En Costa Rica, la contratación pública es un proceso vital que implica la adquisición de bienes, servicios y obras por entidades del Sector Público. Para garantizar la transparencia, eficiencia y legalidad en estos procesos, existen órganos de control y fiscalización con competencias específicas. En este artículo, se analizarán las funciones de la Autoridad de Contratación Pública, la Dirección de Contratación Pública y la Contraloría General de la República en relación con el control de la contratación pública en Costa Rica. Además, se detallará el procedimiento administrativo ante la Contraloría General de la República en el contexto de la contratación pública.
Índice
Autoridad de Contratación Pública
Dirección de Contratación Pública
Contraloría General de la República
Autoridad de Contratación Pública
La Autoridad de Contratación Pública en Costa Rica es el órgano rector exclusivo en materia de contratación para toda la Administración Pública. Según lo establecido en la normativa vigente, la Autoridad de Contratación Pública tiene competencias clave que incluyen:
Aprobar el Plan Nacional de Compra Pública, el cual busca generar eficiencia en la contratación pública, con altos estándares de calidad, probidad, transparencia y satisfacción del interés público.
Aprobar propuestas de mejoras regulatorias y simplificación de trámites en contratación pública.
Emitir lineamientos para promover el actuar ético e íntegro de los sujetos distintos a la Administración involucrados en los procesos de contratación pública.
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Dirección de Contratación Pública
La Dirección de Contratación Pública, como órgano ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública, asume diversas funciones asignadas por la normativa correspondiente. Entre las competencias de la Dirección de Contratación Pública se encuentran:
- Elaboración y propuesta del Plan Nacional de Compras Públicas y sus ajustes.
- Gestión de la profesionalización de funcionarios y acreditación de unidades de compra.
- Administración del sistema digital unificado, catálogo electrónico de bienes y registro de proveedores.
- Implementación de controles en los procedimientos de compra pública consolidada.
- Ejecución de acuerdos adoptados por la Autoridad de Contratación Pública.
Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República en Costa Rica es el órgano rector del control y fiscalización superior de la Hacienda Pública. En el contexto de la contratación pública, el procedimiento administrativo ante la Contraloría General de la República implica:
- Presentación de recursos de apelación u objeción ante la Contraloría en caso de desacuerdo con decisiones o actuaciones en procesos de contratación pública.
- Atención y respuesta a consultas o requerimientos realizados por la Contraloría en relación con procesos de contratación.
- Cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos por la Contraloría para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública.
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El Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República establece las normas y procedimientos que regulan el control y fiscalización de la contratación administrativa en Costa Rica. La Contraloría General de la República, como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, tiene la responsabilidad de vigilar la Hacienda Pública con independencia funcional y administrativa. En este contexto, el Reglamento establece que la Contraloría tiene la potestad exclusiva para dictar reglamentos autónomos en materia de organización y servicio, en concordancia con su competencia constitucional y legal.
El Reglamento también contempla la potestad anulatoria de la Contraloría General de la República para declarar la nulidad absoluta de actos o contratos administrativos en casos evidentes de incumplimiento normativo. Asimismo, se le otorga la facultad de recomendar la aplicación de sanciones a servidores públicos que infrinjan las normas de control y fiscalización o que lesionen la Hacienda Pública. La Contraloría también puede declarar la responsabilidad civil en caso de daños a los fondos de los sujetos pasivos.
En relación con la contratación pública, el Reglamento establece que la Contraloría General de la República tiene la potestad de reglamentar los procedimientos que deban aplicarse en casos que requieran oportunidad de audiencia y defensa para los afectados, así como en situaciones que puedan causar lesiones graves a derechos o intereses legítimos. Además, se destaca la importancia del control interno en la gestión contractual, indicando que el refrendo de los contratos por parte de la Contraloría no exime a la Administración del cumplimiento de sus obligaciones relativas al sistema de control interno.
En cuanto al refrendo de los contratos administrativos, se establece que es un requisito de eficacia para los contratos, no constituyendo un medio para anular indirectamente los actos de adjudicación o los contratos. La Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de verificar la conformidad del contrato con la normativa vigente, sin intervenir en disputas entre las partes ni ejercer funciones de auditoría.
En resumen, el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República en Costa Rica establece las normas y procedimientos para garantizar la legalidad, transparencia y eficacia en los procesos de contratación administrativa. La Contraloría tiene competencias específicas para controlar y fiscalizar los actos y contratos administrativos, asegurando el adecuado uso de los recursos públicos y la protección de los intereses del Estado.
Conclusiones
En conclusión, los órganos de control y fiscalización de la contratación pública en Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la promoción de la transparencia, eficiencia y legalidad en los procesos de contratación del Sector Público. La Autoridad de Contratación Pública, la Dirección de Contratación Pública y la Contraloría General de la República cuentan con competencias específicas que buscan fortalecer el marco legal e institucional de la contratación pública en el país. Además, el procedimiento administrativo ante la Contraloría General de la República garantiza la supervisión y el control adecuado de los procesos de contratación para prevenir actos de corrupción y asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.
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Lic. Andrés Umaña L
