa Rica ha desarrollado un sólido marco normativo para regular la ética e integridad en la contratación pública, estableciendo las bases para la implementación del compliance en este ámbito. Este conjunto de normas constituye un sistema integrado para prevenir riesgos legales.
La nueva Ley General de Contratación Pública (LGCP) establece principios fundamentales que rigen la actividad contractual del Estado. Entre estos destacan el principio de integridad, que exige una conducta ética de todos los participantes; el de transparencia, que garantiza el acceso libre a la información; y el de valor por el dinero, orientado a maximizar los recursos públicos.
Esta normativa promueve estándares éticos que guían la conducta de todos los involucrados en los procesos de compra estatales, tanto administraciones públicas como oferentes y contratistas privados. La ley parte de la concepción de que el Estado puede utilizar las compras públicas como mecanismo para asegurar economías de escala y mejorar la distribución de la riqueza.
Aprobada en junio de 2019, esta ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto a delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Su alcance incluye tanto a entidades privadas costarricenses o extranjeras como a empresas públicas vinculadas con relaciones comerciales internacionales.
La ley promueve la adopción de un "modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y control" que debe ajustarse a los riesgos específicos de cada organización. Las sanciones incluyen multas de hasta diez mil salarios base, inhabilitación para contratar con el Estado por hasta diez años, y en casos extremos, la disolución de la persona jurídica.
El artículo 24 del Reglamento de la LGCP enfatiza el papel de la Autoridad de Contratación Pública (ACP) en la promoción de la integridad y la ética entre los distintos actores. Esta entidad tiene previsto emitir lineamientos que darán contenido a estas políticas, con la meta de formalizar un código de ética en 2024.
El Código de Ética en Contratación Pública establece principios que guían la conducta de todos los actores involucrados en estos procesos. Se fundamenta en conceptos como la libre competencia, igualdad de trato, transparencia, objetividad y rendición de cuentas. Este código no introduce nuevos principios, sino que profundiza los ya existentes en la LGCP para brindar un marco de referencia más preciso para su aplicación práctica.
Implementar un programa de compliance eficaz requiere un enfoque sistemático y estructurado para enfrentar los desafíos de la contratación pública moderna.
Un modelo efectivo de compliance en contratación pública debe incluir componentes esenciales como la identificación de actividades que incrementen riesgos de incumplimiento, establecimiento de protocolos preventivos, y procedimientos específicos para la toma de decisiones. Además, es fundamental contar con mecanismos de gestión de recursos financieros y sistemas disciplinarios que sancionen adecuadamente las infracciones. El compromiso de la alta dirección resulta imprescindible para legitimar el sistema y garantizar su aplicación efectiva.
La gestión de riesgos en contrataciones públicas es un proceso proactivo que identifica, analiza y trata eventos que puedan afectar los objetivos institucionales. Para una evaluación eficaz, se recomienda utilizar matrices de riesgo que visualicen la probabilidad e impacto de cada riesgo identificado. Esta metodología permite categorizar los riesgos en escalas que van desde bajo hasta extremo, priorizando aquellos que requieren atención inmediata.
Las auditorías de compliance evalúan el nivel de implementación y efectividad del programa, así como la madurez de la cultura de cumplimiento. Un componente esencial es el establecimiento de canales de denuncia que previenen y ayudan a detectar conductas irregulares. Por otra parte, el Código de Ética en Contratación Pública establece principios fundamentales como integridad, valor por dinero, transparencia e igualdad.
El compliance no puede quedarse en el papel; debe vivirse en la práctica mediante capacitaciones periódicas obligatorias sobre contratación pública y ética. Asimismo, resulta valioso realizar simulacros y análisis de casos reales de corrupción para reforzar conocimientos en áreas críticas. La promoción de una cultura ética donde la transparencia y responsabilidad sean valores compartidos contribuye significativamente a prevenir riesgos de corrupción y fraude.
La implementación efectiva del compliance en contratación pública requiere herramientas concretas que garanticen transparencia y rendición de cuentas. Costa Rica ha desarrollado instrumentos específicos para fortalecer estos procesos.
El Código de Ética en Contratación Pública constituye una guía fundamental para todos los actores involucrados en los procesos de adquisición estatal. Este documento refleja el compromiso con la integridad y la transparencia en la administración de fondos públicos. Abarca las actuaciones esperadas durante cada fase del proceso, desde la planificación hasta la finalización de contratos, fomentando valores como justicia, igualdad y rendición de cuentas. Su enfoque fortalece la transparencia y promueve el cumplimiento voluntario basado en principios éticos personales.
Este instrumento establece un marco estratégico para la contratación pública en Costa Rica, considerando diversos actores del ecosistema de compras estatales. El Plan presenta una estructura dividida en cuatro ejes: Integridad, Socioeconómico, Ambiental e Innovación, con especial énfasis en la gestión de riesgos en la interacción público-privada. Además, incorpora un sistema de monitoreo y evaluación que permite medir su eficacia y realizar ajustes basados en datos recopilados durante los procesos de contratación.
El Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) es obligatorio para todas las instituciones públicas según el artículo 16 de la Ley General de Contratación Pública. Esta plataforma centraliza los procedimientos de contratación que emplean fondos públicos, garantizando transparencia y eficiencia. Cualquier otro medio utilizado implica nulidad absoluta, salvo situaciones de fuerza mayor. SICOP permite registrar proveedores, facilitar gestiones de compra y hacer pública la información relacionada con los procesos de contratación.
La evaluación contractual constituye un elemento fundamental del compliance en contratación pública. La Ley General exige establecer indicadores comparativos de desempeño y realizar evaluaciones periódicas para determinar puntos de mejora y grado de eficiencia. Herramientas como el Observatorio de Compra Pública facilitan el acceso a la información sobre procedimientos de contratación de forma sistematizada, permitiendo la fiscalización social y la transparencia.
Conclusión
La implementación de programas de compliance en la contratación pública representa, sin duda, una herramienta fundamental para fortalecer la integridad del Estado costarricense. Durante este recorrido, hemos analizado cómo estos mecanismos no solo previenen riesgos legales, sino que también promueven una cultura organizacional basada en valores éticos.
El marco normativo costarricense, particularmente la Ley General de Contratación Pública y la Ley 9699, establece bases sólidas para desarrollar sistemas de cumplimiento efectivos. Por lo tanto, las instituciones públicas deben aprovechar estas directrices para diseñar programas adaptados a sus necesidades específicas.
La experiencia demuestra que los elementos clave como la identificación de riesgos, protocolos preventivos y canales de denuncia funcionan mejor cuando existe un compromiso real desde la alta dirección. Además, herramientas como SICOP y el Código de Ética en Contratación Pública facilitan considerablemente la transparencia en los procesos de adquisición estatal.
Ciertamente, el desafío principal radica en transformar estas normativas en prácticas cotidianas mediante capacitación continua y fomento de valores éticos compartidos. La contratación pública seguirá siendo un área vulnerable a la corrupción; no obstante, un enfoque preventivo basado en compliance puede marcar una diferencia significativa.
Las buenas prácticas presentadas a lo largo del artículo constituyen el primer paso hacia una administración más transparente de los recursos públicos. Finalmente, debemos recordar que el objetivo último del compliance no es solo cumplir con requisitos legales, sino generar confianza ciudadana y maximizar el valor de cada colón invertido por el Estado costarricense.
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