La garantía de cumplimiento es un pilar fundamental en la administración de contratos públicos, concebida para garantizar que los contratistas cumplan con las obligaciones establecidas en los contratos y proteger los recursos del Estado en caso de incumplimiento. En Costa Rica, la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y su Reglamento (RLGCP) proporcionan el marco normativo para la implementación de esta garantía. Este artículo examina en profundidad la normativa aplicable, evaluando cómo se implementa en la práctica y señalando áreas que podrían beneficiarse de mejoras. La importancia de este estudio radica en la necesidad de asegurar la eficiencia y transparencia en los procesos de contratación pública.
Indice
Marco legal y normativo de la garantía de cumplimiento
Aplicación de la Garantía de Cumplimiento en Diferentes Modalidades de Licitación
Procedimiento para la ejecución de la Garantía de Cumplimiento
La LGCP, en su artículo 44, establece los principios fundamentales para la garantía de cumplimiento. Esta ley define la exigencia de la garantía para contratos derivados de licitaciones mayores y menores, con un porcentaje que varía entre el 5% y el 10% del monto adjudicado, dependiendo de lo especificado en el pliego de condiciones. Si el pliego no define este porcentaje, se establece automáticamente en el 5%. Este marco busca equilibrar la protección de los intereses públicos con la capacidad financiera de los contratistas.
La garantía de cumplimiento se requerirá en el remate y en la subasta inversa electrónica, según lo establecido en los artículos 64 y 65 de la citada ley. Será facultativa la obligación de exigir garantía de cumplimiento para aquellas contrataciones efectuadas con pymes derivadas del procedimiento de licitación menor que no alcancen el diez por ciento (10%) del umbral de este para obras, bienes y servicios, según el umbral de la institución que promueva la licitación.
En caso de contratos de cuantía inestimable en el pliego de condiciones, necesariamente deberá establecerse una suma específica que garantice la debida ejecución contractual.
El artículo 45 de la LGCP aborda el procedimiento para la ejecución de la garantía, estipulando que antes de ejecutar la garantía, se debe dar audiencia al contratista para permitirle presentar pruebas de descargo. Esta disposición busca garantizar que el contratista tenga la oportunidad de defenderse antes de la ejecución de la garantía.
El RLGCP complementa y detalla las disposiciones de la LGCP, con un enfoque en la práctica y la operatividad de la garantía de cumplimiento. El artículo 110 del RLGCP refuerza las reglas establecidas en la LGCP, describiendo en detalle los procedimientos y requisitos para la garantía en diferentes tipos de licitación. Además, se abordan aspectos específicos como la vigencia de la garantía y su sustitución.
El Artículo 111 especifica la forma de rendir la garantía de cumplimiento, estableciendo que debe hacerse electrónicamente a través del sistema digital unificado. Esta disposición busca modernizar y agilizar el proceso de rendición de garantías, facilitando su gestión y seguimiento.
El RLGCP también detalla los requisitos para la garantía, incluyendo la posibilidad de que las garantías sean extendidas por bancos internacionales de primer orden, siempre que cumplan con la legislación costarricense. El Artículo 112 aborda la sustitución de garantías y retenciones, permitiendo que los contratistas sustituyan garantías en cualquier momento, siempre que no desmejore los términos originales. Esta flexibilidad es crucial para manejar situaciones en las que la garantía original se vuelve inadecuada o insuficiente.
También te podría interesar: El principio de conservación del acto administrativo
La garantía de cumplimiento es obligatoria para los contratos derivados de licitaciones mayores y menores. La normativa establece un rango de entre el 5% y el 10% del monto adjudicado, ofreciendo flexibilidad en función de la naturaleza del contrato y los riesgos asociados. Este enfoque permite ajustar la garantía a las características específicas de cada contrato, equilibrando la protección de la Administración con la capacidad económica del contratista.
En el caso de las licitaciones reducidas, la exigencia de la garantía es facultativa y debe ser claramente especificada en el pliego de condiciones. Esto permite una mayor flexibilidad y adaptación a las características particulares de estos procedimientos, que suelen ser menos complejos y con montos menores.
Para contratos de cuantía inestimable, la normativa requiere que el pliego de condiciones establezca una suma específica que garantice la correcta ejecución del contrato. Dado que los contratos de cuantía inestimable no permiten calcular un porcentaje fijo, esta disposición asegura que se defina una garantía adecuada a la magnitud del contrato.
Lee también: Contratación pública: la razonabilidad del precio
El artículo 45 de la LGCP detalla el procedimiento que debe seguirse antes de ejecutar la garantía. La Administración debe notificar al contratista y darle un plazo de cinco días hábiles para presentar pruebas de descargo. Este procedimiento garantiza que el contratista tenga la oportunidad de defenderse antes de que se ejecute la garantía, promoviendo la equidad y la justicia en el proceso.
El RLGCP establece que las garantías pueden ser sustituidas en cualquier momento, siempre que la nueva garantía no desmejore los términos de la original. También se detalla el proceso para la devolución de garantías, que debe realizarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción definitiva del objeto contractual. Estas disposiciones buscan garantizar que los recursos sean liberados de manera oportuna una vez que se haya cumplido con el contrato.
La ejecución de la garantía puede afectar la continuidad del contrato. La normativa establece que, a pesar de la ejecución de la garantía, el contrato debe seguir ejecutándose hasta su finalización. En caso de que se ejecute la garantía y queden prestaciones pendientes, la Administración debe tomar medidas para garantizar que
se presente una nueva garantía adecuada, evitando interrupciones en la ejecución del contrato.
Conclusiones
La garantía de cumplimiento es un componente clave en la contratación pública en Costa Rica, diseñado para proteger los intereses del Estado y asegurar la correcta ejecución de los contratos. Aunque la normativa vigente proporciona un marco sólido, existen áreas que podrían beneficiarse de mejoras. La simplificación de procedimientos, la clarificación de algunos aspectos regulatorios y la adaptación a nuevas tecnologías son pasos cruciales para optimizar la gestión de la garantía de cumplimiento. Implementar estas recomendaciones puede fortalecer el sistema de contratación pública, promoviendo una mayor eficiencia y confianza en los procesos contractuales.
Si desea conocer más sobre la Contratacion Administrativa en Costa Rica puede seguirnos en nuestras redes sociales. También puede suscribirse a nuestro Newsletter y recibir nuestras últimas noticias y artículos de primera mano.