La contratación pública estratégica va más allá de la simple adquisición de bienes y servicios, y se enfoca en utilizar el poder adquisitivo del Estado para alcanzar objetivos sociales, económicos y ambientales. En este contexto, el apoyo a las PYMES se convierte en una herramienta clave para fomentar la inclusión, la generación de empleo y la distribución equitativa de las oportunidades.
La Ley General de Contratación Pública (Contratacion Administrativa) introduce diversas medidas para facilitar la participación de las PYMES en los procesos de contratación. Una de ellas es la posibilidad de dividir las contrataciones en lotes más pequeños, lo que permite a las PYMES competir en igualdad de condiciones con empresas de mayor tamaño. Además, se promueve la conformación de consorcios entre PYMES, lo que les permite unir fuerzas y superar posibles debilidades individuales al momento de presentar ofertas.
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Otro aspecto crucial para las PYMES es el pago oportuno por parte de la administración pública. La ley establece un plazo máximo de 30 días para realizar los pagos, y prevé penalizaciones en caso de incumplimiento. Este punto es especialmente relevante, ya que las PYMES suelen tener menor capacidad financiera y dependen en gran medida de un flujo de caja constante para mantener sus operaciones.
Por ello, la Ley General de Contratación Pública busca fortalecer la participación de las PYMES en la contratación estatal, reconociendo su importancia para el desarrollo económico y social del país. Con medidas como la división en lotes, la promoción de consorcios y el pago oportuno, se crea un entorno más favorable para que las PYMES puedan competir y crecer, generando así empleo y distribuyendo oportunidades de manera equitativa. Sin embargo, para que estas disposiciones surtan efecto, es esencial una aplicación rigurosa y un compromiso real por parte de la administración pública. Esto implica establecer mecanismos de seguimiento y control que garanticen la efectividad de las políticas destinadas a apoyar este sector vital de la economía nacional.
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Lic. Juan Carlos Castro
