El 30 de abril del 2024, Casa Presidencial y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunciaron la licitación para obras de la llamada Punta Sur en la nueva carretera a San Carlos. El monto de la contratación era por $355 millones.
Sin embargo, nuevamente ha quedado en pausa debido a múltiples alegatos contra los requisitos establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cinco empresas solicitaron la revisión del cartel de licitación. Entre las solicitudes, se encuentra la de Constructora Meco, quién solicitó una ampliación de 60 días para la presentación de ofertas. Esto debido a que el pliego de condiciones del proyecto exige la realización de estudios preliminares que deben realizarse con tiempo para lograr cumplir los requisitos.
Con estas solicitudes, la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, a través de Mario Campos Vega, anunció la suspensión temporal del plazo para la presentación y apertura de ofertas hasta que la Contraloría emita una resolución sobre las objeciones.
Campos Vega explicó que, una vez resueltas las objeciones, se informará a los interesados sobre la nueva fecha para la presentación de ofertas mediante una enmienda al pliego de condiciones. Esta medida pretende asegurar que el proceso sea justo y transparente, permitiendo a las constructoras continuar trabajando en sus propuestas mientras se resuelve la situación.
Sumado a esto, el pasado 29 de abril, se dio a conocer el informe de la Contraloría General de la República, el cual reveló que el MOPT trasladó ¢3.000 millones, originalmente destinados para expropiaciones necesarias para la nueva carretera a San Carlos, al proyecto Ciudad Gobierno.
Según el informe de la Contraloría, el Poder Ejecutivo realizó esta modificación presupuestaria mediante un decreto ejecutivo en julio de 2023, reduciendo la asignación de ¢8.232 millones a ¢5.232 millones para la adquisición de terrenos de la Ruta Nacional 35. Esta redistribución de recursos ha generado críticas tanto de legisladores como de otras instituciones, quienes argumentan que se está "desvistiendo un santo para vestir otro" sin una planificación adecuada.
El sueño de una carretera que conecte a San Carlos con el resto del país se remonta a décadas atrás. En 2005, se dieron los primeros pasos concretos cuando se iniciaron las obras gracias a un financiamiento del Gobierno de Taiwán. Sin embargo, esta primera iniciativa se vio truncada en 2008, cuando la constructora taiwanesa encargada del proyecto se retiró tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Posteriormente, en 2018, el entonces Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, rescindió el contrato con la empresa Sánchez Carvajal debido a múltiples retrasos. En ese momento, la carretera había alcanzado solo un 60% de avance, a pesar de haberse invertido $184 millones.
En un esfuerzo por retomar el proyecto, el 10 de enero de 2023, el MOPT suscribió un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $355 millones. Este financiamiento estaba destinado a la construcción de los tres tramos faltantes de la carretera a San Carlos, así como de la sección Sucre-La Abundancia de la ruta 700.
A pesar de los repetidos intentos, la construcción de la carretera a San Carlos sigue siendo una lucha persistente. Los desafíos técnicos, administrativos y logísticos, sumados a la falta de credibilidad, la incertidumbre sobre los plazos y falta de presupuestos, han prolongado la espera de los sancarleños por una vía que prometía facilitar la conectividad y el desarrollo de la región.
Mientras el Gobierno continúa asegurando su compromiso con el proyecto, los residentes de San Carlos y los expertos en construcción mantienen un escepticismo justificado. Solo el tiempo dirá si esta nueva etapa logrará superar los obstáculos del pasado y concretar, finalmente, la tan anhelada carretera a San Carlos.
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