La contratación pública juega un rol vital en la administración pública, siendo un canal a través del cual el Estado adquiere bienes, servicios y obras esenciales para su funcionamiento. Debido a su importancia y al volumen de recursos económicos involucrados, es fundamental que estos procesos se regulen bajo estrictos principios de transparencia, competencia justa y responsabilidad. No obstante, la naturaleza compleja de las relaciones entre el sector público y privado ha hecho necesario el establecimiento de un marco legal que impida la existencia de conflictos de interés y posibles actos de corrupción.
Los artículos 24 al 30 de la Ley General de Contratación Pública delinean un sistema integral de prohibiciones y limitaciones para los servidores públicos y para las entidades que participan en estos procesos. Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de dichas disposiciones, complementando con casos prácticos que demuestran cómo estos principios se aplican en escenarios reales. El objetivo es brindar una visión más completa sobre la importancia y la implementación de estas normativas en el contexto de la contratación pública.
Índice
Ámbito de aplicación y prohibiciones en la contratación pública
Responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos
Declaración jurada y régimen de desafectación
Ámbito de aplicación y prohibiciones en la contratación pública
Artículo 24: Extensión de la prohibición a lo largo del procedimiento
El artículo 24 de la ley establece que la prohibición para participar en procedimientos de contratación pública abarca desde la definición del objeto contractual hasta la fase de ejecución. Esto implica que cualquier infracción o causal de exclusión detectada en cualquiera de estas fases es suficiente para descalificar a los involucrados.
Caso práctico
Una empresa que participa en una licitación para construir una obra pública comienza el proceso con todos los requisitos legales en orden. Sin embargo, durante la fase de ejecución del contrato, se descubre que el gerente de la empresa es familiar directo de un alto funcionario del ente contratante. En virtud del artículo 24, la empresa debe ser excluida del procedimiento, aunque el conflicto de interés se haya descubierto tardíamente. Esto asegura que las normas de transparencia y equidad se apliquen a lo largo de todo el ciclo de contratación.
Artículo 25: Participación de los servidores públicos
El artículo 25 regula la participación de los servidores públicos en los procedimientos de contratación, estableciendo la diferencia entre participación directa e indirecta. Los servidores que tienen facultades para decidir, opinar o asesorar en cualquier fase del proceso son considerados partícipes directos. Además, se extiende la prohibición a aquellos que, de forma indirecta, influyen en el proceso mediante interpósitas personas.
Caso práctico
Un funcionario de un ministerio participa en la elaboración de un pliego de condiciones para la adquisición de equipo informático. Posteriormente, se descubre que la empresa ganadora está representada por un amigo cercano del funcionario, con quien había tenido relaciones comerciales en el pasado. A pesar de que el funcionario no participa directamente en la adjudicación, su influencia indirecta a través de relaciones anteriores invalida el proceso. Según el artículo 25, este tipo de participación indirecta constituye una infracción y debe ser sancionada.
Artículo 26: Prohibición sobreviniente
Este artículo aborda las situaciones en las que la causal de prohibición aparece después de la decisión inicial del proceso de contratación, pero antes de la adjudicación. En estos casos, la oferta afectada no puede ser adjudicada, y si el contratista ya ha sido adjudicado, debe informar a la Administración para que se tomen medidas correctivas.
Caso práctico
Una empresa gana la licitación para suministrar insumos médicos a un hospital público. No obstante, antes de firmarse el contrato, se revela que la empresa ha sido recientemente adquirida por un grupo empresarial dirigido por el hermano del director del hospital. Esto constituye una prohibición sobreviniente según el artículo 26. El contrato no puede ser adjudicado, y la oferta es automáticamente descalificada.
También te podría interesar: Decisión inicial y contenido presupuestario en Contratación Pública
Responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos
Artículo 27: Deber de abstención
El artículo 27 impone la obligación de abstenerse de participar en decisiones donde existan posibles conflictos de interés. Esta obligación no solo incluye al servidor público, sino también a su cónyuge, compañeros en unión de hecho, familiares y personas con las que mantengan relaciones laborales o comerciales.
Caso práctico
El alcalde de un municipio está involucrado en la decisión de adjudicar un contrato para la construcción de una nueva carretera. Sin embargo, uno de los oferentes es una empresa en la que el sobrino del alcalde es miembro de la junta directiva. Aunque el alcalde no tiene una relación directa con la empresa, el vínculo familiar genera un conflicto de interés evidente. Según el artículo 27, el alcalde debe abstenerse de participar en cualquier decisión sobre el contrato, y en caso de duda, optar por la abstención.
Artículo 28: Alcance de la prohibición
Este artículo amplía el espectro de personas prohibidas de participar en los procesos de contratación pública. Además de altos cargos como el presidente, ministros, diputados y magistrados, se extiende la prohibición a servidores públicos que trabajan en la misma entidad que promueve la contratación, así como a sus familiares y socios comerciales.
Caso práctico
Un viceministro de transporte posee acciones en una empresa constructora que está interesada en participar en una licitación pública para construir puentes en el país. A pesar de que el viceministro no ejerce un rol operativo en la empresa, su participación accionarial lo coloca dentro de los sujetos prohibidos según el artículo 28. La empresa no puede participar en el procedimiento de contratación debido a este vínculo, ya que ello vulneraría la imparcialidad del proceso.
Lee también: Garantía de cumplimiento en la Contratación Pública en Costa Rica
Declaración jurada y régimen de desafectación
Artículo 29: Declaración jurada
Todo interesado en participar en un procedimiento de contratación pública debe rendir una declaración jurada en la que manifieste no estar sujeto a ninguna de las causales de prohibición. Este requisito busca asegurar que los oferentes actúen bajo los principios de honestidad y transparencia.
Caso práctico
Una empresa presenta su oferta para la construcción de una escuela, incluyendo la declaración jurada de que no tiene vínculos prohibidos según la ley. Sin embargo, en una investigación posterior, se descubre que uno de sus directivos tiene lazos familiares con un funcionario público responsable de la fiscalización de la obra. Esto configura una falsedad en la declaración jurada, y la empresa se enfrenta a sanciones, incluido el delito de perjurio regulado en el Código Penal.
Artículo 30: Desafectación de la prohibición
El artículo 30 permite que las personas o entidades inicialmente prohibidas de participar en la contratación pública puedan hacerlo si se cumplen ciertas condiciones. Entre estas, se incluye que la actividad comercial haya sido desarrollada al menos 18 meses antes del nombramiento del funcionario que origina la prohibición.
Caso práctico
Una firma de consultoría, cuyos socios incluyen a un exministro, desea participar en una licitación pública. Sin embargo, el exministro había dejado su cargo solo seis meses antes de la convocatoria. Bajo las disposiciones del artículo 30, esta firma estaría prohibida de participar hasta que transcurra el tiempo estipulado de seis meses desde la salida del exfuncionario, por lo que deberá esperar el cumplimiento de este periodo antes de poder ofertar.
Conclusiones
El análisis de los artículos 24 al 30 de la Ley General de Contratación Pública subraya la importancia de un marco regulatorio riguroso en los procesos de contratación pública. La ley establece un conjunto de prohibiciones y obligaciones diseñadas para prevenir el abuso de poder, los conflictos de interés y la corrupción en todas sus formas. Además, la implementación de mecanismos como la prohibición sobreviniente y la declaración jurada demuestra un enfoque preventivo que refuerza la transparencia y la equidad en estos procesos.
Los casos prácticos presentados revelan la aplicabilidad de estas normativas en diversas situaciones reales, destacando la importancia de que tanto los servidores públicos como las entidades privadas comprendan y respeten estas restricciones. Sin embargo, el éxito de la ley depende en gran medida de su correcta fiscalización y de la voluntad política para aplicarla sin excepciones.
Recomendaciones
1. Fortalecer los mecanismos de supervisión: Es fundamental establecer un sistema robusto de auditoría y control que permita detectar y sancionar rápidamente cualquier incumplimiento de las prohibiciones legales.
2. Capacitar a los funcionarios públicos: Los servidores involucrados en procesos de contratación deben recibir formación periódica en temas de ética, transparencia y manejo de conflictos de interés.
3. Promover la participación ciudadana: El acceso público al Registro de Proveedores y las declaraciones juradas debe estar disponible para que los ciudadanos puedan monitorear y denunciar posibles irregularidades.
4. Optimizar el proceso de desafectación: Se debe evaluar si el régimen de desafectación cumple con los principios de flexibilidad y equidad, sin comprometer la transparencia.
Si desea conocer más sobre la Contratacion Administrativa en Costa Rica puede seguirnos en nuestras redes sociales. También puede suscribirse a nuestro Newsletter y recibir nuestras últimas noticias y artículos de primera mano.
Lic. Andrés Umaña L
