La reciente controversia en torno a la licitación 5G del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ofrece una enseñanza relevante para las empresas que participan en procedimientos de contratación pública: una adjudicación no necesariamente pone fin a la discusión sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos de una oferta.
El pasado 29 de abril de 2026, el ICE adjudicó a la empresa Ericsson el contrato para suministrar las redes de acceso (RAN) y el núcleo de la red 5G, por un monto de consumo trianual de $97,76 millones. Dentro del mismo procedimiento, Coasin-Nokia obtuvo partidas destinadas a equipos de transporte de datos (backhaul) por $26,59 millones.
Sin embargo, tras la adjudicación se presentaron diversos recursos ante la Contraloría General de la República (CGR). Samsung, Nokia y Datasys-Ciberc-ITC apelaron la adjudicación otorgada a Ericsson, mientras que Sisap e ITS presentaron apelaciones contra las partidas adjudicadas a Coasin-Nokia.
Lo que llama particularmente la atención desde la perspectiva de contratación pública es lo ocurrido durante la audiencia ante la CGR. El ICE rechazó los argumentos planteados contra la adjudicación principal otorgada a Ericsson, pero aceptó varios de los alegatos formulados por representantes de Juniper y Cisco contra las partidas adjudicadas a Coasin-Nokia.
Los cuestionamientos presentados por los proveedores de Juniper y Cisco sostienen que los equipos ofrecidos por Nokia incumplen aspectos técnicos.
El caso evidencia que dentro de un mismo procedimiento de contratación pueden existir cuestionamientos dirigidos a adjudicaciones diferentes. Mientras el ICE mantiene su defensa de la adjudicación principal relacionada con la red 5G, reconoció la validez de algunos alegatos presentados contra otras partidas del concurso.
Para las empresas participantes en licitaciones, este tipo de situaciones demuestra la importancia de revisar cuidadosamente los requisitos técnicos aplicables a cada componente del procedimiento y de analizar las vías de impugnación disponibles cuando consideran que existe un incumplimiento.
Otro aspecto que destaca este caso es el papel de la fase de apelaciones dentro de los procedimientos de contratación pública.
La información divulgada muestra que, aun después de una adjudicación, los recursos pueden convertirse en un espacio donde se vuelven a discutir aspectos técnicos de las ofertas y donde las posiciones inicialmente sostenidas durante la evaluación pueden ser objeto de revisión.
Mientras la Contraloría analiza las apelaciones admitidas, la adjudicación principal a Ericsson continúa siendo defendida por el ICE.
De acuerdo con la información oficial divulgada por la institución, la red adjudicada contará con arquitectura Open-Ran Stand-Alone, que permite incorporar múltiples fabricantes para brindar servicios y proveer equipos.
El ICE proyecta implementar los servicios masivos de quinta generación durante los próximos 12 meses.
Al anunciar la adjudicación, el presidente del Grupo ICE, Marco Acuña, indicó:
“Contra viento y marea, adjudicamos en esta Administración la red de transporte y la red masiva 5G, y aumentamos 23 veces la conectividad internacional con el cable submarino TAM-1. Son más de $220 millones invertidos para que Kölbi siga liderando el mercado nacional”.
Según la institución, la adjudicación final se ubicó más de $100 millones por debajo del presupuesto inicialmente previsto para el proyecto, estimado en $250 millones.
Más allá del resultado final de las apelaciones, el caso pone de manifiesto que la fase recursiva continúa siendo una etapa relevante dentro de los procedimientos de contratación pública y que los cuestionamientos técnicos pueden mantenerse vigentes incluso después de emitida una adjudicación.
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