La contratación pública en Costa Rica se rige por un conjunto de normas y principios que buscan garantizar la transparencia, la eficiencia y la equidad en el uso de los fondos públicos. En este marco legal, el Código de Ética en la Contratación Pública juega un papel fundamental al establecer un conjunto de valores y normas de conducta que deben observar todos los actores involucrados en los procesos de contratación.
Índice
Ámbito de Aplicación del Código de Ética
¿En qué tipo de contrataciones se aplica?
Fundamento Normativo del Código de Ética
Importancia del Código de Ética en el Ordenamiento Jurídico Costarricense
Comparación con otros Códigos de Ética
En este breve artículo analizaremos el ámbito de aplicación del Código de Ética en la Contratación Pública, identificando a quiénes se aplica y en qué tipos de contrataciones. Asimismo, se examina su importancia en el ordenamiento jurídico costarricense, considerando su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción.
Ámbito de Aplicación del Código de Ética
El Código de Ética en la Contratación Pública, según lo establece el propio Código, como norma complementaria y de desarrollo de la Ley de Contratación Pública y su reglamento, se aplica a una amplia gama de actores que intervienen en los procesos de contratación con las instituciones públicas.
¿A quiénes se aplica?
El Código de Ética se aplica a:
- Los funcionarios públicos: Todos aquellos que participan en cualquier etapa del proceso de contratación, desde la planificación y elaboración de los carteles de licitación hasta la adjudicación, ejecución y supervisión de los contratos. Esto incluye a los miembros de las comisiones de recepción de ofertas, los encargados de la evaluación técnica y financiera, los órganos directores que adjudican los contratos y los administradores de los contratos.
- Los proveedores: Todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que participan en los procesos de contratación pública, ofreciendo bienes, servicios u obras al Estado. Se espera que los proveedores actúen con honestidad, transparencia e integridad en todas sus interacciones con las instituciones públicas y sus funcionarios.
- Otros actores: Asesores, consultores, intermediarios o cualquier otra persona que participe directa o indirectamente en el proceso de contratación pública.
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¿En qué tipo de contrataciones se aplica?
El Código de Ética se aplica a todas las contrataciones que realizan las instituciones públicas sujetas a la Ley de Contratación Pública, sin importar el objeto, monto o procedimiento de adjudicación. Esto incluye:
- Obras públicas: Construcción de infraestructura vial, edificios públicos, hospitales, escuelas, etc.
- Adquisición de bienes: Compra de equipos, materiales, suministros, vehículos, etc.
- Contratación de servicios: Consultorías, servicios profesionales, servicios de mantenimiento, servicios de limpieza, etc.
Fundamento Normativo del Código de Ética
El Código de Ética en la Contratación Pública encuentra su fundamento en la Ley General de Contratación Pública (Ley N° 9986), la cual establece los principios éticos que deben guiar la conducta de todos los actores involucrados en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado. Específicamente, el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública desarrolla el deber de actuar con ética y probidad en la contratación pública. Este artículo exige a los funcionarios públicos observar rectitud, buena fe y probidad en el uso de sus facultades, y establece una serie de comportamientos específicos que deben cumplir, como salvaguardar el interés público, rechazar pagos indebidos y evitar conflictos de intereses.
Cabe destacar que este Código puede considerarse una norma de desarrollo de los principios éticos recogidos en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento. Por ende, se configura como una norma que viene a complementar los principios éticos fundamentales ya presentes en la Ley General de Contratación Pública (LGCP) . No se trata, por ende, de la introducción de nuevos principios, sino de una profundización de los ya existentes, con el objetivo de brindar un marco de referencia más preciso para su aplicación en la práctica. Valga recordar que dicha normativa no tiene rango de ley, ni tampoco reglamentario. Lo cual hace que su ámbito de aplicación deba entenderse circunscrito a lo anteriormente expresado.
El Código de Ética, en este sentido, desgrana las directrices generales de la LGCP, ofreciendo una guía detallada sobre cómo interpretar y aplicar principios como la libre competencia, la igualdad de trato, la transparencia, la objetividad, la responsabilidad y la rendición de cuentas en el día a día de la contratación pública. Su función primordial es asegurar que la integridad, la eficiencia y la equidad sean los pilares que sustenten todos los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado.
Al detallar las implicaciones prácticas de los principios de la LGCP, el Código de Ética fortalece la integridad en la gestión pública, promoviendo una cultura de transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos. En definitiva, el Código de Ética complementa y enriquece las disposiciones de la LGCP, dotándolas de mayor concreción y facilitando su aplicación efectiva
En este sentido, el Código de Ética sirve como una guía práctica para la aplicación de los principios éticos en la contratación pública, promoviendo la transparencia, la integridad, la eficiencia y la equidad en el uso de los fondos públicos.
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Importancia del Código de Ética en el Ordenamiento Jurídico Costarricense
El Código de Ética en la Contratación Pública desempeña un papel crucial en el ordenamiento jurídico costarricense al promover los siguientes principios:
- Transparencia: El Código exige que todos los procesos de contratación se realicen de manera abierta y transparente, garantizando el acceso público a la información sobre las licitaciones, las ofertas presentadas, los criterios de evaluación y las adjudicaciones. Esto facilita el control ciudadano y la rendición de cuentas.
- Rendición de cuentas: El Código establece mecanismos para que los funcionarios públicos y los proveedores rindan cuentas de sus actos en los procesos de contratación. La Contraloría General de la República tiene la potestad de investigar y sancionar las violaciones al Código de Ética, asegurando el uso responsable de los fondos públicos.
- Prevención de la corrupción: El Código define las conductas que se consideran corruptas en la contratación pública, como el soborno, el tráfico de influencias, el cohecho, la colusión y el favoritismo. Al establecer sanciones para estas conductas, el Código disuade a los actores de incurrir en actos de corrupción.
- Igualdad y no discriminación: El Código promueve la igualdad de oportunidades para todos los proveedores, prohibiendo la discriminación por cualquier motivo, como nacionalidad, género, religión o ideología política. Esto asegura que los contratos se adjudiquen con base en criterios objetivos y transparentes, relacionados con la calidad, el precio y las condiciones de la oferta.
- Probidad: El Código exige que todos los actores involucrados en la contratación pública actúen con honestidad, integridad, rectitud e imparcialidad. Esto implica evitar conflictos de intereses, declarar cualquier situación que pueda comprometer su objetividad y tomar decisiones basadas en el interés público.
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Comparación con otros Códigos de Ética
El mencionado Código comparte similitudes con códigos de ética de otros países de la región latinoamericana, como el Código de Ética de la Administración Pública de Chile y el Código de Ética de los Servidores Públicos de Colombia. En todos estos casos, se busca promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, existen algunas diferencias en cuanto al alcance y las especificidades de cada código. Por ejemplo, el Código de Ética de Chile pone un mayor énfasis en la prevención de conflictos de intereses, mientras que el Código de Colombia se centra en la promoción de la ética pública como un valor fundamental de la sociedad.
En el ámbito internacional, nuestro Código de Ética se alinea con los principios establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de contratación pública, que promueven la competencia, la transparencia y la integridad en los procesos de adquisición.
Conclusiones
El Código de Ética en la Contratación Pública es un instrumento fundamental para asegurar la transparencia, la eficiencia y la integridad en el uso de los fondos públicos. Su ámbito de aplicación es amplio, abarcando a todos los actores involucrados en los procesos de contratación y a todos los tipos de contrataciones.
El Código contribuye a fortalecer el Estado de Derecho al promover la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. Su cumplimiento es esencial para garantizar que la contratación pública se realice en beneficio de la sociedad costarricense.
A pesar de su importancia, existen desafíos en la implementación efectiva de dicho Código. Es crucial asegurar que todos los actores involucrados en la contratación pública conozcan y comprendan las normas éticas que deben observar. Asimismo, se deben fortalecer los mecanismos de control y sanción para garantizar el cumplimiento del Código y disuadir cualquier acto de corrupción. La capacitación continua de los funcionarios públicos y la promoción de una cultura de ética en la contratación pública son elementos clave para asegurar la efectividad del Código.
En general, el Código representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la promoción de la buena gobernanza en el país. Su aplicación efectiva es esencial para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y eficiente, en beneficio de toda la sociedad.
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Lic. Juan Carlos Castro
Lic. Marilyn Arias
Officium Legal