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Principales cambios en la normativa de contratación pública
La contratación pública es el proceso mediante el cual la Administración Pública contrata bienes, servicios y obras de los proveedores registrados ante el Sistema Digital Unificado. La actividad contractual es vital, ya que garantiza la obtención de la mejor relación calidad-precio.
La contratación pública en Costa Rica se rige principalmente por la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, los cuales establecen las pautas que deben seguirse en el proceso de contratación. En tal sentido, la Ley exige que la contratación pública se lleve a cabo mediante un proceso que requiere una cuidadosa planificación, ejecución y supervisión para garantizar que la contratación se lleva a cabo de manera justa, transparente y eficiente. Esto significa que los proveedores deben ser seleccionados en función de criterios objetivos, como el precio, la calidad y el plazo de entrega, y no en función de relaciones personales u otras consideraciones.
Uno de los principales beneficios de la contratación pública en Costa Rica es que, al adjudicar contratos a proveedores locales, el gobierno puede apoyar a las empresas locales y crear puestos de trabajo en la comunidad. En otras palabras, ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo. Además, el proceso de contratación fomenta la innovación y la competencia, ya que se incentiva a los proveedores a desarrollar nuevos y mejores productos y servicios para conseguir contratos.
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Este proceso de contratación pública en Costa Rica se divide en varias etapas, que incluyen: el pliego de condiciones y la planificación, la preparación de la oferta, la evaluación y la gestión del contrato. Cada etapa es fundamental para el éxito del proceso de contratación.
Una de las principales novedades en la contratación pública es la implementación del Sistema Digital Unificado, porque posibilita la contratación electrónica, permitiendo ahorrar tiempo y reducir el riesgo de corrupción, así como la centralización o unificación de toda contratación. A través de este sistema la Administración Pública debe tramitar todas las contrataciones que requiera y, en donde, todos los proveedores deben registrarse para poder participar en las licitaciones.
Otra novedad es que dejamos atrás los términos: licitación pública, licitación abreviada y contratación directa. En su lugar, venimos a incorporar la licitación mayor, licitación menor y licitación reducida, las cuales se determinarán según los umbrales establecidos en esta nueva Ley. Aquí les compartimos los umbrales del año 2023, los cuales también pueden encontrarlos en el artículo 36 de la Ley General de Contratación Pública.
UMBRALES 2023
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LICITACIÓN MAYOR |
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RÉGIMEN |
TIPO DE CONTRATACIÓN |
UMBRALES EN COLONES 2023 |
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Ordinario |
Contrataciones de bienes y servicios |
Superior a ₡264 519 083,00 |
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Contrataciones de obras públicas |
Superior a ₡712 166 540,00 |
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Diferenciado |
Contrataciones de bienes y servicios |
Superior a ₡317 422 900,00 |
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Contrataciones de obras públicas |
Superior a ₡1 139 466 819,00 |
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LICITACIÓN MENOR |
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RÉGIMEN |
TIPO DE CONTRATACIÓN |
UMBRALES EN COLONES 2023 |
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Ordinario |
Contrataciones de bienes y servicios |
Igual o inferior a ₡264 519 083,00, pero superior a ₡66 129 771,00. |
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Contrataciones de obras públicas |
Igual o inferior a ₡712 166 540,00, pero superior a ₡178 041 690. |
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Diferenciado |
Contrataciones de bienes y servicios |
Igual o inferior a ₡317 422 900,00, pero superior a ₡79 355 725,00. |
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Contrataciones de obras públicas |
Igual o inferior a ₡1 139 466 819,00, pero superior a ₡284 866 705,00. |
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LICITACIÓN REDUCIDA |
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RÉGIMEN |
TIPO DE CONTRATACIÓN |
UMBRALES EN COLONES 2023 |
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Ordinario |
Contrataciones de bienes y servicios |
Menos de ₡66 129 771,00 |
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Contrataciones de obras públicas |
Menos de ₡178 041 690,00 |
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Diferenciado |
Contrataciones de bienes y servicios |
Menos de ₡79 355 725,00 |
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Contrataciones de obras públicas |
Menos de ₡284 866 705,00 |
La subsanación de una oferta sirve para corregir la omisión o aclarar algún aspecto que no quedó debidamente plasmado en la oferta.
Anteriormente, con la Ley de Contratacion Administrativa, el plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y la garantía de participación (monto y extremos regulados en el Reglamento) podían ser objeto de subsanación. Aunado a ello, que no existía un límite de solicitudes de subsanación de la Administración al oferente.
Sin embargo, con la actual Ley General de Contratación Pública, puede ser susceptibles de subsanación los defectos que contenga una oferta, siempre y cuando con ello no se otorgue una ventaja indebida.
La reducción de plazos es otro aspecto novedoso en la Ley General de Contratación Pública. La reducción de los plazos es un paso en la dirección correcta, ya que contribuirá a agilizar el proceso de contratación, ahorrar tiempo y reducir costos. Esto significa que el proceso de contratación se completará en un plazo más corto, y las entidades adjudicadoras podrán poner en marcha sus proyectos más rápidamente. Los cambios también incluyen nuevas medidas para garantizar la calidad del proceso de contratación, como la introducción de un nuevo sistema de revisión de las decisiones de contratación.
En esta nueva Ley, en cuanto al régimen recursivo, se propuso brindar una mayor eficiencia y dotar de seguridad jurídica. Los recursos de objeción, revocatoria y apelación, así como adición y aclaración se mantienen, únicamente que se indica que estas impugnaciones deben estar debidamente fundamentadas y acompañados de prueba idónea. Ahora bien, según el tipo de licitación y el motivo de la impugnación, se deberá plantear alguno de los recursos anteriormente mencionados, ya sea ante la entidad licitante o la Contraloría General de la República.
Por otra parte, cabe resaltar que la Ley incorpora multas ante la presentación de recursos temerarios. Algunos motivos que pueden generar la aplicación de multas son la preclusión, temeridad, mala fe, entre otros indicados en el artículo 94 de la Ley General de Contratación Pública.
La nueva legislación hace obligatorio que las controversias que surjan durante la ejecución del contrato y no hayan podido ser resueltas entre las partes, sean resueltas por un Comité de Expertos sin que se suspenda la ejecución.
También, he de recordar que en los procesos de contratación administrativa se pueden pactar cláusulas arbitrales para someter alguna diferencia patrimonial que surja entre las partes a través de ese método.
Las novedades en materia de contratación pública incorporadas en la nueva Ley General de Contratación Pública tienen como finalidad mejorar el proceso, en cuanto a la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en el proceso de contratación.
El sistema de contratación electrónica que se implementó, se espera que aumente el nivel de competencia y que contenga medidas estrictas para garantizar unas actividades de contratación éticas y transparentes.
En general, la Ley General de Contratación Pública y su centralización de compras públicas bajo un sistema digital unificado es un avance positivo que beneficiará a todas las partes implicadas en el proceso de contratación.
Sin lugar a duda, el mayor reto es que el Gobierno y el sector privado deberán trabajar juntos para garantizar que la ley se aplique eficazmente y un gran beneficio para las empresas, deben aprovechar las oportunidades que ofrece la ley y participar en los procesos de contratación.
Si usted no ha participado en una licitación o desconoce los cambios con la implementación de la nueva Ley General de Contratación Pública, les recomendamos buscar asesoría jurídica y evitar riesgos de participar sin conocer la materia.
Nuestra firma posee más de 35 años de experiencia en las áreas del derecho público, como es el caso de la contratación pública, y será un gusto conocerle y colaborarle con la licitación en la que desea participar.